Biden estudia frenar la financiación de los combustibles fósiles

El gobierno de Biden está sopesando un último esfuerzo para lograr un acuerdo internacional que restrinja la ayuda financiera a los proyectos extranjeros de petróleo y gas antes de que comiencen las conversaciones críticas en París.

Aterrizar el acuerdo se considera esencial para cumplir una promesa que el presidente Joe Biden hizo en su primer año en la Casa Blanca. Sin embargo, los funcionarios de la administración aún estaban decidiendo la postura de negociación final durante el fin de semana, según personas familiarizadas con el asunto. Eso deja poco tiempo antes de las negociaciones del lunes entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Las deliberaciones fueron descritas por personas cercanas, que pidieron no ser identificadas por su carácter privado. Se trata de una propuesta de los países europeos para ampliar una prohibición existente desde hace tres años sobre el apoyo de las agencias de crédito a la exportación a las centrales térmicas de carbón.

Según la propuesta de la Unión Europea, la financiación de los organismos de crédito a la exportación, como préstamos y garantías, quedaría prohibida para la mayoría de los proyectos de petróleo y gas.

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Los desacuerdos entre las autoridades estadounidenses y el Banco de Exportaciones e Importaciones de EE.UU. sobre cuál sería el mejor planteamiento ya han paralizado la actuación de la OCDE durante casi un año. Una consideración clave ha sido cómo afectarían las nuevas restricciones al banco, un organismo independiente cuyos estatutos prohíben denegar financiación a cualquier industria, sector o empresa en particular.

El banco debe ser reautorizado por el Congreso en 2026. Representantes de la Casa Blanca y del Departamento del Tesoro de EE.UU. no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el sábado fuera del horario normal de trabajo.

La restricción de la financiación de los combustibles fósiles se considera una forma importante de frenar el flujo de apoyo a los proyectos de petróleo y gas, un año después de que EE.UU. y casi otros 200 países se unieran detrás de un compromiso para la transición fuera de ellos.

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Bajo el mandato de Biden, Estados Unidos se ha comprometido en repetidas ocasiones a realizar ese cambio financiero. Siete días después de asumir la presidencia, Biden ordenó a las agencias estadounidenses que trabajaran con el banco Ex-Im y otras instituciones para buscar formas de “promover el fin de la financiación internacional de la energía basada en combustibles fósiles intensiva en carbono”.

Tres meses más tarde, el Departamento del Tesoro de EE.UU. dijo que trabajaría con los países de la OCDE y otras agencias estadounidenses “para reorientar la financiación lejos de las actividades intensivas en carbono”. Y en diciembre de 2021, EE.UU. firmó una declaración internacional por la que se comprometía a “poner fin a las nuevas ayudas públicas directas al sector energético internacional de combustibles fósiles no renovables”, salvo en circunstancias muy limitadas.

El senador Ed Markey, demócrata por Massachusetts, dijo que es hora de que la administración Biden cumpla esas promesas. Biden ha tenido cuatro años, dijo al margen de la cumbre climática COP29 en Bakú, Azerbaiyán. “Debería terminarlo”.

La Administración se está apresurando a repartir el gasto en virtud de la Ley de Reducción de la Inflación y a afianzar más el legado climático de Biden antes de la toma de posesión de Donald Trump en enero, aunque algunas de esas medidas siguen siendo muy vulnerables a un giro presidencial a partir de 2025.

Sin embargo, un compromiso de la OCDE sería diferente: adoptado por un organismo internacional y considerado inmune a la oposición de la administración entrante. La OCDE representa a los gobiernos de 37 democracias con economías de mercado que establecen normas políticas destinadas a promover un crecimiento económico sostenible.

Markey declaró que pedía al gobierno de Biden que “cumpla su compromiso con las declaraciones de Glasgow de poner fin a la financiación pública de los combustibles fósiles en el extranjero, y que apoye un resultado sólido de la OCDE que se ajuste a los objetivos”.

En estas últimas semanas de la presidencia de Biden, “deberían hacer todo lo correcto”, dijo Markey, señalando que Biden tiene la oportunidad de “quedar muy bien históricamente como presidente del clima” si cumple con su visión “perspicaz y a largo plazo” para la financiación a partir de 2021.

Los partidarios de que la administración actúe están haciendo hincapié en el reloj de la presidencia de Biden, así como en la promesa de Trump de desencadenar la producción de petróleo y gas estadounidense y su amenaza de retirarse del acuerdo climático de París.

“Si Estados Unidos avanza, esto sería más significativo que cualquier cosa que hagan en la COP y más a prueba de Trump”, dijo Kate DeAngelis, gerente del programa de finanzas internacionales del grupo ambientalista Amigos de la Tierra. “Alejará miles de millones de dólares de los combustibles fósiles”.

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El gobierno de Biden está sopesando un último esfuerzo para lograr un acuerdo internacional que restrinja la ayuda financiera a los proyectos extranjeros de petróleo y gas antes de que comiencen las conversaciones críticas en París.

Aterrizar el acuerdo se considera esencial para cumplir una promesa que el presidente Joe Biden hizo en su primer año en la Casa Blanca. Sin embargo, los funcionarios de la administración aún estaban decidiendo la postura de negociación final durante el fin de semana, según personas familiarizadas con el asunto. Eso deja poco tiempo antes de las negociaciones del lunes entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Las deliberaciones fueron descritas por personas cercanas, que pidieron no ser identificadas por su carácter privado. Se trata de una propuesta de los países europeos para ampliar una prohibición existente desde hace tres años sobre el apoyo de las agencias de crédito a la exportación a las centrales térmicas de carbón.

Según la propuesta de la Unión Europea, la financiación de los organismos de crédito a la exportación, como préstamos y garantías, quedaría prohibida para la mayoría de los proyectos de petróleo y gas.

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Los desacuerdos entre las autoridades estadounidenses y el Banco de Exportaciones e Importaciones de EE.UU. sobre cuál sería el mejor planteamiento ya han paralizado la actuación de la OCDE durante casi un año. Una consideración clave ha sido cómo afectarían las nuevas restricciones al banco, un organismo independiente cuyos estatutos prohíben denegar financiación a cualquier industria, sector o empresa en particular.

El banco debe ser reautorizado por el Congreso en 2026. Representantes de la Casa Blanca y del Departamento del Tesoro de EE.UU. no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el sábado fuera del horario normal de trabajo.

La restricción de la financiación de los combustibles fósiles se considera una forma importante de frenar el flujo de apoyo a los proyectos de petróleo y gas, un año después de que EE.UU. y casi otros 200 países se unieran detrás de un compromiso para la transición fuera de ellos.

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Bajo el mandato de Biden, Estados Unidos se ha comprometido en repetidas ocasiones a realizar ese cambio financiero. Siete días después de asumir la presidencia, Biden ordenó a las agencias estadounidenses que trabajaran con el banco Ex-Im y otras instituciones para buscar formas de “promover el fin de la financiación internacional de la energía basada en combustibles fósiles intensiva en carbono”.

Tres meses más tarde, el Departamento del Tesoro de EE.UU. dijo que trabajaría con los países de la OCDE y otras agencias estadounidenses “para reorientar la financiación lejos de las actividades intensivas en carbono”. Y en diciembre de 2021, EE.UU. firmó una declaración internacional por la que se comprometía a “poner fin a las nuevas ayudas públicas directas al sector energético internacional de combustibles fósiles no renovables”, salvo en circunstancias muy limitadas.

El senador Ed Markey, demócrata por Massachusetts, dijo que es hora de que la administración Biden cumpla esas promesas. Biden ha tenido cuatro años, dijo al margen de la cumbre climática COP29 en Bakú, Azerbaiyán. “Debería terminarlo”.

La Administración se está apresurando a repartir el gasto en virtud de la Ley de Reducción de la Inflación y a afianzar más el legado climático de Biden antes de la toma de posesión de Donald Trump en enero, aunque algunas de esas medidas siguen siendo muy vulnerables a un giro presidencial a partir de 2025.

Sin embargo, un compromiso de la OCDE sería diferente: adoptado por un organismo internacional y considerado inmune a la oposición de la administración entrante. La OCDE representa a los gobiernos de 37 democracias con economías de mercado que establecen normas políticas destinadas a promover un crecimiento económico sostenible.

Markey declaró que pedía al gobierno de Biden que “cumpla su compromiso con las declaraciones de Glasgow de poner fin a la financiación pública de los combustibles fósiles en el extranjero, y que apoye un resultado sólido de la OCDE que se ajuste a los objetivos”.

En estas últimas semanas de la presidencia de Biden, “deberían hacer todo lo correcto”, dijo Markey, señalando que Biden tiene la oportunidad de “quedar muy bien históricamente como presidente del clima” si cumple con su visión “perspicaz y a largo plazo” para la financiación a partir de 2021.

Los partidarios de que la administración actúe están haciendo hincapié en el reloj de la presidencia de Biden, así como en la promesa de Trump de desencadenar la producción de petróleo y gas estadounidense y su amenaza de retirarse del acuerdo climático de París.

“Si Estados Unidos avanza, esto sería más significativo que cualquier cosa que hagan en la COP y más a prueba de Trump”, dijo Kate DeAngelis, gerente del programa de finanzas internacionales del grupo ambientalista Amigos de la Tierra. “Alejará miles de millones de dólares de los combustibles fósiles”.

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