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Este viernes la Contraloría General lanzó una alerta sobre lo que podría pasar en Colombia por el vacío institucional que hay en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que, grosso modo, no cuenta con las personas suficientes en su dirección para tomar las decisiones que requiere el sector energético.
La situación se hace más crítica si se tiene en cuenta que oficialmente ya inició el fenómeno de El Niño en Colombia, lo que significa un reto para el sector energético dada la alta dependencia que se tiene del nivel de los embalses para la producción de las hidroeléctricas. En tiempos de sequía se necesitan planes de contingencia y no hay quien diseñe y apruebe esas estrategias.
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Para la Contraloría es importante que se complete el nombramiento de los seis comisionados de la CREG (los cuales son asignados por el presidente de la República y por un periodo de cuatro años). La urgencia radica en que estos tienen la facultad de manifestar una autonomía, tomando decisiones con base en sus conocimientos y experiencias, siendo estas independientes del Gobierno.
“Según lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994, la CREG tiene a su cargo la competencia para determinar las variables que establecen las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas natural y GLP. Uno de los hechos que prende las alarmas sobre la situación de la comisión CREG - y hace evidente esta crisis, es que ya perdió vigencia la Resolución CREG 101031 de 2022 sobre “tarifas justas”, que no era otra cosa que el aplazamiento del cobro a los usuarios de las tarifas reales y, por lo tanto, posteriores estudios tarifarios como la Resolución 701023 de 2023, que consultaba acerca de cómo diferir la opción tarifaria en el tiempo, la cual minimizaba el riesgo de “Apagón Financiero”, no puede ser estudiada ni analizada, ni se pueden tomar decisiones con validez al no estar integrada debidamente la CREG”, detalló la Contraloría.
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Si la capacidad actual de la CREG de realizar este tipo de ajustes tarifarios, se prevé que el costo de la energía eléctrica en el país pueda subir más de un 15 %, especialmente en la costa Caribe. “Esta afectación puede volverse incontrolada ya que se pueden incrementar los subsidios a entregar a los estratos 1,2 y 3 a través del FSSRI, situación al parecer imprevista en el Presupuesto General de la Nación (PGN). Es preciso indicar que, al no tener claras estas cuentas, no se observa cómo los prestadores del servicio van a recuperar estos saldos y si se va a materializar la limitación de suministro por insuficiencia financiera de los agentes del mercado de energía. “, concluye.
En suma, y según la Contraloría, una familia que paga $150.000 en energía podría llegar a pagar $22.500 más, sin tener en cuenta qué tan duro termine golpeando El Niño en Colombia.
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