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Entre 2016 y 2019, América Latina renunció a un recaudo de impuestos cercano al 3,7 % del PIB de la región por cuenta de incentivos o beneficios fiscales. El dato se desprende de un reciente estudio de la Cepal y Oxfam, discutido este martes en el marco del seminario regional sobre beneficios tributarios, organizado en Bogotá por la Friedrich-Ebert-Stiftung (Fescol), Dejusticia y la International Budget Partnership (IBP).
El estudio, expuesto en el seminario por Ati Cañete, coordinadora del proyecto Iguales de Oxfam, se titula Los incentivos fiscales a las empresas en América Latina y el Caribe. La renuncia del Estado a recaudar determinados impuestos (lo que se conoce como gasto tributario), pese a lo contradictoria que pueda sonar, no es mala per se: todo depende de a dónde se dirigen esos tratamientos especiales. Si es para incentivar el ahorro, estimular el empleo, apoyar sectores vulnerables, proteger el medio ambiente, entre otros objetivos, puede no sonar tan mal.
El problema sobre el cual hay relativo consenso es que falta transparencia. En la región, la disponibilidad de información —y por tanto de análisis— sobre quién recibe un beneficio tributario, en qué medida y si ese incentivo da resultado, es poca o casi nula. Por eso hay quienes, como Rodolfo Bejarano, de la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social, prefieren hablar de “privilegios” en vez de “beneficios” tributarios.
Según Marcio Ferreira, secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), hay que tener cuidado con no catalogar todo beneficio como privilegio. “¿Tener tasa cero (de IVA) para alimentos es un privilegio? Creo que no, pero hay quienes pueden decir que sí porque las familias ricas pueden consumir más que las pobres y por eso se benefician más con la tasa cero”. Coincide en que hay que mejorar en las evaluaciones de los impactos, aunque un elemento en discusión es qué entidad estaría en capacidad de hacer esos seguimientos.
Rodrigo Uprimny, por su parte, lo resumió así: un beneficio tributario que fue aprobado de forma poco transparente, cuyo impacto no está sometido a una evaluación periódica y sobre el cual es difícil hacer control ciudadano, puede ser considerado un privilegio. Más aún: un privilegio sobre el cual difícilmente alguien reparará debido a que es un costo que no recae directamente sobre nadie en particular (pero sí sobre el Estado). Para promover la transparencia tributaria, precisamente Dejusticia lanzó este martes la campaña “¡Quiero saber!”, para que los ciudadanos manifiesten sus dudas en la materia y exijan respuestas.
Aunque para Ferreira es más útil evaluar el impacto de los beneficios tributarios que indagar por quiénes los reciben, Paolo Renzio, de IBP, y Ati Cañete coincidieron en que esa sí es información valiosa para los ciudadanos. Saber qué compañías reciben un tratamiento fiscal especial puede dar luces sobre intereses en el debate público, por ejemplo, en las discusiones de reformas tributarias, teniendo en cuenta que hay compañías que financian campañas políticas de congresistas.
Derechos humanos y desarrollo sostenible
Noel Pérez, jefe de la Unidad de Asuntos Fiscales, de la División de Desarrollo Económico de la Cepal, explicó los gastos tributarios como una renuncia de tributos que hace el Estado y que implica una transferencia indirecta de recursos, por lo que pueden ser incluso comparables con los gastos públicos. Por tanto, se les puede someter a una evaluación que determine si es más eficiente dar un beneficio fiscal o, por el contrario, usar directamente el gasto público en sectores como salud, educación o medio ambiente. El informe de la Cepal y Oxfam apunta a que los países deben pensar sus gastos tributarios en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Durante el seminario, esta idea se sumó a la presentada por el Center for Economic and Social Rights, que, junto con otras seis organizaciones de América Latina, trabaja en el planteamiento de principios y directrices para que las políticas fiscales de los países tengan un enfoque de derechos humanos (que esas políticas sean un instrumento para salud, educación, entre otros), pero también que los derechos humanos sean el fundamento de las políticas fiscales. Se trata de un documento que, según Sergio Chaparro, investigador del Centro, “recogería lo que han dicho organismos que dicen cosas vinculantes. Vamos a sistematizar lo que ya está dicho, dar unas directrices sobre cómo llevarlo a la práctica, y la idea es que sea un documento vinculante, pero que surge de la sociedad civil”. El documento estaría listo en 2020.