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La Contraloría General de la República lanzó una alerta nacional sobre varios proyectos de infraestructura, entre ellos hablaba del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total que tiene una ejecución rezagada.
Dicho programa está diseñado para intervenir 33.102 km de vías rurales terciarias en 26 departamentos, tiene una inversión estimada de $8 billones.
A octubre 15 de 2024, se han suscrito 2.157 convenios solidarios y contratos, de los cuales se han terminado obras en 728 de ellos; están en ejecución 285 convenios solidarios; están suspendidos 20 convenios y están firmados sin iniciar ejecución 1.124 convenios y contratos, todo esto con una inversión total de $ 524.778 millones, de acuerdo con la entidad.
Frente a esto, el director general del Invías refutó la declaración de la Contraloría sobre dicho programa. El argumento es que “las dificultades identificadas son atribuibles a factores externos no previsibles”.
Al respecto, la Contraloría sostiene que se entiende entonces que son fundadas las alertas que dio respecto de las dificultades detectadas en el desarrollo del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.
Reitera el ente de control que el avance de este Programa no se puede considerar como satisfactorio ni que las “condiciones están controladas y cubiertas” como lo asegura el director general del Invías, puesto que de la inversión, luego de transcurridos 27 de los 48 meses del actual Gobierno Nacional, tan solo se ha invertido el correspondientes al 6,56 % de la meta definida.
Insiste la Contraloría que, según la información que le fue reportada por Invías, a octubre 15 de 2024 se han terminado 728 de los 2.157 convenios y contratos suscritos en 2023 y 2024, muchos de los cuales han tenido varias prórrogas al plazo promedio de 5 meses inicialmente pactado.
“Por todo lo anterior es que la Contraloría General de la República ha decidido realizar, a partir de enero de 2025, una Auditoría de Cumplimiento al Invías por el Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total (vigencias 2023 y 2024), a efectos de revisar y evaluar la gestión fiscal de los recursos públicos utilizados y el debido cumplimiento de las normas, especificaciones técnicas, presupuestos, calidad de obras y plazos pactados en dichos convenios”, informó la entidad.
Los reparos de la Contraloría al programa
Entre las falencias detectadas están:
- Avance físico muy por debajo del cronograma establecido.
- Incremento en los plazos de ejecución, que a la fecha oscilan entre 7 y 12 meses (originalmente planificados de 1 a 3 meses).
- Dificultades en la supervisión e interventoría, debido a montos insuficientes en los convenios.
Los departamentos de Boyacá (con 4), Atlántico (3), Bolívar (3) y Risaralda (3) presentan el mayor número de proyectos suspendidos, mientras que Nariño, Atlántico y Magdalena enfrentan las prórrogas más largas.
De acuerdo con el ente de control, estas situaciones afectan a las comunidades beneficiarias que, en muchos casos, son los propios ejecutores de las obras. Además, retrasan la debida conectividad de las zonas rurales donde se ubican e incrementan los costos de las obras.
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