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Caldas (Antioquia), un municipio mayormente rural, tiene 19 veredas y en ninguna de ellas hay acceso a agua potable. La administración municipal se emocionó ante la idea de poder llevar el servicio a buena parte de esta comunidad, pero les falló a todos. El líder social y miembro de la Junta de Acción Comunal de La Salada, Jhon Freddy Correa, dice que en su vereda dejaron abandonada la obra y aunque no se desvela buscando responsables o exigiendo resultados, sabe que una serie de decisiones de personas poderosas impidieron que a su comunidad llegara agua potable.
Aunque llegaron a la opinión pública bajo el nombre de “bonos de agua”, esta política es mejor conocida en los entes territoriales como “Plan Carrasquilla”. Se trata de un mecanismo de financiación de ya casi diez años que, aunque ya no todos lo recuerden, sus efectos y perjuicios persisten. Una vieja política pública que ha revivido con polémica.
Los bonos de agua son un mecanismo que nació por medio de la Ley 1176 (de 2007), que les permitió a los municipios comprometer recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) con el fin de financiar proyectos de agua y saneamiento básico.
En su momento (2007) los bonos de agua se mostraron a la opinión pública como la única forma de que estos municipios accedieran a la financiación para construir la infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades de agua y alcantarillado. Sin embargo, con el paso de los años los créditos se tornaron nocivos e insostenibles para los municipios, al punto que en 2014 Findeter tuvo que comprar esta cartera y darles mejores intereses.
Precisamente por esta situación es que ha desatado tanta polémica que Alberto Carrasquilla asuma de nuevo como ministro de Hacienda, primero con Álvaro Uribe Vélez (2003-2007) y ahora con Iván Duque. En la columna de hace un mes del periodista Daniel Coronell se denuncia que el funcionario ayudó a impulsar la ley que dio vida a los bonos de agua.
Además, en la columna se alerta que, en 2008, cuando Carrasquilla, ya estaba fuera del Gobierno, creó una empresa (Konfigura Capital) que ayudó a gestionar los bonos de agua por más de $440.000 millones con los que se endeudaron 117 municipios. Por lo que se le acusa de que su empresa se benefició de más de $14.000 millones por cinco años debido a esta operación.
La polémica ya provocó un debate de control político en el que Carrasquilla se defendió diciendo que no estaba en el Gobierno cuando se aprobó la ley que reglamentó los bonos de agua y que su empresa tan solo brindó una asesoría. Pero pese a sus explicaciones, senadores como Enrique Robledo y Gustavo Petro insisten en que el funcionario sí tuvo injerencia en el perjuicio económico que provocaron los bonos de agua. Por lo que hay todavía sectores que piden la salida de Carrasquilla del Minhacienda, pero según un estudio jurídico encargado por el presidente del Senado, Ernesto Macías, se declarará improcedente la moción de censura contra el funcionario.
Es por esto que El Espectador visitó a los dos municipios más afectados por estos créditos: Bello y Caldas (Antioquia).
Los casos de estos dos municipios antioqueños son especialmente llamativos porque ambos comprometieron el 85 % de su presupuesto del Sistema General de Participaciones. El resto de los municipios comprometieron en promedio el 45 % de los recursos.
Asimismo, aún después de la compra de cartera de Findeter, estos dos municipios (Bello y Caldas) son los que más interés pagan por esta deuda: IPC + 11 puntos. La mayoría de los municipios de los bonos de agua solo pagan IPC + 7 %.
La promesa de progreso en Caldas
Caldas es un municipio antioqueño conocido como la puerta de entrada al Valle de Aburrá. Tiene un poco más de 80.500 habitantes (0,16 % de la población total colombiana) y en 2016 registró $43.715 millones en ingresos (0,02 % del total de la nación). Luis Guillermo Escobar, quien fungió allí como alcalde entre 2008 y 2011, aceptó un crédito de $7.713 millones para construcción y fortalecimiento de alcantarillados y acueductos.
En el gobierno de Escobar se gastaron varios meses en análisis financieros y todo un año (2010) haciendo estudios para las obras. “El secretario de Hacienda dijo que era un buen negocio, porque eso iba a valer la plata del SGP en 20 años y había muchos proyectos represados, sobre todo en la zona rural”, aseguró. Hoy estima que aún con los inconvenientes y las adiciones que fueron necesarias se le dio solución a 90 % de las necesidades iniciales. “Si uno cae es de buena fe, creo que socialmente hicimos un buen negocio que además era legal, pero la historia nos juzgará”, concluyó.
El reporte de Findeter que conoció este diario revela que desde agosto de 2014 hasta el 31 de agosto de 2018 la administración local había pagado más de $4.706 millones solo en intereses y apenas habían aportado a capital $439,6 millones, por lo que aún tienen un saldo de $7.273,4 millones solo en capital (94,3 % de la deuda inicial) y nueve años para liquidarlo por completo.
Por su parte, las cuentas del municipio demuestran que en total han pagado $8.562,2 millones, con corte a julio de 2018, incluyendo los cinco años de gracia donde solo abonaban a intereses. Pero de esa cifra, que de por sí es superior a lo que se pidió prestado, solo el 5,1 % se ha colocado a capital, el resto corresponde al costo de la financiación.
En la Secretaría de Hacienda de Caldas reposan documentos que proyectan un crecimiento anual de 3 % de los recursos del SGP, $1.741 millones adicionales en 2019. Y el escenario hipotético termina en 2028 con un SGP de $2.272 millones. Esto significa que todos los años el municipio deberá aportar de su propio presupuesto cientos de millones, porque las transferencias no alcanzan para cubrir la deuda.
Al finalizar este año, por ejemplo, Caldas habrá pagado $166,2 millones “de su bolsillo” y para 2019 serán $56,9 millones. Y hace dos años era mucho peor. Hubo un trimestre que desembolsaron $400 millones en recursos propios. Esa realidad llevó al alcalde y su equipo de gobierno a renegociar con Findeter en octubre de 2016.
Con respecto a las obras a financiar, los recursos se destinaron a diez contratos entre consultorías, convenios interadministrativos, asociaciones y construcciones previamente postuladas por concejales y priorizadas por la Alcaldía. Ocho de ellos ya se liquidaron, uno está en proceso de liquidación y sobre el último “no se tiene información”.
Según los registros y conforme a los hechos, los entes territoriales descubrieron temprano que no podían manejar la deuda, pues no completaron ni un año de pagos reales (después del período de gracia), cuando se hizo necesario que Findeter comprara la cartera que se estaba deteriorando en 2014. Esta situación se repitió en la mayoría de ellos, aunque hay excepciones como Sabaneta y Rionegro, que a la fecha ya habían pagado la obligación total, no sin dificultad, valga aclarar.
El alcalde de Caldas, Carlos Durán, dice que si la decisión de adherirse al Plan Carrasquilla hubiera estado en sus manos no lo habría hecho. “No solo es difícil de pagar, es compleja porque hacia futuro endeuda a otros alcaldes”. Y cuenta que cuando llegó a la administración lo recibieron con la noticia de que el municipio no podía funcionar por esos compromisos previos. “No le podíamos pagar ni siquiera a nuestros servidores públicos”, reconoce.
Durán lamenta además el costo en términos de desarrollo: “No hemos podido hacer inversiones importantes por estar pagando los bonos; nos ha costado muchísimas dificultades”. Otros municipios en la misma situación vendieron su cartera a la banca privada, donde negociaron unas tasas que fueron hasta la mitad de las iniciales (es el caso de Soacha). Caldas no lo logró; “quién nos iba a prestar sabiendo que estamos endeudados”, dijo el alcalde.
En un informe de la administración anterior, que fue la que liquidó los contratos, se consignaron en detalle las dificultades de cada caso y son desalentadoras: muchos de ellos solo son estudios que llegan a la conclusión de que los recursos no alcanzan y las obras no se pueden hacer. “Cómo se gastaron tanta plata en eso y no llegaron a ningún término; lo ideal hubiera sido proveer de agua a un sector y quedar tranquilos”, reclama Durán.
De acuerdo con Planeación Nacional, en este municipio para 2016 —reporte más reciente— la cobertura de acueducto era de 95,67 % (100 % en la zona urbana y 83,82 % en la rural) y la de alcantarillado era de 89,52 % (91,46 % en la zona urbana y 84,22 % en la rural). Estas cifras están por encima del promedio de Antioquia (83,6 % para acueducto y 73,8 % para alcantarillado).
La demanda social en Bello
Bello es uno de los municipios más importantes del departamento, especialmente por su histórica vocación industrial. Allí viven 482.287 personas, menos del 8 % de los habitantes de Antioquia, y en 2016 registró $396.798 millones en ingresos (0,18 % del total de la nación). El crédito suscrito por el entonces alcalde Óscar Andrés Pérez superaba los $28.112 millones y estaba destinado a la adecuación de acueductos veredales y pozos sépticos en las zonas rurales, principalmente.
El documento de Findeter expone que en cuatro años (de agosto de 2014 a agosto de 2018) la administración local ha pagado más de $19.180 millones en intereses de financiación y solo $5.368 millones se han ido a amortización. Y aún queda un saldo pendiente de $26.841 millones. Lo que significa que pronto los intereses habrán superado la deuda inicial.
Óscar Andrés Pérez recuerda que en su administración las cifras no eran tan positivas; de hecho, fue la meta de llegar a una cobertura total lo que lo llevó a comprometer esos recursos. Hoy se declara defensor del modelo de los bonos de agua: “Hoy puede haber algunas críticas por el costo del crédito, pero funcionó”.
Los reportes más recientes del DNP señalan que la cobertura de acueducto y alcantarillado en Bello es de 100 %, tanto para zonas urbanas como rurales, un hecho destacable considerando que el promedio nacional es de 76,8 % para acueducto y 69,3 % para alcantarillado.
No obstante, no es claro cuáles fueron exactamente los proyectos impulsados con los recursos que les fueron entregados mediante una fiduciaria y, por consiguiente, se desconoce si las obras se ejecutaron por completo y se recibieron a satisfacción.
El concejal José Serrano, quien entonces hacía parte del gobierno municipal, cuenta que en 2009 ya se tenían estudios previos y había voluntad política para atender a las poblaciones rurales que no tenían acueductos. “Se construyeron más de 4.000 pozos sépticos, se hicieron labores complementarias de saneamiento básico y se repotenciaron los sistemas veredales, incluso algunos se volvieron a hacer porque estaban muy obsoletos”, dijo.
Según Serrano, las obras se culminaron e hicieron posible que se cumplieran las metas del plan de desarrollo. El otro 15 % de los recursos del rubro de agua potable y saneamiento del SGP se utilizaron para subsidiar ese servicio público.
Pérez respalda el argumento del ministro Carrasquilla de que hace diez años, en medio de una recesión económica, las condiciones eran menos favorables y las tasas de interés eran más altas (uno de los argumentos con los que se defendió el funcionario en el debate de control político).
“El modelo nos trajo recursos futuros a valor presente para poder ejecutarlos y hacer las obras con mayor agilidad sin tener que esperar 20 años. No sé por qué dicen que los municipios están empobrecidos si eso se pagaba con transferencias, no tenían que quebrar”, aseguró el exmandatario, quien aún considera que fue un mecanismo efectivo para mejorar el servicio.
Serrano no se muestra tan de acuerdo, especialmente porque se estima que Bello terminará pagando $50.000 millones en nueve años, casi el doble. “En lo que tiene que ver con la financiación, los municipios vienen afectados por los intereses tan altos. Esa tasa hace que las entidades territoriales dejen de percibir una cantidad de recursos importantes por esa negociación”. Sin embargo, dice que Bello está al día y no tiene tantas afugias como otros porque “percibimos muy buenos recursos del SGP”, indicó.
Asimismo, Serrano también desvirtuó reportes del Ministerio de Vivienda que aseguran que el monto del crédito y sus condiciones fueron acordadas por las entidades territoriales y la fiducia. “No era que pactáramos la tasa, era un contrato adhesión. El Gobierno nacional establecía las condiciones a través de una figura jurídica, pero en ningún momento los municipios podían ir a negociar una tasa, era estándar”, manifestó.
A pesar de los múltiples intentos, El Espectador no pudo reunirse con el alcalde actual de Bello ni con funcionarios del comité técnico de la Alcaldía de Bello. Por lo que no se pudo conocer la situación actual financiera del municipio ni la forma en que se han venido realizando los pagos del crédito.
En lo que todos coinciden es en que se debe estudiar con el Gobierno nacional la posibilidad de bajar la tasa de interés, especialmente porque el crédito no es de alto riesgo, pues está soportado por una garantía segura y obligatoria: las transferencias de dinero de la nación a través del SGP.