Cartel de la seguridad privada podría seguir recibiendo contratos estatales

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló un nuevo pliego de cargos contra ocho empresas de seguridad privada que ya habían sido sancionadas en abril de este año. En su momento, la SIC interpuso la sanción por la formación de un cartel entre 2009 y 2012. Esta vez la investigación corresponde al período comprendido entre 2012 y 2015. En otras palabras, se está estudiando la posible continuación de la colusión de estas compañías por tres años más. (Lea Sancionan a siete empresas de seguridad privada por cartelización)

Al igual que en el primer proceso, las empresas a las que les formularon los cargos son Guardianes, Starcoop, Cobasec, Centinel, Expertos, Insevig, Security Management Group y Sejarpi (esta última no fue sancionada este año, pero sí fue investigada). Entre 2009 y 2012, estas empresas recibieron contratos por $70.000 millones. Y en esta oportunidad la SIC estudia los contratos de más de $30.000 millones que recibieron entre 2012 y 2015.

En esta nueva investigación se aprecia el mismo modus operandi del caso precedente (2009 y 2012): “Las ocho empresas investigadas presuntamente habrían conformado, de facto o de hecho, un grupo empresarial denominado ‘Grupo SMG’, controlado presuntamente por Jorge Arturo Moreno Ojeda, por medio del cual se habrían manipulado a través de prácticas anticompetitivas, numerosos procesos de contratación estatal con diferentes entidades públicas”, explicó la SIC.

Las multas que traería la nueva investigación podrían superar los 100.000 salarios mínimos ($73.771 millones) para las empresas involucradas, y para los directivos serían de más de $1.400 millones.

La práctica anticompetitiva que se investiga consistía en que las empresas “simulaban ser competidoras independientes en licitaciones públicas por más de $30.000 millones entre 2012 y 2015, cuando en realidad habrían presuntamente actuado de forma coordinada, concertada y bajo la dirección de su controlante oculto, Moreno Ojeda”.

En agosto de 2016, la Fiscalía le imputó cargos a Jorge Arturo Moreno Ojeda por los delitos de fraude procesal y acuerdos restrictivos de la competencia. Luego de estar nueve meses prófugo de la justicia, Moreno Ojeda fue capturado en Miami, en mayo de 2017, por medio de colaboración de las autoridades colombianas con la Interpol.

Entre las entidades públicas presuntamente afectadas por la violación de la libre competencia económica se encuentran el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Transporte, la Secretaría de Educación de Bogotá y el Ministerio de Trabajo, entre otras.

Pese a las sanciones y la nueva investigación, estas empresas podrían seguir figurando en las licitaciones. El Espectador encontró que las compañías condenadas por cartelización no quedan inhabilitadas para ofertar por nuevos contratos del Estado.

De manera que las multas se podrían ver como un costo más del negocio: entre 2009 y 2012, el cartel de la seguridad privada recibió contratos por más de $70.000 millones y la multa que se le impuso fue de $26.000 millones.

Para el superintendente delegado, Felipe García, “el hecho de que las empresas condenadas por cartelización no queden inhabilitadas para contratar con el Estado es un punto para que el país reflexione. Esta fue una de las motivaciones que tuvimos con el proyecto de ley que presentamos, pues queríamos hacer más severas las sanciones en contra de estas malas prácticas”.

Por su parte, Claudia López, senadora del Partido Verde, afirmó que “es un absurdo que las empresas que han sido condenadas por sobornos, por cartelización o por las demás modalidades de corrupción sigan con la posibilidad de acceder a contratos del Estado. Estas compañías ven las sanciones y multas como costos que incorporan en su plan de negocios. Por esto uno de los puntos de nuestra consulta anticorrupción propone que las empresas involucradas en estos casos pierdan todos los contratos y queden inhabilitadas para participar por futuras licitaciones”.

Sólo queda esperar los resultados de esta investigación de la SIC contra las ocho empresas y que, a pesar de que resulte en nuevas sanciones, les permitiría seguir figurando en licitaciones estatales.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló un nuevo pliego de cargos contra ocho empresas de seguridad privada que ya habían sido sancionadas en abril de este año. En su momento, la SIC interpuso la sanción por la formación de un cartel entre 2009 y 2012. Esta vez la investigación corresponde al período comprendido entre 2012 y 2015. En otras palabras, se está estudiando la posible continuación de la colusión de estas compañías por tres años más. (Lea Sancionan a siete empresas de seguridad privada por cartelización)

Al igual que en el primer proceso, las empresas a las que les formularon los cargos son Guardianes, Starcoop, Cobasec, Centinel, Expertos, Insevig, Security Management Group y Sejarpi (esta última no fue sancionada este año, pero sí fue investigada). Entre 2009 y 2012, estas empresas recibieron contratos por $70.000 millones. Y en esta oportunidad la SIC estudia los contratos de más de $30.000 millones que recibieron entre 2012 y 2015.

En esta nueva investigación se aprecia el mismo modus operandi del caso precedente (2009 y 2012): “Las ocho empresas investigadas presuntamente habrían conformado, de facto o de hecho, un grupo empresarial denominado ‘Grupo SMG’, controlado presuntamente por Jorge Arturo Moreno Ojeda, por medio del cual se habrían manipulado a través de prácticas anticompetitivas, numerosos procesos de contratación estatal con diferentes entidades públicas”, explicó la SIC.

Las multas que traería la nueva investigación podrían superar los 100.000 salarios mínimos ($73.771 millones) para las empresas involucradas, y para los directivos serían de más de $1.400 millones.

La práctica anticompetitiva que se investiga consistía en que las empresas “simulaban ser competidoras independientes en licitaciones públicas por más de $30.000 millones entre 2012 y 2015, cuando en realidad habrían presuntamente actuado de forma coordinada, concertada y bajo la dirección de su controlante oculto, Moreno Ojeda”.

En agosto de 2016, la Fiscalía le imputó cargos a Jorge Arturo Moreno Ojeda por los delitos de fraude procesal y acuerdos restrictivos de la competencia. Luego de estar nueve meses prófugo de la justicia, Moreno Ojeda fue capturado en Miami, en mayo de 2017, por medio de colaboración de las autoridades colombianas con la Interpol.

Entre las entidades públicas presuntamente afectadas por la violación de la libre competencia económica se encuentran el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Transporte, la Secretaría de Educación de Bogotá y el Ministerio de Trabajo, entre otras.

Pese a las sanciones y la nueva investigación, estas empresas podrían seguir figurando en las licitaciones. El Espectador encontró que las compañías condenadas por cartelización no quedan inhabilitadas para ofertar por nuevos contratos del Estado.

De manera que las multas se podrían ver como un costo más del negocio: entre 2009 y 2012, el cartel de la seguridad privada recibió contratos por más de $70.000 millones y la multa que se le impuso fue de $26.000 millones.

Para el superintendente delegado, Felipe García, “el hecho de que las empresas condenadas por cartelización no queden inhabilitadas para contratar con el Estado es un punto para que el país reflexione. Esta fue una de las motivaciones que tuvimos con el proyecto de ley que presentamos, pues queríamos hacer más severas las sanciones en contra de estas malas prácticas”.

Por su parte, Claudia López, senadora del Partido Verde, afirmó que “es un absurdo que las empresas que han sido condenadas por sobornos, por cartelización o por las demás modalidades de corrupción sigan con la posibilidad de acceder a contratos del Estado. Estas compañías ven las sanciones y multas como costos que incorporan en su plan de negocios. Por esto uno de los puntos de nuestra consulta anticorrupción propone que las empresas involucradas en estos casos pierdan todos los contratos y queden inhabilitadas para participar por futuras licitaciones”.

Sólo queda esperar los resultados de esta investigación de la SIC contra las ocho empresas y que, a pesar de que resulte en nuevas sanciones, les permitiría seguir figurando en licitaciones estatales.