“Aún importamos 12 millones de toneladas de comida”: MinAgricultura

Aurelio Iragorri, después de tres años de gestión, dejará el Ministerio de Agricultura en los próximos días. En diálogo con este diario se refirió a varios de los puntos que tienen en vilo y a la expectativa al sector, como la sobreoferta arrocera y la próxima ley de tierras. Sostuvo que está “listo” para dirigir el Partido de la U, si la colectividad en su asamblea así lo decide.

¿Se queda o se va?

Mi renuncia fue aceptada por el señor presidente. Falta la fecha. Acordamos, y le agradezco a él que me haya dado esa oportunidad, que tenemos que superar el tema de la aftosa. El brote está concluido hace más de dos semanas. Estoy esperando a que él me diga qué día se hará efectiva la aceptación de la renuncia. Así que me voy para la casa. Estoy resolviendo el tema de los arroceros, pero eso no es una disculpa adicional, el presidente aceptó la renuncia, lo hizo público y en eso estamos.

El plan “Colombia siembra” nació con el ánimo de sustituir importaciones. ¿Hasta qué punto se logró eso?

Cuando uno tiene 53 años de abandono del campo por las distintas dificultades de la guerra, cambiar eso en dos o tres años es imposible. El país en los últimos 25 años ha sembrado poquito más de 600.000 hectáreas. Estamos en más de 400.000 hectáreas por año. Pasamos a sembrar 1’059.000 hectáreas de los productos que queríamos, en dos años y medio. El objetivo era, entre otras, estabilizar los precios de los alimentos que el año pasado estaban en exceso caros. El fenómeno de inflación que se dio en gran medida fue por alimentos. Llevamos a decrecimiento de los datos de inflación del año anterior. Logramos que se produjeran en el país poco más de 32 millones de toneladas de comida, pero seguimos importando 12 millones de toneladas. Sustitución de importaciones se presentó en algunos casos: dejamos de importar carne de cerdo y de cordero. Nos volvimos autosuficientes en el 97 % en el tema pecuario y somos autosuficientes apenas en el 67 % en tema agrícola. Esa brecha si se iba a llenar a punta de 22.000 hectáreas por año, nos íbamos a demorar más de 3.000 años. ¿Qué fue lo más importante para el país? Arroz. Importábamos la mitad del arroz que consumimos. Una parte se importaba legalmente y 450.000 toneladas eran de contrabando. Hoy todo el arroz que consumimos se produce en Colombia. También nos volvimos autosuficientes en maíz para consumo humano. Nos falta que la industria deje de importar más de 4 millones de toneladas de maíz amarillo, que es para producir concentrados.

Pero, ¿somos competitivos?

Lo primero era sembrar, pero no es sólo producir, hay que ser competitivos en la producción. Tenemos todavía unas brechas sobre todo en productos que son commodities. Sin embargo, ya casi llegamos a un punto de equilibrio para ser competitivos y poder empezar a exportar, incluso, en el caso del arroz. El país no está preparado para el crecimiento que se presentó. Por ejemplo, Casanare se volvió en dos años el principal productor de arroz de Colombia. Era productor de petróleo, y los mayores productores de arroz eran Huila y Tolima. Pero hay unos puentes en lo que antes se llamaba la Nueva Colombia, que muchos los construyó el general Rojas Pinilla. El puente que se nos cayó el año pasado en la cosecha de arroz era un puente construido por Rojas Pinilla con una capacidad de 20 toneladas. Cada tractomula de arroz pesa entre 32 y 35 toneladas. Le metieron dos al tiempo y se cayó el puente. Dicen: “¿Para qué sembraron si no se puede comercializar?”. Sí se puede, las cadenas están. Lo que pasa es que están mal acostumbradas a importar todo o a importar demasiados productos. Y nosotros mal acostumbrados a que todo era subsidio. Hemos bajado en ese tema a unos niveles incluso por debajo del nivel promedio OCDE. Ellos sacan un promedio, que es, de cada 100 pesos que gana el productor, cuántos se los dio el gobierno. El promedio de los países OCDE es 17. Cuando llegué al Ministerio era 19, hoy es 16. Esto toma tiempo y se necesita trabajo no solo de esta cartera sino de otras. Por eso se llama desarrollo rural integral.

En la coyuntura actual con los arroceros, ¿qué recursos hay asegurados?

A pesar de 40 reuniones que hemos tenido tratando de buscar un acuerdo para el subsidio de almacenamiento, que ayuda a la industria a pagar el almacenamiento para que compre la cosecha, no fue posible llegar a un acuerdo entre molineros y productores. Por eso consideré que esa ayuda que se entregaba a través de la industria esta vez se diera directamente a los productores. Son $60.000 millones, más o menos $8.000 por carga, lo que les mejora un poco el precio tan bajo que tiene el mercado hoy. Con eso lograremos atender septiembre, octubre, noviembre, y junio también quedó, para poder cumplir con el acuerdo al que habíamos llegado para ese mes, el de $20.000 por carga. Pero no dirá así porque jurídicamente no puedo aprobar cosas retroactivas: queda como apoyo a la comercialización de los meses siguientes. Esos $60.000 millones ya están (dispuestos desde Ministerio de Hacienda). Salió una primera resolución con $17.000 millones, habrá otra de $20.000 millones más y así vamos a ir cubriendo. Esperamos que la industria por ningún motivo siga bajando el precio de compra, porque entonces tendría un efecto cero esos $8.000 que estamos gastando para apoyar a los arroceros, a quienes no podemos dejar quebrar, después del esfuerzo que hicieron por volver al país autosuficiente. Para Arauca hay un apoyo al transporte, por $1.500 millones. Los que sembraron en ese departamento, que no tienen dónde procesar el arroz y que les tocó venderlo en el Tolima, les vamos a pagar parte de ese flete.

Fedearroz dice que falta la cosecha de dos millones de toneladas. A $8.000 la carga, serían $120.000 millones en apoyo. Hay $60.000 millones, ¿qué pasa con la otra mitad?

La otra mitad fue la que les prometieron en una audiencia en el Congreso. Les dije que íbamos a buscar si de algún lado la podíamos sacar. Fuimos al Ministerio de Hacienda, tratamos de disminuir el monto de vivienda rural de 2017 para pasarlo a arroz y lamentablemente la ficha de inversión no permite que eso se haga. Tocaría sacar una ley. Así que los otros $60.000 millones este Ministerio no los tiene, porque entre 2014 que llegué y hoy tenemos el 70 % menos de presupuesto. Pero los compromisos son del 100 %. Vamos a cumplir lo que yo acordé, no lo que discutieron en el debate del Congreso, porque esos recursos hoy no existen.

¿Qué aliciente hay para la industria para que absorba la cosecha?

La libre competencia. Si bajan los precios de donde están cuando saqué la resolución no hay aliciente, hay intervención de la Superintendencia, que está revisando que eso no ocurra. La industria lamentablemente no pudo llegar a un acuerdo con los productores porque dicen que por la cantidad de arroz que hay los precios bajaron. Ojalá sea igual para el segundo semestre, cuando vamos a estar pendientes de la valoración de inventarios, porque lo que tampoco puede pasar es que compren estos inventarios baratos y en enero, que no hay arroz, le suban el precio y queden con los inventarios con mucho más valor, aunque hayan pagado mucha menos plata por ese arroz. Estaremos pendientes y monitorearemos para seguir apoyando al sector.

En cuanto a aftosa, ¿en qué resultaron las investigaciones y cómo va la recuperación del estatus sanitario?

El virus está concluido en Colombia. Quiere decir que no hemos tenido brotes adicionales, los que había (en Cúcuta, Tame, Yacopí, Tibacuy y Caparrapí) se controlaron. Ahora estas zonas quedan exentas de poder exportar carne por dos años. Esa es la forma de habilitar el resto del país. Lo que dice la OIE es que tienen que pasar 28 días sin que haya un brote adicional desde el día en que se sacrificó el último novillo para siquiera ir a la Organización a pedir la reactivación. Sin que se cumpla ese plazo, la reunión es la próxima semana en París, se hará la presentación de qué hizo Colombia para superar esta situación y la solicitud formal de que nos levanten la suspensión del estatus sanitario. Esperamos traer buenas noticias muy pronto.

Fedegán dice que eso no es tan rápido, que en Uruguay y Paraguay tardó 2 o 3 años. ¿Cuánto esperan que se demore recuperar el estatus?

Esto empezó en junio y ya vamos en agosto, esperemos que sea más rápido de lo que diga (José Félix) Lafaurie.

¿Qué va a pasar con la resolución de exportación de excedentes de leche que tanto desacuerdo ha generado?

Yo estoy impedido para el tema de precio de la leche, no firmo esa resolución, pero he solicitado que por ningún motivo sea expedida hasta que no se discuta en el Consejo Nacional Lácteo. La idea es que ese borrador venga (al Consejo) y el Gobierno escuche a los representantes del sector. Hay que buscar un punto de acuerdo a ver qué se expide o no se expide.

Sobre la licitación de la cuenta parafiscal, ¿por qué se frenó a última hora?

Cuando a uno le llegan 17 solicitudes de posibles proponentes que dicen que un posible proponente no se puede presentar y es un jugador tan importante como Fedegán, se ve en la obligación de consultar ante el Consejo de Estado para que diga si puede o no. Soy de la tesis de que sí, pero no me quiero equivocar, porque especialmente en este proceso uno no puede dar pie a que digan que se hace algo ilegalmente. Ya está radicado en el Consejo de Estado, esperamos qué dice, y una vez salga el concepto se reanuda el proceso, que está a uno o dos días de cerrarse. Se entregarían las propuestas y arranca el análisis técnico, financiero y jurídico.

¿Cuánto puede demorar ese concepto del Consejo de Estado?

Ayudando y empujando, dos semanas, es decir, mandando una comunicación e informando la importancia que tiene ese concepto. Esperamos que esté en dos semanas.

La consulta previa del proyecto de ley de tierras iba a arrancar en agosto. ¿En qué va eso?

Ahí se dio la noticia de mi salida. La capacidad de negociación de un ministro interino se limita sustancialmente. Sin embargo, el doctor (Miguel) Samper, que es el directo responsable, de la Agencia Nacional de Tierras, con el Ministerio ha venido haciendo la socialización del proyecto que debe terminar la próxima semana y entrar a consulta previa. Lo que se demore depende del Ministerio del Interior. Lo vamos a presentar al Congreso como proyecto de ley ordinario, teniendo en cuenta que el trámite especial del fast track termina en noviembre, y no sé si la Ley de Tierras alcance a estar lista antes de ese mes. Le he pedido al doctor Samper que debe enviarlo a discusión a la CSIVI, porque es un punto muy sustancial del primero del acuerdo y no quiero que me acusen, después de que yo no esté, de que quería hacerle conejo al acuerdo.

¿Derogaría la Ley 160?

No. Completamente no.

¿Entonces? ¿Con qué temas se mete?

Buscamos que la ley resuelva problemas. No queremos una ley de discurso ni de principios, sino que permita dar tierra a 800.000 campesinos que nunca han tenido acceso a tierra; establecer un sistema de formalización de la propiedad rural mucho más ágil del que existe hoy; solucionar el problema de las más de 80.000 familias de colonos llaneros que no han podido tener derecho a su título de propiedad por la misma ineficiencia del Estado de no poder resolver el proceso de colonización en esa zona de país y resolver el problema de millones de campesinos que están en las denominadas zonas de reserva forestal categoría A, B o C. En muchas de las C no queda ni un solo árbol, pero no se puede entregar escritura porque está en zona de reserva. Entonces lo que supone el proyecto es que establezcamos una obligación ambiental, pero que podamos entregar las escrituras en zona B o C. En zona A hay que reubicar. Se mete con derecho de uso y toca temas con extinción de dominio, aclarando y siendo más garantista de lo que existe hoy.

¿Cambia algo respecto a la UAF?

No. Hemos sido muy cuidadosos en no ir a cometer errores que nos lleven a una declaratoria de inconstitucionalidad. Estamos muy pendientes de la revisión de constitucionalidad que en este momento hace la honorable Corte del decreto que ya fue expedido porque eso determinará los derroteros de lo que será el trámite del proyecto de ley. Al próximo ministro ya le toca el remate del proceso, ya con borrador de proyecto, que es lo más difícil y que estaría la próxima semana ya revisado y discutido en la CSIVI. Aprobar la ley no es fácil, pero si es para resolver problemas, el Congreso de la República tendrá los argumentos para tramitar y aprobarla, pues es muy necesaria para resolver conflictos. Indicadores como que el 75 % de la población rural del país está arrumado en el 5 % del territorio rural de Colombia quieren decir que todas las reformas agrarias fracasaron. Tenemos 113 millones de hectáreas rurales. ¿Cómo es posible que estando en el siglo XXI el 70% de los predios rurales no tengan escritura? Pensemos, para que la gente entienda la dificultad, qué pasaría si cogemos los inmuebles de Bogotá, al 70 % le quitamos las escrituras y lo ponemos a nombre del Estado, que es el mayor terrateniente de Colombia, a ver qué pasa. Pero como es por allá en las veredas… Eso implica inseguridad jurídica y no hay acceso a crédito, por ejemplo.

Este mes también se iba a saber cuántas hectáreas habría para las zidres. ¿Qué pasó?

Estamos pendientes del Conpes, es lo primero que hay que hacer. Está en preparación y deberá hacerse en septiembre, aprobarse el número general de hectáreas y las zonas donde se podrá desarrollar proyectos zidres. El tema está para septiembre porque le queremos dar prelación al proyecto de ley de tierras.

¿Le ha llegado alguna notificación de indagatorias por su supuesta contratación a dedo que expuso Caracol Radio? ¿Ha investigado algo de eso?

El tema del “dedazo” son palabras del doctor Lafaurie. Tengo publicaciones de Contexto Ganadero de 2014 a 2016. En todas habla del “dedazo”. Si se va a pagar el PIC cafetero, se paga a través de la Federación de Cafeteros; si voy a sembrar yuca en el Cauca, ¿con qué asociación siembro? ¿Con la del Huila o la del Cauca? Hay unos contratos que se llaman de asociación. Los proyectos se hicieron teniendo en cuenta la posibilidad de asociarnos con quien tenía la tierra. El Gobierno apoyaba con fertilización, semillas, etc. Para sembrar ese millón y pico de hectáreas había que invertir en las regiones con la gente de las verdeas. El presupuesto del Ministerio se lo consumían seis departamentos durante años y ahí sí nadie decía nada. Ahora tenemos inversiones en todos los departamentos de Colombia y casi todos los municipios. Eso implicó procesos de descentralización que eran obligatorios. En ningún caso se violó la ley. Y el que tenga dudas del tema que venga y lo revise o que pida el folder que tiene el señor Lafaurie, que se debería sentar a hacer la revisión conmigo porque me mandó la razón de que o le devuelvo el fondo o me mete a la cárcel. Que me meta a la cárcel porque no voy a cumplir con semejante oprobio de que tengo que devolver la administración del fondo nacional del ganado para que no me meta a la cárcel, lleva tres años intentándolo.

¿Cómo avanza la denuncia penal suya contra la junta del Banco Agrario por el crédito a Navelena?

La denuncia no lo sé. A mí ya me llamaron, ya rendí testimonio, no sé a los otros miembros de junta. Una de las metas más importantes ha sido recuperar los recursos de ese crédito. Espero tenerle buenas noticias al país muy pronto. Están en el proceso de liquidación del contrato con Navelena, en Cormagdalena, y como parte de ese proceso está la devolución de los fondos del crédito hecho por el Banco Agrario, con los intereses moratorios del caso.

¿Espera tener eso resuelto antes de irse?

Antes de irme espero tener una certificación de que esos recursos le llegan al banco entre septiembre y octubre.

Aurelio Iragorri, después de tres años de gestión, dejará el Ministerio de Agricultura en los próximos días. En diálogo con este diario se refirió a varios de los puntos que tienen en vilo y a la expectativa al sector, como la sobreoferta arrocera y la próxima ley de tierras. Sostuvo que está “listo” para dirigir el Partido de la U, si la colectividad en su asamblea así lo decide.

¿Se queda o se va?

Mi renuncia fue aceptada por el señor presidente. Falta la fecha. Acordamos, y le agradezco a él que me haya dado esa oportunidad, que tenemos que superar el tema de la aftosa. El brote está concluido hace más de dos semanas. Estoy esperando a que él me diga qué día se hará efectiva la aceptación de la renuncia. Así que me voy para la casa. Estoy resolviendo el tema de los arroceros, pero eso no es una disculpa adicional, el presidente aceptó la renuncia, lo hizo público y en eso estamos.

El plan “Colombia siembra” nació con el ánimo de sustituir importaciones. ¿Hasta qué punto se logró eso?

Cuando uno tiene 53 años de abandono del campo por las distintas dificultades de la guerra, cambiar eso en dos o tres años es imposible. El país en los últimos 25 años ha sembrado poquito más de 600.000 hectáreas. Estamos en más de 400.000 hectáreas por año. Pasamos a sembrar 1’059.000 hectáreas de los productos que queríamos, en dos años y medio. El objetivo era, entre otras, estabilizar los precios de los alimentos que el año pasado estaban en exceso caros. El fenómeno de inflación que se dio en gran medida fue por alimentos. Llevamos a decrecimiento de los datos de inflación del año anterior. Logramos que se produjeran en el país poco más de 32 millones de toneladas de comida, pero seguimos importando 12 millones de toneladas. Sustitución de importaciones se presentó en algunos casos: dejamos de importar carne de cerdo y de cordero. Nos volvimos autosuficientes en el 97 % en el tema pecuario y somos autosuficientes apenas en el 67 % en tema agrícola. Esa brecha si se iba a llenar a punta de 22.000 hectáreas por año, nos íbamos a demorar más de 3.000 años. ¿Qué fue lo más importante para el país? Arroz. Importábamos la mitad del arroz que consumimos. Una parte se importaba legalmente y 450.000 toneladas eran de contrabando. Hoy todo el arroz que consumimos se produce en Colombia. También nos volvimos autosuficientes en maíz para consumo humano. Nos falta que la industria deje de importar más de 4 millones de toneladas de maíz amarillo, que es para producir concentrados.

Pero, ¿somos competitivos?

Lo primero era sembrar, pero no es sólo producir, hay que ser competitivos en la producción. Tenemos todavía unas brechas sobre todo en productos que son commodities. Sin embargo, ya casi llegamos a un punto de equilibrio para ser competitivos y poder empezar a exportar, incluso, en el caso del arroz. El país no está preparado para el crecimiento que se presentó. Por ejemplo, Casanare se volvió en dos años el principal productor de arroz de Colombia. Era productor de petróleo, y los mayores productores de arroz eran Huila y Tolima. Pero hay unos puentes en lo que antes se llamaba la Nueva Colombia, que muchos los construyó el general Rojas Pinilla. El puente que se nos cayó el año pasado en la cosecha de arroz era un puente construido por Rojas Pinilla con una capacidad de 20 toneladas. Cada tractomula de arroz pesa entre 32 y 35 toneladas. Le metieron dos al tiempo y se cayó el puente. Dicen: “¿Para qué sembraron si no se puede comercializar?”. Sí se puede, las cadenas están. Lo que pasa es que están mal acostumbradas a importar todo o a importar demasiados productos. Y nosotros mal acostumbrados a que todo era subsidio. Hemos bajado en ese tema a unos niveles incluso por debajo del nivel promedio OCDE. Ellos sacan un promedio, que es, de cada 100 pesos que gana el productor, cuántos se los dio el gobierno. El promedio de los países OCDE es 17. Cuando llegué al Ministerio era 19, hoy es 16. Esto toma tiempo y se necesita trabajo no solo de esta cartera sino de otras. Por eso se llama desarrollo rural integral.

En la coyuntura actual con los arroceros, ¿qué recursos hay asegurados?

A pesar de 40 reuniones que hemos tenido tratando de buscar un acuerdo para el subsidio de almacenamiento, que ayuda a la industria a pagar el almacenamiento para que compre la cosecha, no fue posible llegar a un acuerdo entre molineros y productores. Por eso consideré que esa ayuda que se entregaba a través de la industria esta vez se diera directamente a los productores. Son $60.000 millones, más o menos $8.000 por carga, lo que les mejora un poco el precio tan bajo que tiene el mercado hoy. Con eso lograremos atender septiembre, octubre, noviembre, y junio también quedó, para poder cumplir con el acuerdo al que habíamos llegado para ese mes, el de $20.000 por carga. Pero no dirá así porque jurídicamente no puedo aprobar cosas retroactivas: queda como apoyo a la comercialización de los meses siguientes. Esos $60.000 millones ya están (dispuestos desde Ministerio de Hacienda). Salió una primera resolución con $17.000 millones, habrá otra de $20.000 millones más y así vamos a ir cubriendo. Esperamos que la industria por ningún motivo siga bajando el precio de compra, porque entonces tendría un efecto cero esos $8.000 que estamos gastando para apoyar a los arroceros, a quienes no podemos dejar quebrar, después del esfuerzo que hicieron por volver al país autosuficiente. Para Arauca hay un apoyo al transporte, por $1.500 millones. Los que sembraron en ese departamento, que no tienen dónde procesar el arroz y que les tocó venderlo en el Tolima, les vamos a pagar parte de ese flete.

Fedearroz dice que falta la cosecha de dos millones de toneladas. A $8.000 la carga, serían $120.000 millones en apoyo. Hay $60.000 millones, ¿qué pasa con la otra mitad?

La otra mitad fue la que les prometieron en una audiencia en el Congreso. Les dije que íbamos a buscar si de algún lado la podíamos sacar. Fuimos al Ministerio de Hacienda, tratamos de disminuir el monto de vivienda rural de 2017 para pasarlo a arroz y lamentablemente la ficha de inversión no permite que eso se haga. Tocaría sacar una ley. Así que los otros $60.000 millones este Ministerio no los tiene, porque entre 2014 que llegué y hoy tenemos el 70 % menos de presupuesto. Pero los compromisos son del 100 %. Vamos a cumplir lo que yo acordé, no lo que discutieron en el debate del Congreso, porque esos recursos hoy no existen.

¿Qué aliciente hay para la industria para que absorba la cosecha?

La libre competencia. Si bajan los precios de donde están cuando saqué la resolución no hay aliciente, hay intervención de la Superintendencia, que está revisando que eso no ocurra. La industria lamentablemente no pudo llegar a un acuerdo con los productores porque dicen que por la cantidad de arroz que hay los precios bajaron. Ojalá sea igual para el segundo semestre, cuando vamos a estar pendientes de la valoración de inventarios, porque lo que tampoco puede pasar es que compren estos inventarios baratos y en enero, que no hay arroz, le suban el precio y queden con los inventarios con mucho más valor, aunque hayan pagado mucha menos plata por ese arroz. Estaremos pendientes y monitorearemos para seguir apoyando al sector.

En cuanto a aftosa, ¿en qué resultaron las investigaciones y cómo va la recuperación del estatus sanitario?

El virus está concluido en Colombia. Quiere decir que no hemos tenido brotes adicionales, los que había (en Cúcuta, Tame, Yacopí, Tibacuy y Caparrapí) se controlaron. Ahora estas zonas quedan exentas de poder exportar carne por dos años. Esa es la forma de habilitar el resto del país. Lo que dice la OIE es que tienen que pasar 28 días sin que haya un brote adicional desde el día en que se sacrificó el último novillo para siquiera ir a la Organización a pedir la reactivación. Sin que se cumpla ese plazo, la reunión es la próxima semana en París, se hará la presentación de qué hizo Colombia para superar esta situación y la solicitud formal de que nos levanten la suspensión del estatus sanitario. Esperamos traer buenas noticias muy pronto.

Fedegán dice que eso no es tan rápido, que en Uruguay y Paraguay tardó 2 o 3 años. ¿Cuánto esperan que se demore recuperar el estatus?

Esto empezó en junio y ya vamos en agosto, esperemos que sea más rápido de lo que diga (José Félix) Lafaurie.

¿Qué va a pasar con la resolución de exportación de excedentes de leche que tanto desacuerdo ha generado?

Yo estoy impedido para el tema de precio de la leche, no firmo esa resolución, pero he solicitado que por ningún motivo sea expedida hasta que no se discuta en el Consejo Nacional Lácteo. La idea es que ese borrador venga (al Consejo) y el Gobierno escuche a los representantes del sector. Hay que buscar un punto de acuerdo a ver qué se expide o no se expide.

Sobre la licitación de la cuenta parafiscal, ¿por qué se frenó a última hora?

Cuando a uno le llegan 17 solicitudes de posibles proponentes que dicen que un posible proponente no se puede presentar y es un jugador tan importante como Fedegán, se ve en la obligación de consultar ante el Consejo de Estado para que diga si puede o no. Soy de la tesis de que sí, pero no me quiero equivocar, porque especialmente en este proceso uno no puede dar pie a que digan que se hace algo ilegalmente. Ya está radicado en el Consejo de Estado, esperamos qué dice, y una vez salga el concepto se reanuda el proceso, que está a uno o dos días de cerrarse. Se entregarían las propuestas y arranca el análisis técnico, financiero y jurídico.

¿Cuánto puede demorar ese concepto del Consejo de Estado?

Ayudando y empujando, dos semanas, es decir, mandando una comunicación e informando la importancia que tiene ese concepto. Esperamos que esté en dos semanas.

La consulta previa del proyecto de ley de tierras iba a arrancar en agosto. ¿En qué va eso?

Ahí se dio la noticia de mi salida. La capacidad de negociación de un ministro interino se limita sustancialmente. Sin embargo, el doctor (Miguel) Samper, que es el directo responsable, de la Agencia Nacional de Tierras, con el Ministerio ha venido haciendo la socialización del proyecto que debe terminar la próxima semana y entrar a consulta previa. Lo que se demore depende del Ministerio del Interior. Lo vamos a presentar al Congreso como proyecto de ley ordinario, teniendo en cuenta que el trámite especial del fast track termina en noviembre, y no sé si la Ley de Tierras alcance a estar lista antes de ese mes. Le he pedido al doctor Samper que debe enviarlo a discusión a la CSIVI, porque es un punto muy sustancial del primero del acuerdo y no quiero que me acusen, después de que yo no esté, de que quería hacerle conejo al acuerdo.

¿Derogaría la Ley 160?

No. Completamente no.

¿Entonces? ¿Con qué temas se mete?

Buscamos que la ley resuelva problemas. No queremos una ley de discurso ni de principios, sino que permita dar tierra a 800.000 campesinos que nunca han tenido acceso a tierra; establecer un sistema de formalización de la propiedad rural mucho más ágil del que existe hoy; solucionar el problema de las más de 80.000 familias de colonos llaneros que no han podido tener derecho a su título de propiedad por la misma ineficiencia del Estado de no poder resolver el proceso de colonización en esa zona de país y resolver el problema de millones de campesinos que están en las denominadas zonas de reserva forestal categoría A, B o C. En muchas de las C no queda ni un solo árbol, pero no se puede entregar escritura porque está en zona de reserva. Entonces lo que supone el proyecto es que establezcamos una obligación ambiental, pero que podamos entregar las escrituras en zona B o C. En zona A hay que reubicar. Se mete con derecho de uso y toca temas con extinción de dominio, aclarando y siendo más garantista de lo que existe hoy.

¿Cambia algo respecto a la UAF?

No. Hemos sido muy cuidadosos en no ir a cometer errores que nos lleven a una declaratoria de inconstitucionalidad. Estamos muy pendientes de la revisión de constitucionalidad que en este momento hace la honorable Corte del decreto que ya fue expedido porque eso determinará los derroteros de lo que será el trámite del proyecto de ley. Al próximo ministro ya le toca el remate del proceso, ya con borrador de proyecto, que es lo más difícil y que estaría la próxima semana ya revisado y discutido en la CSIVI. Aprobar la ley no es fácil, pero si es para resolver problemas, el Congreso de la República tendrá los argumentos para tramitar y aprobarla, pues es muy necesaria para resolver conflictos. Indicadores como que el 75 % de la población rural del país está arrumado en el 5 % del territorio rural de Colombia quieren decir que todas las reformas agrarias fracasaron. Tenemos 113 millones de hectáreas rurales. ¿Cómo es posible que estando en el siglo XXI el 70% de los predios rurales no tengan escritura? Pensemos, para que la gente entienda la dificultad, qué pasaría si cogemos los inmuebles de Bogotá, al 70 % le quitamos las escrituras y lo ponemos a nombre del Estado, que es el mayor terrateniente de Colombia, a ver qué pasa. Pero como es por allá en las veredas… Eso implica inseguridad jurídica y no hay acceso a crédito, por ejemplo.

Este mes también se iba a saber cuántas hectáreas habría para las zidres. ¿Qué pasó?

Estamos pendientes del Conpes, es lo primero que hay que hacer. Está en preparación y deberá hacerse en septiembre, aprobarse el número general de hectáreas y las zonas donde se podrá desarrollar proyectos zidres. El tema está para septiembre porque le queremos dar prelación al proyecto de ley de tierras.

¿Le ha llegado alguna notificación de indagatorias por su supuesta contratación a dedo que expuso Caracol Radio? ¿Ha investigado algo de eso?

El tema del “dedazo” son palabras del doctor Lafaurie. Tengo publicaciones de Contexto Ganadero de 2014 a 2016. En todas habla del “dedazo”. Si se va a pagar el PIC cafetero, se paga a través de la Federación de Cafeteros; si voy a sembrar yuca en el Cauca, ¿con qué asociación siembro? ¿Con la del Huila o la del Cauca? Hay unos contratos que se llaman de asociación. Los proyectos se hicieron teniendo en cuenta la posibilidad de asociarnos con quien tenía la tierra. El Gobierno apoyaba con fertilización, semillas, etc. Para sembrar ese millón y pico de hectáreas había que invertir en las regiones con la gente de las verdeas. El presupuesto del Ministerio se lo consumían seis departamentos durante años y ahí sí nadie decía nada. Ahora tenemos inversiones en todos los departamentos de Colombia y casi todos los municipios. Eso implicó procesos de descentralización que eran obligatorios. En ningún caso se violó la ley. Y el que tenga dudas del tema que venga y lo revise o que pida el folder que tiene el señor Lafaurie, que se debería sentar a hacer la revisión conmigo porque me mandó la razón de que o le devuelvo el fondo o me mete a la cárcel. Que me meta a la cárcel porque no voy a cumplir con semejante oprobio de que tengo que devolver la administración del fondo nacional del ganado para que no me meta a la cárcel, lleva tres años intentándolo.

¿Cómo avanza la denuncia penal suya contra la junta del Banco Agrario por el crédito a Navelena?

La denuncia no lo sé. A mí ya me llamaron, ya rendí testimonio, no sé a los otros miembros de junta. Una de las metas más importantes ha sido recuperar los recursos de ese crédito. Espero tenerle buenas noticias al país muy pronto. Están en el proceso de liquidación del contrato con Navelena, en Cormagdalena, y como parte de ese proceso está la devolución de los fondos del crédito hecho por el Banco Agrario, con los intereses moratorios del caso.

¿Espera tener eso resuelto antes de irse?

Antes de irme espero tener una certificación de que esos recursos le llegan al banco entre septiembre y octubre.