Esta semana se conocieron los apartados del borrador de un proyecto de ley que presentaría la Superintendencia de Transporte. El contenido del documento generó polémica, a tal punto que se registraron bloqueos en Bogotá el pasado lunes.
En su momento, José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, aseguró que este proyecto “acabaría con la operación de las plataformas de movilidad”, teniendo en cuenta que el documento incluía bloqueo de las aplicaciones, inmovilización de vehículos de uno a tres meses y multas por más de $10 millones para los usuarios.
Ante la situación, el Gobierno citó a una reunión con representantes de las plataformas. Aquí les contamos qué temas se discutieron y cuáles son los compromisos.
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“No se van a prohibir”
El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que han trabajado desde noviembre en una reforma al régimen sancionatorio del sistema de transporte y que uno de los capítulos está dedicado a la “informalidad e ilegalidad”, pero que el objetivo no es acabar con las plataformas, como se ha dicho, sino regular.
“En nuestro proyecto nunca se prohíben las plataformas en el servicio de transporte, quien diga lo contrario, miente. Dijimos que impondríamos sanciones a quienes no presten el servicio de transporte en el marco de las leyes”.
La superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina, afirmó que hasta ahora hay un borrador, que el proyecto sigue en construcción y que el Gobierno pretende incluir a todos los actores en el proceso. “Nunca hemos pretendido prohibir las plataformas, por el contrario, queremos reconocer que hacen parte del ecosistema del transporte de pasajeros, que son una herramienta (...). No solo pretendemos reconocer su existencia, también deben ser sujetos de vigilancia y control”.
Ospina sostiene que se han reunido para explicar el proyecto con distintos sectores y que quieren escuchar a conductores y representantes de aplicaciones para lograr la formalización.
Las plataformas de movilidad y la reforma laboral
La Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, recordó que en Colombia la informalidad es muy alta (57 %, según los últimos datos entregados por el Dane) de ahí que el Gobierno busca trabajar en estrategias para avanzar en la formalización y que los trabajadores y trabajadoras cuenten con garantías.
“Llevamos 70 años con una normatividad que no ha sido ajustada a la realidad laboral”. En su intervención, explicó que la reforma laboral también tendrá en cuenta a quienes trabajan en estas “apps”, entre otras cosas porque seguirán tomando protagonismo. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el número de plataformas ha aumentado considerablemente después de la pandemia, pasando de 442 plataformas a más de 700, lo que implica un reto para los estados.
En el debate internacional en torno a las aplicaciones digitales, recordó la ministra, hay varios puntos en consideración, dudas sobre cuál es el estatus laboral, cómo mejorar las condiciones de trabajo e incluso la protección de los datos personales. “El Ministerio del Trabajo está abordando la regulación laboral, pero queremos dejar sobre la mesa los otros debates. Si no regulamos tendremos este caso cada semana”.
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La ministra asegura que la pregunta por el estatus laboral ya se contempla en la reforma laboral: “habrá un salto para avanzar en seguridad social”.
A su turno, Sandra Urrutia, ministra de las TIC, dijo que habrá articulación para lograr que Colombia cuente con un marco jurídico claro, que tenga en cuenta la realidad del trabajo y su relación con la tecnología.
Las solicitudes
López, director de Alianza In, asegura que las plataformas reciben con “beneplácito” la noticia de que el Gobierno no presentará ningún proyecto sin antes concertar. “El camino es regular y no prohibir”. Más de 100.000 familias generan ingresos con estas plataformas y más de 8 millones de ciudadanos se movilizan en ellas.
“No queremos que la Policía nos siga persiguiendo”, aseguró uno de los representantes de los conductores. Quienes trabajan en las plataformas de movilidad le piden al Gobierno garantías para trabajar sin tener que esconderse y preguntan cómo van a acogerse a las normas si actualmente no existe ninguna que les permita trabajar en plataformas legalmente. Otros representantes pusieron sobre la mesa las ventajas que traería la formalización para la economía colombiana.
Samai Camacho, de ConduApp, pidió que el Gobierno cumpla con la promesa de incluir a los conductores y conductoras en este proceso y señaló que trabajar en plataformas es una opción para muchas mujeres que necesitan tiempo para dedicarse a otras labores, como las de cuidado.
La conclusión
“Irresponsable que gobiernos anteriores y el Congreso no hayan atendido un tema tan importante como este”, dijo el ministro Reyes. Además, afirmó que espera que en el primer semestre del año pueda haber avances para que las personas que puedan salir a trabajar “sin temor a que les inmovilicen los vehículos”.
Al finalizar, la cartera se comprometió con varios puntos.
- Continuará la socialización y concertación del anteproyecto de ley de Régimen Sancionatorio de Transporte y este solo se presentará en el Congreso de la República cuando haya consenso con todos los actores. Para ello, se realizarán audiencias en diversas regiones del país.
- El Ministerio de Transporte impulsará la Mesa Nacional con el gremio de servicio de transporte individual tipo taxi, “para que en un término de máximo dos meses, se construyan los ajustes a la política pública que fortalezca sus condiciones actuales”.
- El Ministerio de Transporte, acompañado de los Ministerios de Trabajo y de las TIC, iniciará una mesa para construir una política pública sobre el uso de las plataformas en el transporte, en los que participarán representantes de todos los actores (directos e indirectos).
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