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Después de 13 años, Colombia volverá a tener un censo de población, que arranca, en su forma virtual, el próximo 9 de enero. La medición no sólo sirve para saber cuántos somos, sino para hacer comparaciones con respecto a los resultados de 2005 y detectar nuevas o persistentes necesidades o carencias en la calidad de vida de las personas, con el fin de que puedan ser atendidas a través de la política pública. Al sector privado, las cifras actualizadas le darán luces sobre los tamaños de los mercados, entre otras cosas.
Uno de los puntos que este censo busca develar es la composición étnica del país. Por eso preguntarán si usted se reconoce como indígena; gitano o rrom; raizal; palenquero; negro, mulato, afrodescendiente o afrocolombiano, o ninguno. Según las cifras de 2005, el 3,4 % de la población en Colombia dijo ser indígena, y el 10,5 %, negra, mulata o afro. Sin embargo, por muchas razones, como el racismo, se cree que puede haber un subregistro.
El año pasado, Marcelo Paixão, profesor de la Universidad de Texas en Austin, explicó en entrevista con este diario cómo, en el caso de Brasil, en apenas 20 años la población que se identificaba como blanca cayó en 10 puntos porcentuales, algo que no se explica con un boom en la natalidad de personas negras ni una epidemia que hubiera afectado a las que decían ser blancas. Lo que subyace es una mayor conciencia sobre el cuerpo y que haya menos barreras para decir: “Sí, soy negro”.
Para los grupos étnicos, que el censo quede “bien hecho” es particularmente importante, incluso más en el marco del posacuerdo, pues son poblaciones que históricamente han sido violentadas. Por eso, desde que se empezó a hablar de este operativo han estado pendientes y señalado preocupaciones que persisten, como el presupuesto.
Según Mauricio Perfetti, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “entre los recursos que se recibieron en 2016, más lo que tenemos de 2017, más lo que está asignado en el presupuesto apropiado para este año nuevo, son cerca de $350.000 millones”. Eso, con el ajuste de la inflación, es casi equivalente al costo del censo de hace 13 años. Para la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), los recursos dispuestos “no son acordes con las dificultades de acceso territoriales, requerimientos pedagógicos y culturales para garantizar que los objetivos y productos propuestos contengan un enfoque diferencial (étnico)”.
En una carta dirigida al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, Perfetti afirmó que “las restricciones fiscales y por tanto presupuestales del momento nos limitan a hacer un censo básico y austero”. La intención de la misiva es solicitar recursos de la cartera de Salud para poder ampliar el cuestionario y recoger información básica para poder calcular un índice de pobreza multidimensional ajustado e información básica sobre la población con discapacidad en Colombia.
No obstante esa limitación de presupuesto, Perfetti le manifestó al ministro Gaviria que el cuestionario del censo permitirá tener “información básica con enfoque diferencial étnico”, y, en diálogo con este diario, a la pregunta de si considera que el dinero disponible es suficiente, el director del DANE respondió: “Este presupuesto es ajustado a la realidad del país, a la tecnología con la que disponemos hoy y a un formulario que no puede ser muy extenso”.
El cuestionario, que, según dijo Perfetti a El Espectador, tendrá entre 50 y 58 preguntas —probablemente el censo electrónico será más extenso—, es otra de las preocupaciones de las organizaciones que representan a los grupos étnicos. Éstas consideran que conocer de antemano la cantidad, formulación y orden de las preguntas es clave en el proceso de sensibilización y pedagogía sobre la importancia del censo con las propias comunidades.
Por eso reclaman que el DANE cumpla con la entrega del formulario final, para poder, por ejemplo, traducir las preguntas a lengua materna y calcular el tiempo que toma aplicarlo.
El DANE afirmó a este diario que la entrega se hará y que el 9 de enero no debe entenderse como la fecha de inicio del censo de los grupos étnicos, pues esa medición se realizará de manera presencial. Esa fase puerta a puerta para todo el país empezará en abril. Respecto a la forma como quedaron planteadas las preguntas, por ejemplo, la de autorreconocimiento, Perfetti insistió en que quedarán en el formulario tal y como quedaron concertadas en la consulta previa.
No obstante, de acuerdo con la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA): “No hay certeza sobre si la consulta previa, libre e informada realizada en coordinación con el Espacio Nacional de Consulta Previa Afrodescendiente se desplegó en el territorio nacional con las organizaciones de base y consejos comunitarios. De hecho, hay sectores que afirman que este proceso no se llevó a cabo con transparencia, ni cumplió con los estándares que se requieren para la garantía de este derecho”.
Respecto a otra de las dudas que quedan, la de la ruta del censo, Perfetti explicó que es el DANE el que la determina, a partir de lo concertado en la consulta previa y de la experiencia que dejó el Censo Nacional Agropecuario. Sin embargo, la información detallada es parte de los insumos que entrega la entidad a los operadores de movilidad y de personal, operadores que, después de presentar la debida documentación y pasar lo filtros establecidos por las normas, pueden ser organizaciones representantes de las mismas comunidades.
En definitiva, la ruta es información que sólo se entrega cuando ya hay una relación en el marco de un convenio, que debe establecerse antes de que empiece a regir la Ley de Garantías, el 27 de enero de 2018. La contratación, según el cronograma presentado por el DANE, arrancaría en marzo.
Sobre pobreza y discapacidad
Al tiempo que se conoció la semana pasada la carta que Mauricio Perfetti le envió al ministro de Salud, radicada en noviembre, el DANE afirmó a este diario que estaba trabajando con organizaciones de personas con discapacidad para encontrar una solución al problema de la limitación de recursos que no permitiría recoger información sobre este grupo de población. Según el censo de 2005, en Colombia hay cerca de tres millones de personas con discapacidad.
Los representantes de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Discapacidad emitieron un comunicado en el que recuerdan que, según los principios y recomendaciones de la ONU, la discapacidad se debe investigar en los censos, y excluir las preguntas al respecto sería “una grave violación de los derechos de las personas con discapacidad”.
Colombia, de hecho, ratificó en 2011 la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El comunicado agregó que no contar con datos actualizados sobre esta población “sería un gran retroceso social, político y cultural”.
Otro punto, que puede afectar de forma transversal a los grupos étnicos y a las personas con discapacidad, y que incluso es fundamental para la implementación del Acuerdo de Paz, sería la falta de estadística sobre pobreza multidimensional (aquella que mide las condiciones de acceso a salud, educación, vivienda, entre otros factores, y no sólo los ingresos, y que en 2016 se ubicó a nivel nacional en 17,8 %). Roberto Angulo, consultor y coautor del Índice de Pobreza Multidimensional en Colombia, opinó a través de su cuenta en Twitter que, de no conseguirse los recursos necesarios, “podemos completar más de veinte años sin medidas oficiales de pobreza multidimensional a escala municipal”.
Así las cosas, la preocupación de que el censo quede “bien hecho” no es exclusiva de los grupos étnicos. La medición será materia prima para la toma de decisiones de diferentes tipos de actores y para la formulación de políticas públicas que resuelvan problemas de inclusión o de acceso a salud, entre muchos otros. De seguir la recomendación internacional, es un censo que tardará 10 años en actualizarse, o incluso más.
Cronograma del censo poblacional 2018
9 de enero arranca el censo virtual, e irá hasta el 8 de marzo.
Al también llamado e-censo pueden acceder todos los colombianos. Sin embargo, los
funcionarios públicos están particularmente llamados a diligenciarlo.
En marzo comienza la contratación de censistas.
En abril arrancará el censo puerta a puerta.
En julio se espera tener los resultados preliminares.