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En estas elecciones muchos temas se han discutido, pero todavía falta debate público y compromisos sobre un tema central de relevancia para la salud pública y la financiación del país: los impuestos a las bebidas azucaradas. Hace cuatro años el impuesto a estos productos era ampliamente mencionado como parte del debate por la presidencia. Los candidatos Humberto de la Calle, Iván Duque, Juan Carlos Pinzón y Marta Lucía Ramírez se oponían al impuesto, tal como lo había hecho el gobierno Santos en su momento. Sus argumentos eran en defensa de la industria, aludiendo que el problema era una cuestión pedagógica y de cultura ciudadana, que bastaba con mejorar los hábitos individuales, en vez de afectar al sector de bebidas. También señalaban que el impuesto afectaba a las clases menos favorecidas, por ser los mayores consumidores de estos productos.
El único que se mostró a favor fue el actual candidato presidencial Gustavo Petro, quien ya en 2018 proponía desarrollar cinco programas nacionales para resolver problemas prioritarios de salud pública, dentro de los cuales destacaba el segundo: “Colombia Humana nutrida con calidad y afecto, cero muertes por hambre, lucha contra el sobrepeso y la obesidad, impuesto a las bebidas azucaradas y promoción de una industria alimentaria sana”.
Actualmente, a pesar de no ser un tema central en las propuestas presidenciales, el consumo de bebidas azucaradas o endulzadas es bastante preocupante.
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Según la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, a pesar de que la ingesta de este tipo de bebidas respecto a 2018 ha tenido una leve disminución, del 68 al 62 % en 2021, aún son más de la mitad de las personas del país quienes las consumen, siendo los niños entre los 12 a 17 años la población más afectada, con una proporción del 78 %. El problema es que la Organización Mundial de la Salud ha señalado la ingesta de bebidas azucaradas como uno de los principales factores que contribuyen al sobrepeso y la obesidad, las cuales han aumentado rápidamente en nuestro país, sobre todo entre la población infantil y adolescente.
Con el fin de desincentivar el consumo de estos productos y frenar el incremento del sobrepeso y la obesidad, organizaciones de la sociedad civil han promovido esta medida sin que hasta ahora haya prosperado en ninguna de las propuestas recientes de reforma fiscal. A esto se suma que estimaciones para el caso colombiano muestran que una sobretasa del 20 % al consumo de estas bebidas generaría al menos $1 billón anuales, cifra nada despreciable en la apretada bolsa de recursos públicos. Vale la pena entonces analizar qué dicen los actuales candidatos presidenciales en relación con una posible implementación de este impuesto.
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¿Qué dicen los actuales candidatos sobre el impuesto?
Los candidatos Enrique Gómez y John Milton Rodríguez no incluyen este impuesto dentro de sus propuestas, ni tampoco alguna medida de política económica que influya sobre el sector alimentario azucarero o de bebidas.
En su programa de gobierno Federico Gutiérrez solo expone la meta de disminución en 30 % de la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años mediante la articulación de prestadores de salud, aseguradores y entes territoriales, así como la puesta en marcha de 20 rutas de atención integral. Sin embargo, no explica qué hará en materia de obesidad, un problema creciente y de gran impacto en la nutrición de la población infantil.
Tampoco el ingeniero Rodolfo Hernández propone nada específico al respecto en su programa. Sin embargo, analiza la situación del sector rural colombiano citando el informe sobre alimentación y sostenibilidad, titulado “Nueva cultura alimentaria”, de Greenpeace, que alerta sobre las principales problemáticas del país para fomentar la soberanía alimentaria. Propone la sustitución de importaciones como mecanismo para reducir la huella ambiental del ingreso de maíz, trigo y azúcar de caña, que representan alrededor del 30 % de los productos consumidos localmente.
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El programa Colombia, Potencia Mundial de Vida de Gustavo Petro, incluye una referencia implícita a este impuesto en el apartado sobre Protección de los alimentos y la salud. Dice que no extenderá el IVA a la canasta familiar e impulsará impuestos saludables dirigidos a mejorar el acceso adecuado en cantidad y calidad nutricional de los alimentos. A diferencia de hace cuatro años, la actual propuesta parece incompleta, ya que no describe cómo ni sobre qué productos aplicará estos impuestos saludables.
Finalmente, el único programa de gobierno que sí desarrolla este tema de manera explícita es el de Sergio Fajardo. Dentro de su propuesta de reforma al sistema de salud, sintetizada en 10 puntos claves, menciona la sostenibilidad financiera del sistema en el quinto punto a través de impuestos saludables refiriéndose a una serie de tributos aplicables a las bebidas azucaradas y la comida chatarra, y elevando las tarifas al gravamen a los cigarrillos.
De acuerdo con el programa, estos impuestos “contribuirán, desde la prevención, a disminuir la carga de enfermedad que impacta directamente en la prevalencia de enfermedades cardiovasculares, el incremento del riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer y la mayor prevalencia de diabetes, entre otras, desestimulando su consumo”. Esto también permitirá incrementar los recursos que se recaudan para la atención en salud, pues todo está enmarcado en la realización de un plan financiero de mediano y largo plazo para determinar las necesidades de recursos del sector hacia futuro.
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¿Qué dicen las regiones?
Las gobernaciones son un actor clave en este tema ya que, de aprobarse, es posible que su recaudo dependa de las regiones tal como sucede actualmente con el impuesto al consumo de cerveza, licores y cigarrillos. Las gobernaciones, en conjunto con la Federación Nacional de Departamentos (FND) analizaron el tema en una serie de encuentros llamados “Las regiones proponen, el congreso responde”.
En la consolidación del paquete de propuestas resultante de estos encuentros anotan “la excesiva dependencia que tienen de los ingresos por concepto del impuesto al consumo de cerveza, licores y cigarrillos”, representando en 2021 el 46,8 % de los ingresos tributarios provenientes de este impuesto. De aquí que propongan “la creación del impuesto al consumo de cannabis medicinal, a las bebidas azucaradas y a las nuevas modalidades de consumo de cigarrillo con y sin nicotina, para mejorar las finanzas de las regiones”.
También mencionan que de 33 países de América Latina y el Caribe, en 21 se aplican impuestos selectivos al consumo de bebidas azucaradas, que para el caso colombiano se podría aprovechar para beneficiar y sanear la red pública hospitalaria y, de paso, fortalecer la estructura fiscal de los departamentos.
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En últimas, el tema sobre comportamientos de consumo saludable, específicamente de bebidas azucaradas, debe recuperar un espacio relevante en el debate, no solo como un asunto de salud pública, sino también como una fuente importante de financiación que puede ayudar a las demandas regionales o nacionales.
Bien utilizado, el impuesto podría ser una fuente de recursos para impulsar el consumo de agua potable o el consumo de alimentos más saludables, lo que impactaría positivamente en la población más vulnerable.
Llama la atención que pese a todos sus beneficios, pocos candidatos se hayan tomado en serio esta propuesta que resulta saludable para la gente y las finanzas.
* Investigador línea de justicia económica, Dejusticia.
** Directora línea de justicia económica, Dejusticia.
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