Camioneros, en alerta máxima por decreto del Ministerio de Transporte
Representantes del gremio expresaron rechazo a un documento oficial que habla de chatarrización. Cuestionaron que tan solo dos meses después de terminar el paro camionero más largo de la historia de Colombia, el gobierno, advierten, esté incumpliendo los acuerdos.
Redacción Negocios y Economía
El decreto 1517, radicado el pasado 22 de septiembre por el ministerio de Transporte, tiene en alerta máxima a los camioneros del país. Todo parece indicar que los distintos gremios de transportadores de carga, incluida la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, CCT, y la Asociación de Trabajadores de Carga, ATC, están inconformes y molestos con las posibles consecuencias de la implementación de la nueva medida.
El documento se refiere a la tan cuestionada chatarrización, y los representantes de los conductores del país denunciaron que, contrario a lo establecido por el ordenamiento jurídico, el ministro de transporte, Jorge Eduardo Rojas, nunca se reunió con ellos para concertar y definir el contenido del decreto. Incluso, critican el hecho de no haber conocido ni siquiera el borrador del proyecto. Según ellos, la puesta en práctica de esta resolución beneficia a unos pocos y perjudica a más de un millón y medio de familias que viven del transporte de carga y que se verían afectados por la nueva hoja de ruta de la reposición vehicular.
En el comunicado de prensa firmado por Luis Orlando Ramírez, director nacional de ATC y por Jorge García, presidente de CCT, entre otros líderes del gremio, se anuncia que el decreto 1517, encargado de crear el registro único nacional de desintegración física de vehículos e ingreso de nuevos vehículos de transporte terrestre automotor de carga, viola los acuerdos que ayudaron a levantar el pasado paro camionero y acaba con el famoso 1 a 1.
En ese sentido, los camioneros hacen énfasis en que esta decisión permite establecer plazos perentorios nunca acordados y abrir el mercado de los vehículos sin tener en cuenta la excesiva sobreoferta de camiones. "Después de pagar los vehículos postulados en el programa de desintegración física a los transportadores, El ministerio hará uso de los cupos, afectando la regulación".
Fuentes cercanas al ministerio le dijeron a El Espectador que a estas acusaciones son fruto de la mala interpretación del decreto, y que este miércoles se citará a una reunión entre los delegados de la entidad y los representantes de los camioneros, con el fin de aclarar las posibles confusiones y evitar que esta discusión altere el funcionamiento normal del gremio.
Manfry Parra, representante de los conductores, habló con este medio y dijo que las implicaciones del nuevo decreto serán gravísimas para todos los camioneros porque ahora el Ministerio podrá decidir a quién le vende el cupo del carro chatarrizado, y así acabar con el único mecanismo de regulación encargado de mantener estable la cantidad y el precio de los vehículos. Para Parra, lo que sigue es hacer trabajo de base, “contarle a los conductores de las regiones las consecuencias nefastas del decreto y esperar que decisión toman”.
Ante esta difícil situación es imposible no recordar los efectos negativos que trajo consigo el pasado paro camionero: 45 días de inmovilización, un muerto, cuatro heridos, aumento en la inflación y cerca de 2 billones de pesos en pérdidas. (Lea: Por pérdidas durante paro camionero fijarían nuevo incremento de tasas de interés)
El decreto 1517, radicado el pasado 22 de septiembre por el ministerio de Transporte, tiene en alerta máxima a los camioneros del país. Todo parece indicar que los distintos gremios de transportadores de carga, incluida la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, CCT, y la Asociación de Trabajadores de Carga, ATC, están inconformes y molestos con las posibles consecuencias de la implementación de la nueva medida.
El documento se refiere a la tan cuestionada chatarrización, y los representantes de los conductores del país denunciaron que, contrario a lo establecido por el ordenamiento jurídico, el ministro de transporte, Jorge Eduardo Rojas, nunca se reunió con ellos para concertar y definir el contenido del decreto. Incluso, critican el hecho de no haber conocido ni siquiera el borrador del proyecto. Según ellos, la puesta en práctica de esta resolución beneficia a unos pocos y perjudica a más de un millón y medio de familias que viven del transporte de carga y que se verían afectados por la nueva hoja de ruta de la reposición vehicular.
En el comunicado de prensa firmado por Luis Orlando Ramírez, director nacional de ATC y por Jorge García, presidente de CCT, entre otros líderes del gremio, se anuncia que el decreto 1517, encargado de crear el registro único nacional de desintegración física de vehículos e ingreso de nuevos vehículos de transporte terrestre automotor de carga, viola los acuerdos que ayudaron a levantar el pasado paro camionero y acaba con el famoso 1 a 1.
En ese sentido, los camioneros hacen énfasis en que esta decisión permite establecer plazos perentorios nunca acordados y abrir el mercado de los vehículos sin tener en cuenta la excesiva sobreoferta de camiones. "Después de pagar los vehículos postulados en el programa de desintegración física a los transportadores, El ministerio hará uso de los cupos, afectando la regulación".
Fuentes cercanas al ministerio le dijeron a El Espectador que a estas acusaciones son fruto de la mala interpretación del decreto, y que este miércoles se citará a una reunión entre los delegados de la entidad y los representantes de los camioneros, con el fin de aclarar las posibles confusiones y evitar que esta discusión altere el funcionamiento normal del gremio.
Manfry Parra, representante de los conductores, habló con este medio y dijo que las implicaciones del nuevo decreto serán gravísimas para todos los camioneros porque ahora el Ministerio podrá decidir a quién le vende el cupo del carro chatarrizado, y así acabar con el único mecanismo de regulación encargado de mantener estable la cantidad y el precio de los vehículos. Para Parra, lo que sigue es hacer trabajo de base, “contarle a los conductores de las regiones las consecuencias nefastas del decreto y esperar que decisión toman”.
Ante esta difícil situación es imposible no recordar los efectos negativos que trajo consigo el pasado paro camionero: 45 días de inmovilización, un muerto, cuatro heridos, aumento en la inflación y cerca de 2 billones de pesos en pérdidas. (Lea: Por pérdidas durante paro camionero fijarían nuevo incremento de tasas de interés)