Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Desde el pasado 8 de mayo Jenny Camargo trabaja de lunes a sábado en Bogotá. Tiene que tomar tres buses desde el 20 de Julio para llegar al lugar que le asignaron para cumplir su tarea el viernes que nos conocimos, en el barrio San Luis, localidad de Chapinero, muy cerca del límite con el municipio de La Calera. Jenny es uno de los casi 1.400 censistas que hay en la capital, levantando información que, junto con la del resto del país, busca dar una imagen estadística de quienes habitan en Colombia: cuántos son, hombres y mujeres, en dónde están, qué les hace falta...
No ha sido un proceso perfecto. Desde su preparación hubo discrepancias en la concertación con las comunidades étnicas e incertidumbre sobre el presupuesto, y aún hay quienes reclaman que los campesinos no se encuentren representados en la pregunta de autorreconocimiento, entre otros puntos. Cuando arrancó el censo electrónico, la página del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) colapsó en las primeras horas y muchos errores se siguieron registrando hasta marzo, cuando terminaba el plazo para responder las preguntas en línea. Éste se amplió hasta el 12 de abril y, en total, más de cinco millones de personas hicieron el proceso por internet.
En todo caso, es un ejercicio que no se llevaba a cabo en el país desde hace 13 años y que es vital para observar procesos y transformaciones en la población y tomar decisiones: en teoría, sirve para diseñar políticas públicas para atender las necesidades que tiene la gente; al sector privado le ayuda a ver, por ejemplo, el tamaño de los mercados, y, en tanto información, puede ser una herramienta de empoderamiento para la sociedad civil.
Jenny y sus hijos, puesto en la jerga oficial, se “e-censaron”, es decir, hicieron el proceso por internet. El objetivo del DANE era que la mayor cantidad de gente se hiciera contar por ese medio –entre otras razones, porque ahorra costos–. Por lo tanto, los funcionarios públicos –y más quienes trabajan en la medición estadística– debían “dar ejemplo”. Para ellos era una obligación “e-censarse”. Pero en los barrios San Luis y La Sureña no se ve mucho de eso. El de doña Martha, por ejemplo, es un hogar de la mayoría que no llenó el formulario en línea.
Por fuera, su casa parece un jardín infantil, es decir, un lugar donde no reside nadie. Pero la tarea de los censistas, pese a que tienen información y cartografía previa, es recorrer todas las edificaciones y preguntar si alguien vive ahí. Según Liliana Acevedo, coordinadora del censo para Bogotá, en donde se calcula que está cerca del 20 % de la población colombiana, las personas que hacen el operativo han sido sensibilizadas sobre la importancia de tocar cada puerta, pues no hacerlo puede significar perder los datos de todo un hogar o incluso más.
Doña Martha es madre comunitaria y, en efecto, vive en el lugar donde cuida a los niños. A diferencia de otras personas, dejó entrar a la censista a su casa, incluso armó una salita improvisada para la encuesta, pero es decisión de cada uno si hace pasar al funcionario o si responde las preguntas en el marco de la puerta –así esté lloviendo, como el día en que doña Martha fue censada–. También es opcional si le ofrece el juguito o el tintico, que, dicen los superiores, el censista acepta a riesgo de alargar la visita y no cumplir con la meta de 16 encuestas diarias en zona urbana (ocho en zona rural).
Entre las reglas de oro que hay en el grupo están no cuestionar a los censados, por supuesto no responder las preguntas por ellos y no hablar de religión ni de política, un tema particularmente sensible en época de elecciones. El operativo estaba planteado para 2016, pero por factores como la falta de recursos arrancó este año, en el que hubo elecciones de Congreso, presidenciales e incluso de alcaldes.
“¿Las elecciones pueden afectar en algo el censo?”, le preguntó El Espectador al director del DANE, Mauricio Perfetti, en una entrevista publicada a comienzos de este año. Él contestó: “Si Colombia dejara de hacer operaciones estadísticas por elecciones, sería paria en estadística, porque hay elecciones de Congreso, presidenciales, de alcaldes, gobernadores, atípicas, etc. No podríamos levantar información porque hay elecciones. Por eso la gente que entra (a trabajar en el censo) pasa por una plataforma virtual, tenemos la trazabilidad de si entró al curso, si no bajó los documentos, si no presentó la prueba, cuánto sacó, si hizo sus tareas”.
Jenny, por ejemplo, recuerda que se inscribió el año pasado y, luego, atravesó por una capacitación en línea y otra presencial. Desde cómo llenar el formulario, pasando por conocimientos en cartografía, hasta el trato adecuado con las comunidades –que son diversas por características tan elementales como la edad– estaban entre los contenidos de esa formación, según cuenta.
De vuelta al asunto de las elecciones, una de las creencias que los ejecutores del operativo desmienten es que el censo tenga algún fin relacionado con las votaciones actuales o que sirva para expulsar extranjeros, quienes, si viven hace más de seis meses en Colombia –es decir, son “residentes habituales” –, deben ser contados. Acevedo insiste en que el operativo se rige por la ley de reserva estadística. Esto es: al final, los resultados del censo se mostrarán agregados, como conjunto de todo lo que obtuvo el DANE, pues la información de cada individuo es confidencial y no se comparte con ninguna entidad. De hecho, los censistas deben descargar todos los datos que recogen de los aparatos electrónicos en los que hacen la encuesta.
Se trata de dispositivos digitales en los que llenar una encuesta para un hogar de cuatro personas puede tomar unos 35 minutos. Por su aspecto, que a simple vista es como el de cualquier celular, algunos han sido robados, pese a que los compañeros tratan de cuidarse entre sí, la policía hace rondas y hay contacto con los cuadrantes. Aparte de que el ladrón se lleva un equipo que no sirve para nada más que censar, “nos hacen un daño enorme, porque es nuestra herramienta de trabajo. Pedimos a la ciudadanía que nos cuide y nos respeten estos elementos para que podamos culminar esta tarea”, dice Acevedo.
Otra de las peticiones que hace es para los administradores de los conjuntos residenciales, muy comunes en ciudades como Bogotá. En casas de uno o dos pisos es relativamente sencillo tocar a la puerta y acordar con los residentes para que al menos haya un mayor de edad que pueda dar la información de los miembros del hogar. Si el día agendado no se puede llenar el cuestionario, es fácil volver a cuadrar o dejar la notificación. Pero en edificios con decenas o cientos de apartamentos la tarea se complica, así que tener de su lado la colaboración de los administradores es importante para Acevedo y su equipo.
No sobra decir que contestar el censo es obligatorio. Negarse puede implicar multas, pero, al oír a quienes lo desarrollan, el mensaje que queda es que es una instancia para evitar a toda costa; intentan, más bien, explicar la importancia de la medición y su confidencialidad; ajustarse al tiempo de las personas y volver otro día a tocar una puerta si es necesario. Para el caso de “lugares especiales de alojamiento”, como cárceles, hogares para los adultos mayores o cuarteles, hay un equipo especializado. Otros, como hoteles u hospitales, explica Acevedo, no son encuestados.
El último censo, de 2005, dio cuenta de que más del 95 % de las personas en el país no hablaban inglés o de que sólo el 36 % sabía usar un computador. Los nuevos resultados quizá podrán decir algo sobre la política educativa o de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hace 13 años la mayoría de los habitantes en Colombia eran mujeres, excepto en el grupo etario de cero a 14 años, y el 30 % de los hogares tenían como jefe a una mujer, como en el caso de Jenny Camargo.
Ella y cerca de 31.000 personas más que trabajan en el censo (entre censistas, supervisores, coordinadores, entre otras posiciones) esperan en este momento que el operativo termine en julio. Tener una fecha exacta se antoja difícil ante la cantidad de imprevistos que ocurren a diario: dificultades en la movilidad de un lado a otro, hogares con los que toca reagendar la visita, otros que ni siquiera se sabía que existían en determinado lugar y hasta mordeduras de perros que sufren los funcionarios, como la registrada un par de días antes de mi visita (y según ellos, cubiertas por la ARL). Pero el objetivo es claro: una mayoría de viviendas con un sticker en la puerta que diga que fueron censadas y que son los lugares de residencia de 50 millones de personas que habitan en Colombia. Es una cifra estimada para la que este censo dará luces más claras.