“Cambié la camiseta del sector avícola por la del sector agropecuario”: ministro de Agricultura

El ministro de Agricultura del gobierno que se acaba de posesionar es economista de la Universidad de los Andes y su último papel, antes de la llegada a la cartera rural, lo ejerció en la presidencia de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi). Se llama Andrés Valencia y, en diálogo con este diario, afirma que entre sus prioridades están hacer más eficiente la acción de entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y del Banco Agrario, mejorar la productividad y competitividad del campo, y aprovechar los tratados de libre comercio que tiene el país, en vista de que la instrucción del presidente Iván Duque es no suscribir nuevos acuerdos de ese calibre.

¿Cuáles son sus prioridades como nuevo ministro de Agricultura?

Principalmente, revisar la estructura del Ministerio y su gestión. Podrá sonar como una prioridad extraña, pero tenemos que hacer del Ministerio un gestor de políticas muy rápidamente. Hoy no tenemos eso. Lo queremos profesionalizar y, por eso, estamos reclutando gente muy buena para que nos acompañe en el diseño de la política dentro de los tres pilares que el presidente Iván Duque ha venido trabajando en su plan de gobierno: legalidad, equidad y emprendimiento. Tenemos que “intervenir” el ICA, el Banco Agrario y la Autoridad Nacional de Pesca (Aunap) para que se vuelvan facilitadores del negocio agropecuario. Pronto nombraremos gerente del ICA y presidente del Banco Agrario.

Van a cambiar.

Van a cambiar todos, en principio. Lo haremos paulatinamente, sin atropellar, para que no se generen traumatismos. La meta de mediano y largo plazo es aumentar la productividad del campo. Hay casos específicos, como el arroz de los Llanos, el maíz tradicional, el café y el banano, productos que hoy tienen problemas de productividad. El Ministerio tiene que dar directrices claras de política, que a nuestro modo de ver no se venían dando. Estaba dedicado a ejecutar unos recursos como consecuencia de los compromisos del diálogo social. Queremos pasar de una gestión apagaincendios a una de diseño y creación de políticas. Necesitamos una sincronización del Ministerio con las entidades adscritas y vinculadas. Eso implica revisar la política de créditos o la provisión de bienes públicos y tratar de sincronizar labores que a nuestro modo de ver se vienen duplicando en las entidades del sector. Por ejemplo, en la generación de proyectos productivos. El Ministerio los crea, también la ADR y la de Renovación del Territorio. Esa gestión debe ser coordinada y revisada.

¿Cómo entender que haya esos retos de productividad cuando el sector se ha destacado en el PIB de los últimos trimestres?

Una cosa son los aumentos de producción y otra, los rendimientos de toneladas o cabezas por hectárea, litros por cabeza…

Es una cuestión de eficiencia más que de cantidad...

La idea es que el sector crezca, pero de manera ordenada y que genere rentabilidad al productor. Se generan incentivos perversos que hacen que las producciones crezcan de manera exagerada, pero quedamos con el siguiente problema que es la comercialización, por ejemplo, en el sector arrocero.

¿Qué estrategias ha pensado para solucionar problemas de comercialización como se vio en el caso del arroz?

Hay varias líneas de acción. Queremos ver cómo podemos trabajar con los productores, los gremios y la industria en el ordenamiento de la producción de ciertos bienes y productos del sector. Hay ciclos de cosecha muy marcados en algunos productos, entonces el Estado tiene que entrar a generar incentivos para almacenar o reducir la comercialización de algunos productos para que cuando haya escasez salgan de nuevo. Eso no puede ser una estructura de manera constante. Queremos ver cómo ordenamos eso, entrando con incentivos, líneas de crédito, régimen de lluvias, previsiones del tiempo, con todo lo que esté a nuestro alcance para generar señales claras sobre cuánto podría sembrarse o dejar de sembrarse. Eso en el corto plazo es difícil porque hay cosechas que dependen de bienes públicos, como riego o drenaje o de infraestructura de almacenamiento en frío, silos o plantas de secamiento de granos. Hay que acompañar con una política integral, pero la meta es evitar concentrar los productos agropecuarios y que eso vaya con seguros climáticos, como a los que acabamos de agregar recursos por $30.000 millones; y tratar que la comercialización tenga más certidumbre. El presidente ha insistido en la agricultura por contrato: tener listas las condiciones de comercialización de cosechas antes de que se siembre. Eso genera menos riesgos a la hora de otorgar créditos, facilita la comercialización y se impide que los productores estén sometidos al libre albedrío de compradores.

¿Cuáles son los cambios que necesitan el ICA y el Banco Agrario?

En el banco tenemos un problema de gobierno corporativo. Es una entidad muy grande y no está llegando de manera eficiente a los campesinos, los créditos siguen siendo muy costosos. Según la información que recibimos de los mismos productores, el banco a veces no conoce los sectores que quiere financiar y eso hace que se demoren los trámites. Un funcionario en un pueblo alejado de la capital a veces no entiende cómo funciona el flujo de caja de un cultivo de cítricos, por poner un ejemplo. No tiene variables objetivas para aceptar o rechazar el crédito, entonces lo delega hacia arriba y eso retrasa los procesos. Tiene que ser creativo en las líneas de crédito que quiera manejar y debe tener una política más agresiva en materia de fondeo de recursos. El ICA tiene demasiadas funciones y su acción debe enfocarse en la sanidad animal y vegetal. Eso implica tercerizar, delegar o suprimir funciones, para que se concentre en mejorar el estatus sanitario de los animales y vegetales, y que pueda además ejercer labor de apertura de mercados a través de la negociación de protocolos sanitarios y que podamos aprovechar los TLC que tiene Colombia. El presidente ha enviado una clara señal de no negociar nuevos acuerdos, sino aprovechar los que ya tenemos y parte del aprovechamiento no se da porque no tenemos desbloqueado, desde el punto de vista sanitario y fitosanitario, un buen componente de la oferta exportable. Hay que abrir la carne a Estados Unidos, buscar mercados para la carne de cerdo, de pollo, y ver qué otras frutas, verduras y hortalizas. Eso también nos serviría para canalizar producciones excedentarias.

¿Qué pelea dará por el presupuesto para que todo eso se logre?

En materia presupuestal tenemos desafíos para lo que queda de 2018 y 2019. No queremos interrumpir o influenciar en esas discusiones. Creemos que hay que ser responsables con el desafío fiscal que tenemos. La eficiencia se puede lograr diciéndole al ICA que acelere procesos, reduzca trámites, que no saque tantas normas. La delegación de funciones a otra entidad no implica costo fiscal, sino que los ingresos que recibiría el ICA los recibirá otra entidad. Hay que priorizar y ser pertinentes en el gasto.

¿Qué iniciativas legislativas son prioridad o está pensando presentar?

En el Congreso está una ley de tierras que viene dando su trámite y se ha discutido con los gremios. Tenemos que trabajar con los congresistas para ver cómo se sigue moviendo ese proyecto porque le genera certidumbre a una parte de la política de tierras.

¿Le gusta ese proyecto de ley como está?

Lo que venimos discutiendo desde que estábamos en el sector privado y lo que pudimos discutir en el seno de la SAC es que el proyecto de ley no representaría mayores dificultades, pero hay que estar pendientes de las observaciones que se sigan haciendo. Lo otro es la reglamentación de la ley de zidres, que falta. Eso tiene que permitir empezar a traer inversionistas. Ya tenemos una zona aprobada, pero no tenemos proyectos ahí porque no hemos reglamentado las condiciones para establecerlos. Falta también reglamentar la ley del sistema de innovación agropecuaria para hacer la gestión en materia de asistencia técnica, investigación y desarrollo.

Los cafeteros han manifestado su preocupación por los bajos precios del grano. ¿Qué tiene pensado para atender esa situación?

Sigue bajando el precio en la Bolsa de Nueva York y eso afecta la cotización del precio interno por carga. Hay factores que no manejan los cafeteros, como el precio en Nueva York o la tasa de cambio. En este momento tenemos una tasa que permite compensar la caída de la bolsa, pero de todas maneras hay un elemento adicional: la devaluación del real en Brasil, que ha sido más acelerada que en Colombia. Eso ha fomentado nuevas siembras de café en Brasil, por lo que hoy se está ad portas de tener cosechas récord, por encima de 60 millones de sacos. Son factores difíciles de controlar por parte de la política pública, y cualquier decisión en materia de apoyo se tiene que concertar con el ministro de Hacienda y el Comité Nacional de Cafeteros.

¿Y esos diálogos ya se están dando?

Estamos revisando lo que plantea la Federación. Las solicitudes de apoyos que pretenden que les demos tenemos que coordinarlas con Hacienda.

¿Qué mensaje les envía a los productores que de pronto vieron su llegada con preocupación? Usted viene de Fenavi y desde allí se ha hablado mucho de la necesidad de comprar maíz de Estados Unidos mientras la producción nacional no sea competitiva.

Estaba en Fenavi con la camiseta del sector avícola y ahora tengo la camiseta de todo el sector agropecuario. Tenemos que trabajar de la mano de los maiceros y cerealistas, sobre todo en productividad, hay que trabajar en la reducción de costos. Tendremos que hablar con Agrosavia (antes Corpoica) y pensar si la semilla que estamos sembrando puede ser mejorada con una semilla diferente que produzca mejor rendimiento por hectárea. Hay que hablarlo con calma con los maiceros. El sector tiene que ser más productivo y competitivo porque si no siempre seguiremos teniendo la presión de las importaciones sobre ellos.

¿Habrá TLC con Nueva Zelanda?

No hay nueva ronda de negociación que tengamos conocimiento, tenemos que hablar con el ministro de Comercio. El presidente dio una instrucción clara y es no negociar nuevos TLC. Tenemos que ver cómo metemos en esa señal que el presidente está enviando el acuerdo de la Alianza del Pacífico con Nueva Zelanda. Hay una preocupación de los lecheros, azucareros y productores de carne de res porque se trata de una negociación con países (Nueza Zelanda y Australia) que son casi formadores de los precios de esos productos. El Ministerio seguirá pidiendo la exclusión como se ha venido pidiendo en esa negociación.

¿Qué planes tiene para la administración del fondo parafiscal de los ganaderos?

Recibimos una solicitud de Fedegán de que se surta un debido proceso a lo que ocurrió con ese fondo. Tenemos que analizarla y trabajar en consecuencia con los términos que dice la ley de fomento ganadero.

¿Qué proceso es ese?

Fedegán denuncia que no se hizo un debido proceso durante el trámite que terminó en la pérdida de la administración del fondo. Es una solicitud formal que hacen los ganaderos al Ministerio.

¿Lo revisará antes de sacar pliegos para una licitación?

Tenemos que ponerles atención a las consideraciones legales que se hacen ahí.

El ministro de Agricultura del gobierno que se acaba de posesionar es economista de la Universidad de los Andes y su último papel, antes de la llegada a la cartera rural, lo ejerció en la presidencia de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi). Se llama Andrés Valencia y, en diálogo con este diario, afirma que entre sus prioridades están hacer más eficiente la acción de entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y del Banco Agrario, mejorar la productividad y competitividad del campo, y aprovechar los tratados de libre comercio que tiene el país, en vista de que la instrucción del presidente Iván Duque es no suscribir nuevos acuerdos de ese calibre.

¿Cuáles son sus prioridades como nuevo ministro de Agricultura?

Principalmente, revisar la estructura del Ministerio y su gestión. Podrá sonar como una prioridad extraña, pero tenemos que hacer del Ministerio un gestor de políticas muy rápidamente. Hoy no tenemos eso. Lo queremos profesionalizar y, por eso, estamos reclutando gente muy buena para que nos acompañe en el diseño de la política dentro de los tres pilares que el presidente Iván Duque ha venido trabajando en su plan de gobierno: legalidad, equidad y emprendimiento. Tenemos que “intervenir” el ICA, el Banco Agrario y la Autoridad Nacional de Pesca (Aunap) para que se vuelvan facilitadores del negocio agropecuario. Pronto nombraremos gerente del ICA y presidente del Banco Agrario.

Van a cambiar.

Van a cambiar todos, en principio. Lo haremos paulatinamente, sin atropellar, para que no se generen traumatismos. La meta de mediano y largo plazo es aumentar la productividad del campo. Hay casos específicos, como el arroz de los Llanos, el maíz tradicional, el café y el banano, productos que hoy tienen problemas de productividad. El Ministerio tiene que dar directrices claras de política, que a nuestro modo de ver no se venían dando. Estaba dedicado a ejecutar unos recursos como consecuencia de los compromisos del diálogo social. Queremos pasar de una gestión apagaincendios a una de diseño y creación de políticas. Necesitamos una sincronización del Ministerio con las entidades adscritas y vinculadas. Eso implica revisar la política de créditos o la provisión de bienes públicos y tratar de sincronizar labores que a nuestro modo de ver se vienen duplicando en las entidades del sector. Por ejemplo, en la generación de proyectos productivos. El Ministerio los crea, también la ADR y la de Renovación del Territorio. Esa gestión debe ser coordinada y revisada.

¿Cómo entender que haya esos retos de productividad cuando el sector se ha destacado en el PIB de los últimos trimestres?

Una cosa son los aumentos de producción y otra, los rendimientos de toneladas o cabezas por hectárea, litros por cabeza…

Es una cuestión de eficiencia más que de cantidad...

La idea es que el sector crezca, pero de manera ordenada y que genere rentabilidad al productor. Se generan incentivos perversos que hacen que las producciones crezcan de manera exagerada, pero quedamos con el siguiente problema que es la comercialización, por ejemplo, en el sector arrocero.

¿Qué estrategias ha pensado para solucionar problemas de comercialización como se vio en el caso del arroz?

Hay varias líneas de acción. Queremos ver cómo podemos trabajar con los productores, los gremios y la industria en el ordenamiento de la producción de ciertos bienes y productos del sector. Hay ciclos de cosecha muy marcados en algunos productos, entonces el Estado tiene que entrar a generar incentivos para almacenar o reducir la comercialización de algunos productos para que cuando haya escasez salgan de nuevo. Eso no puede ser una estructura de manera constante. Queremos ver cómo ordenamos eso, entrando con incentivos, líneas de crédito, régimen de lluvias, previsiones del tiempo, con todo lo que esté a nuestro alcance para generar señales claras sobre cuánto podría sembrarse o dejar de sembrarse. Eso en el corto plazo es difícil porque hay cosechas que dependen de bienes públicos, como riego o drenaje o de infraestructura de almacenamiento en frío, silos o plantas de secamiento de granos. Hay que acompañar con una política integral, pero la meta es evitar concentrar los productos agropecuarios y que eso vaya con seguros climáticos, como a los que acabamos de agregar recursos por $30.000 millones; y tratar que la comercialización tenga más certidumbre. El presidente ha insistido en la agricultura por contrato: tener listas las condiciones de comercialización de cosechas antes de que se siembre. Eso genera menos riesgos a la hora de otorgar créditos, facilita la comercialización y se impide que los productores estén sometidos al libre albedrío de compradores.

¿Cuáles son los cambios que necesitan el ICA y el Banco Agrario?

En el banco tenemos un problema de gobierno corporativo. Es una entidad muy grande y no está llegando de manera eficiente a los campesinos, los créditos siguen siendo muy costosos. Según la información que recibimos de los mismos productores, el banco a veces no conoce los sectores que quiere financiar y eso hace que se demoren los trámites. Un funcionario en un pueblo alejado de la capital a veces no entiende cómo funciona el flujo de caja de un cultivo de cítricos, por poner un ejemplo. No tiene variables objetivas para aceptar o rechazar el crédito, entonces lo delega hacia arriba y eso retrasa los procesos. Tiene que ser creativo en las líneas de crédito que quiera manejar y debe tener una política más agresiva en materia de fondeo de recursos. El ICA tiene demasiadas funciones y su acción debe enfocarse en la sanidad animal y vegetal. Eso implica tercerizar, delegar o suprimir funciones, para que se concentre en mejorar el estatus sanitario de los animales y vegetales, y que pueda además ejercer labor de apertura de mercados a través de la negociación de protocolos sanitarios y que podamos aprovechar los TLC que tiene Colombia. El presidente ha enviado una clara señal de no negociar nuevos acuerdos, sino aprovechar los que ya tenemos y parte del aprovechamiento no se da porque no tenemos desbloqueado, desde el punto de vista sanitario y fitosanitario, un buen componente de la oferta exportable. Hay que abrir la carne a Estados Unidos, buscar mercados para la carne de cerdo, de pollo, y ver qué otras frutas, verduras y hortalizas. Eso también nos serviría para canalizar producciones excedentarias.

¿Qué pelea dará por el presupuesto para que todo eso se logre?

En materia presupuestal tenemos desafíos para lo que queda de 2018 y 2019. No queremos interrumpir o influenciar en esas discusiones. Creemos que hay que ser responsables con el desafío fiscal que tenemos. La eficiencia se puede lograr diciéndole al ICA que acelere procesos, reduzca trámites, que no saque tantas normas. La delegación de funciones a otra entidad no implica costo fiscal, sino que los ingresos que recibiría el ICA los recibirá otra entidad. Hay que priorizar y ser pertinentes en el gasto.

¿Qué iniciativas legislativas son prioridad o está pensando presentar?

En el Congreso está una ley de tierras que viene dando su trámite y se ha discutido con los gremios. Tenemos que trabajar con los congresistas para ver cómo se sigue moviendo ese proyecto porque le genera certidumbre a una parte de la política de tierras.

¿Le gusta ese proyecto de ley como está?

Lo que venimos discutiendo desde que estábamos en el sector privado y lo que pudimos discutir en el seno de la SAC es que el proyecto de ley no representaría mayores dificultades, pero hay que estar pendientes de las observaciones que se sigan haciendo. Lo otro es la reglamentación de la ley de zidres, que falta. Eso tiene que permitir empezar a traer inversionistas. Ya tenemos una zona aprobada, pero no tenemos proyectos ahí porque no hemos reglamentado las condiciones para establecerlos. Falta también reglamentar la ley del sistema de innovación agropecuaria para hacer la gestión en materia de asistencia técnica, investigación y desarrollo.

Los cafeteros han manifestado su preocupación por los bajos precios del grano. ¿Qué tiene pensado para atender esa situación?

Sigue bajando el precio en la Bolsa de Nueva York y eso afecta la cotización del precio interno por carga. Hay factores que no manejan los cafeteros, como el precio en Nueva York o la tasa de cambio. En este momento tenemos una tasa que permite compensar la caída de la bolsa, pero de todas maneras hay un elemento adicional: la devaluación del real en Brasil, que ha sido más acelerada que en Colombia. Eso ha fomentado nuevas siembras de café en Brasil, por lo que hoy se está ad portas de tener cosechas récord, por encima de 60 millones de sacos. Son factores difíciles de controlar por parte de la política pública, y cualquier decisión en materia de apoyo se tiene que concertar con el ministro de Hacienda y el Comité Nacional de Cafeteros.

¿Y esos diálogos ya se están dando?

Estamos revisando lo que plantea la Federación. Las solicitudes de apoyos que pretenden que les demos tenemos que coordinarlas con Hacienda.

¿Qué mensaje les envía a los productores que de pronto vieron su llegada con preocupación? Usted viene de Fenavi y desde allí se ha hablado mucho de la necesidad de comprar maíz de Estados Unidos mientras la producción nacional no sea competitiva.

Estaba en Fenavi con la camiseta del sector avícola y ahora tengo la camiseta de todo el sector agropecuario. Tenemos que trabajar de la mano de los maiceros y cerealistas, sobre todo en productividad, hay que trabajar en la reducción de costos. Tendremos que hablar con Agrosavia (antes Corpoica) y pensar si la semilla que estamos sembrando puede ser mejorada con una semilla diferente que produzca mejor rendimiento por hectárea. Hay que hablarlo con calma con los maiceros. El sector tiene que ser más productivo y competitivo porque si no siempre seguiremos teniendo la presión de las importaciones sobre ellos.

¿Habrá TLC con Nueva Zelanda?

No hay nueva ronda de negociación que tengamos conocimiento, tenemos que hablar con el ministro de Comercio. El presidente dio una instrucción clara y es no negociar nuevos TLC. Tenemos que ver cómo metemos en esa señal que el presidente está enviando el acuerdo de la Alianza del Pacífico con Nueva Zelanda. Hay una preocupación de los lecheros, azucareros y productores de carne de res porque se trata de una negociación con países (Nueza Zelanda y Australia) que son casi formadores de los precios de esos productos. El Ministerio seguirá pidiendo la exclusión como se ha venido pidiendo en esa negociación.

¿Qué planes tiene para la administración del fondo parafiscal de los ganaderos?

Recibimos una solicitud de Fedegán de que se surta un debido proceso a lo que ocurrió con ese fondo. Tenemos que analizarla y trabajar en consecuencia con los términos que dice la ley de fomento ganadero.

¿Qué proceso es ese?

Fedegán denuncia que no se hizo un debido proceso durante el trámite que terminó en la pérdida de la administración del fondo. Es una solicitud formal que hacen los ganaderos al Ministerio.

¿Lo revisará antes de sacar pliegos para una licitación?

Tenemos que ponerles atención a las consideraciones legales que se hacen ahí.