CCI advierte parálisis en proyectos clave por problemas con el presupuesto

De los $502 billones aprobados en el Presupuesto General de la Nación, $16,7 billones corresponden al sector transporte y, de esa partida, $13,6 se asignaron para inversión de proyectos de infraestructura concesionados y de obra pública. Este lunes, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, advirtió que hay preocupación en el gremio por la no desagregación de $12,5 billones del presupuesto (que hacen parte de los $13,6 billones mencionados).

Si bien la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) reconoce que el presidente Gustavo Petro, en el Congreso Nacional de Infraestructura, aseguró que los contratos de concesión se van a respetar, la no desagregación del presupuesto y los anuncios recientes sobre las vigencias futuras ponen en riesgo los proyectos.

“La CCI ve con gran preocupación que, en el decreto de liquidación de presupuesto del año 2024, el Gobierno Nacional omite la desagregación de $12,5 billones para asegurar los recursos de inversión de los proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invı́as) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), lo cual está paralizando el funcionamiento de estas entidades y la ejecución de las obras a su cargo”, afirmó Caicedo.

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Respecto a la desagregación del presupuesto, Bonilla aseguró el viernes que no hay ningún vicio jurídico: “la norma dice que se tiene que liquidar el presupuesto aprobado por el Congreso. No se modificó ninguna cifra de lo aprobado por el Congreso”.

Sin embargo, lo más preocupante, según el gremio, es que la situación “violenta” lo dispuesto en la Ley Estatutaria de Presupuesto.

La Cámara también afirma que le sorprenden los recientes anuncios del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que señalan que el pago de las vigencias futuras no se realizaría de acuerdo con los contratos suscritos, sino en función de “decisiones discrecionales relacionadas con el avance de la ejecución física de los proyectos”.

La Cámara argumenta que esta decisión podría paralizar iniciativas estratégicas, como la Primera Línea del Metro de Bogotá. El gremio precisó que las vigencias futuras “cumplen un propósito de financiación para garantizar los recursos que suministra el capital privado, por lo que nada tiene que ver el pago de tales vigencias con el ritmo de ejecución de las obras” y que, para el caso de los retrasos, la ley dispone de mecanismos contractuales y administrativos.

Caicedo sostuvo que ya se siente la parálisis en varios programas del Instituto Nacional de Vías por la no expedición del decreto. Pone sobre la mesa, por ejemplo, que la decisión ya ha dejado sin trabajo a 2.600 microempresarios porque no es posible adicionar contratos para el mantenimiento rutinario de todas las vías nacionales no concesionadas desde el 31 de enero de este año. Agrega que se suspendieron los procesos licitatorios de microempresas y administradores viales, por un monto $267.000 para este año, “porque no es posible la ratificación de las vigencias futuras ya aprobadas”.

De acuerdo con la CCI, el Invías no puede licitar el mantenimiento periódico de las carreteras no concesionadas porque no tiene los certificados de disponibilidad presupuestal. La situación podría llevar incluso a la suspensión del tránsito por corredores como el cruce de La Línea, ya que ese contrato vence en marzo.

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Por la imposibilidad de expedir los registros presupuestales de 2024, los proyectos en ejecución del programa “Legalidad y reactivación” tendrían que suspender obras. En total, de acuerdo con el gremio, se verían afectados 57 proyectos declarados de importancia estratégica, como la variante San Francisco-Mocoa, la vía Popayán-Isnos, San José del Guaviare-Calamar, la Transversal del Catatumbo y Conexión Alta Guajira.

Incluso la ejecución de uno de los programas bandera del Gobierno, Caminos Comunitarios para la Paz Total, quedaría paralizada.

“Los empleos también están en riesgo ya: la no liquidación del presupuesto impide la contratación de cerca de 1000 contratistas de prestación de servicios en la ANI y el Invı́as, quienes no están vinculados desde el pasado mes de diciembre”, dice el comunicado del gremio de infraestructura.

Ante este panorama, también preocupa la pérdida de confianza de los inversionistas. Para la CCI, las circunstancias actuales no solo le ponen “freno de mano” a la reactivación económica, sino también a la continuidad al modelo APP (Asociaciones Público-Privadas).

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De los $502 billones aprobados en el Presupuesto General de la Nación, $16,7 billones corresponden al sector transporte y, de esa partida, $13,6 se asignaron para inversión de proyectos de infraestructura concesionados y de obra pública. Este lunes, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, advirtió que hay preocupación en el gremio por la no desagregación de $12,5 billones del presupuesto (que hacen parte de los $13,6 billones mencionados).

Si bien la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) reconoce que el presidente Gustavo Petro, en el Congreso Nacional de Infraestructura, aseguró que los contratos de concesión se van a respetar, la no desagregación del presupuesto y los anuncios recientes sobre las vigencias futuras ponen en riesgo los proyectos.

“La CCI ve con gran preocupación que, en el decreto de liquidación de presupuesto del año 2024, el Gobierno Nacional omite la desagregación de $12,5 billones para asegurar los recursos de inversión de los proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invı́as) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), lo cual está paralizando el funcionamiento de estas entidades y la ejecución de las obras a su cargo”, afirmó Caicedo.

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Respecto a la desagregación del presupuesto, Bonilla aseguró el viernes que no hay ningún vicio jurídico: “la norma dice que se tiene que liquidar el presupuesto aprobado por el Congreso. No se modificó ninguna cifra de lo aprobado por el Congreso”.

Sin embargo, lo más preocupante, según el gremio, es que la situación “violenta” lo dispuesto en la Ley Estatutaria de Presupuesto.

La Cámara también afirma que le sorprenden los recientes anuncios del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que señalan que el pago de las vigencias futuras no se realizaría de acuerdo con los contratos suscritos, sino en función de “decisiones discrecionales relacionadas con el avance de la ejecución física de los proyectos”.

La Cámara argumenta que esta decisión podría paralizar iniciativas estratégicas, como la Primera Línea del Metro de Bogotá. El gremio precisó que las vigencias futuras “cumplen un propósito de financiación para garantizar los recursos que suministra el capital privado, por lo que nada tiene que ver el pago de tales vigencias con el ritmo de ejecución de las obras” y que, para el caso de los retrasos, la ley dispone de mecanismos contractuales y administrativos.

Caicedo sostuvo que ya se siente la parálisis en varios programas del Instituto Nacional de Vías por la no expedición del decreto. Pone sobre la mesa, por ejemplo, que la decisión ya ha dejado sin trabajo a 2.600 microempresarios porque no es posible adicionar contratos para el mantenimiento rutinario de todas las vías nacionales no concesionadas desde el 31 de enero de este año. Agrega que se suspendieron los procesos licitatorios de microempresas y administradores viales, por un monto $267.000 para este año, “porque no es posible la ratificación de las vigencias futuras ya aprobadas”.

De acuerdo con la CCI, el Invías no puede licitar el mantenimiento periódico de las carreteras no concesionadas porque no tiene los certificados de disponibilidad presupuestal. La situación podría llevar incluso a la suspensión del tránsito por corredores como el cruce de La Línea, ya que ese contrato vence en marzo.

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Por la imposibilidad de expedir los registros presupuestales de 2024, los proyectos en ejecución del programa “Legalidad y reactivación” tendrían que suspender obras. En total, de acuerdo con el gremio, se verían afectados 57 proyectos declarados de importancia estratégica, como la variante San Francisco-Mocoa, la vía Popayán-Isnos, San José del Guaviare-Calamar, la Transversal del Catatumbo y Conexión Alta Guajira.

Incluso la ejecución de uno de los programas bandera del Gobierno, Caminos Comunitarios para la Paz Total, quedaría paralizada.

“Los empleos también están en riesgo ya: la no liquidación del presupuesto impide la contratación de cerca de 1000 contratistas de prestación de servicios en la ANI y el Invı́as, quienes no están vinculados desde el pasado mes de diciembre”, dice el comunicado del gremio de infraestructura.

Ante este panorama, también preocupa la pérdida de confianza de los inversionistas. Para la CCI, las circunstancias actuales no solo le ponen “freno de mano” a la reactivación económica, sino también a la continuidad al modelo APP (Asociaciones Público-Privadas).

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