Por: María Fernanda Valdés*
Los economistas somos conocidos porque nunca logramos ponernos de acuerdo; existe incluso una vieja burla que dice que la economía es la única disciplina en la que dos personas pueden ganar el premio Nobel por decir exactamente lo contrario o que, si les das una pregunta a tres economistas, vas a obtener cinco respuestas diferentes. Y, aun cuando somos expertos en desacuerdos, se debe reconocer que sí obtenemos unanimidad en algunos asuntos, como es el caso del escepticismo frente al uso de los beneficios tributarios.
Todas esas gabelas llamadas beneficios tributarios, que pueden tomar la forma de exenciones, deducciones, tasas reducidas, etc, incomodan bastante a la gran mayoría de los economistas. Molestan, por un lado, por cuanto reducen el recaudo, lo que en países como Colombia —que ya recaudan poco— significa menos recursos para financiar escuelas, construir vías, luchar contra la desigualdad de género o cumplir con nuestros compromisos ambientales. Estos implican una pérdida de recaudación que en el país se estima en 80 billones de pesos, una cantidad nada despreciable, que equivale a la inversión en carreteras 4G.
Además, los beneficios tributarios tienden a socavar los principios de equidad horizontal y vertical de la tributación que están amparados por la Constitución. Es así porque ponen en desventaja a algunas empresas (casi siempre las más pequeñas) y en ventaja a unas personas (casi siempre las más ricas). Como si fuera poco, son beneficios que se otorgan de forma poco transparente, sin estudios que los soporten y con poco escrutinio público, así favorecen la famosa mermelada y la corrupción.
Pero quizá lo que más molesta a los economistas de estos beneficios, sobre todo los que se conocen como “incentivos tributarios”, es que tienden a ser ineficaces para cumplir los objetivos para los que son creados: atraer inversión, crear empleo y, en últimas, generar desarrollo. La literatura simplemente no avala su efectividad. En Colombia, por ejemplo, ni la famosa deducción especial por inversión en activos fijos productivos de Uribe pasa un test riguroso y serio de efectividad, como lo muestra un importante estudio de Marcela Meléndez y Arturo Galindo, aun cuando se insista en mostrarla como un caso exitoso. Por eso, el FMI, el Banco Mundial, la OCDE y la CEPAL han pedido revisar meticulosamente estos incentivos en Colombia y en otros países.
Pero, tal como lo decía el economista Alan Blinder, existe una ley de Murphy en la política económica que hace que los economistas tengan poca influencia en aquellos asuntos en los cuales existe más conocimiento y más consenso. En cambio, sí logran influir, precisamente, en los que menos se sabe y hay más desacuerdo. Esto es lo que ha pasado en el país con los beneficios tributarios.
Empecemos con la última reforma de Santos. Se creó una comisión de expertos de diferentes corrientes ideológicas para que diera insumos al gobierno para una reforma estructural. Entre sus propuestas, esa comisión planteó sustituir el impuesto a la renta a las empresas con un impuesto a las utilidades empresariales. En términos prácticos, esto implicaba acabar con todos los beneficios tributarios a las empresas. El gobierno leyó juiciosamente este insumo y como resultado se expidió la Ley 1819, de reforma tributaria, que no solo no creó el impuesto propuesto por la comisión, sino que terminó otorgando más beneficios tributarios a las empresas, ¡no menos! La ley de Murphy hizo de las suyas.
El gobierno de Duque, como todos los nuevos gobiernos en este país, estrenó mandato con una reforma tributaria. Aunque —como era de esperarse— la ley de financiamiento creó nuevos beneficios tributarios, quizás influenciada por la carta firmada por setenta doctores en economía de diferentes visiones pidiendo una revisión de los beneficios tributarios, se incluyó también en su artículo 110 un mandato a hacer una evaluación, no de todos los beneficios como pedían los académicos, sino de los de las zonas francas. La alegría de los economistas duró poco y la ley de Murphy llegó con el Plan Nacional de Desarrollo, que derogó, sin explicación alguna, el artículo 110 y al mismo tiempo creó nuevos beneficios tributarios, como las famosas becas por impuestos (de los mismos creadores de las célebres e insensatas obras por impuestos). A los pocos días, salió la noticia de que el Gobierno había concedido prórrogas para las zonas francas por treinta años más. Así no más.
Poco han podido hacer los economistas más estudiosos contra esta ley de Murphy en asuntos de beneficios, que no son otra cosa que el resultado de las presiones de ciertos sectores económicos unidos con la falta de criterio de los gobiernos, que, en nuestro caso, hasta han preferido cambiar amañadamente la metodología para medir el déficit fiscal antes que echarle mano a la plata donde la hay, incluso teniendo a los economistas y a la academia de su lado. Estas son cosas inexplicables que se salen del campo de la economía y de Murphy y se meten en el complejo mundo de la política y la incoherencia.
Nota para los interesados en la materia: el 19 de septiembre, la Friedrich-Ebert-Stiftung (Fescol), Dejusticia y la International Budget Partnership tendrán un seminario regional en Bogotá sobre beneficios tributarios, en el que nos acompañarán organizaciones preocupadas por este asunto en América Latina. Pronto los invitaremos a un foro abierto al público. Estén pendientes.
*PhD, coordinadora del área económica y ambiental de la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia-Fescol y autora del libro “Reducing Inequality in Latin America, the Role of Tax Policy”