Los precios de los combustibles tienen que subir. Esa es la premisa que ha sostenido el Gobierno de cara al billonario déficit que presenta el Fondo para la Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC), el cual no solo ha dejado de ser sostenible, sino que amenaza la salud de las finanzas del país.
Hay que recordar que este fondo se creó para blindar a los consumidores de las alzas que registra el petróleo en el mercado internacional. Durante años el Estado estuvo asumiendo esos incrementos, hasta que la insostenibilidad del mismo hizo necesario comenzar a ajustar los precios de los combustibles, iniciando con la gasolina.
Cifras manejadas por el Ministerio de Hacienda dan cuenta de que el déficit histórico del fondo ya ha superado los $103,9 billones, dineros que se han ido pagando y de los cuales, para la vigencia de este año, quedarían pendientes $21,4 billones. Se estima que para 2024, si continúa el alza de la gasolina pero se deja quieto el precio del ACPM, este llegará a los $10,5 billones (cerca de la mitad de lo que se busca recaudar con la reforma tributaria en un año).
En suma, las cuentas no dan y se necesita que estos costos sean trasladados a los consumidores para ponerle fin al hueco fiscal.
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El problema, reconoce el gobierno y señalan diversos gremios y transportadores, es que esta alza implicará una presión inflacionaria en un tiempo en donde ya todo está caro.
Si bien los alimentos han mostrado una desaceleración en su precio promedio en los últimos meses, subirle al combustible de los vehículos que los transportan, así como a los peajes, es un precio que terminará reflejándose en su valor final.
En entrevista con El Espectador el presidente de la Cámara Intergremial del Transporte, Alfonso Medrano, aseguró que disponen de técnicos que han evaluado la fórmula con la que se calcula el precio del combustible, y asegura que a esta se le pueden hacer ajustes para que el ACPM no suba, o suba muy poco.
Sin embargo, aunque las cuentas le dan, considera que el factor político implicará complejidades en el acuerdo con el Gobierno, pues este tendría que renunciar a los ingresos que les representaba el alza en los combustibles. Pero considera que es lo justo, teniendo en cuenta que Colombia es un país productor y que cuenta con refinerías para la producción de estos derivados.
Ese precisamente será el intercambio que tendrán con el gobierno en las próximas semanas. El 22 de noviembre se reunirán nuevamente con los ministros para exponer su propuesta, con los detalles técnicos que la acompañan. De ahí en adelante quedarán cuatro reuniones más (una cada cada ocho días), en donde se evaluarán todas las propuestas y, hacia mediados de diciembre, el país conocerá el futuro que tendrá el precio del ACPM en el país.
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El tema de los peajes también se ha sumado a la discusión, pues el Ministerio de Transporte informó que en diciembre se descongelará el aumento que cada año tienen estos puntos de recaudo (el cual se calcula con la inflación causada en el año anterior). El problema es que en enero habrá otro incremento, por lo que en 2024 se terminarán sumando los dos.
Para Medrano no es justo que por un “error” que cometió el Gobierno, al instaurar esta medida en la que ellos no fueron consultados, se termine pagando. Su propuesta es que el congelamiento abarque todo el año, de manera que en enero se registre el incremento, pero solo con la inflación causada en 2023.
El sector transporte enfrenta una serie de desafíos económicos en los que busca un equilibrio con el Gobierno para mitigar las alzas que se vienen en el costo de su operación en los próximos meses. Lo cierto es que para el Gobierno no resulta financieramente responsable mantener un fondo y beneficios que han demostrado ser insostenibles. Estando la disparada inflación en medio de esta ecuación, el reto está en encontrar soluciones en las que todos ponen para que todos ganen.
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