Central de inteligencia empresarial contra el soborno

Al estilo de la famosa franquicia de televisión CSI (Crime Scene Investigation) que, en forma oportuna, se dedica a recoger indicios que le permitan llegar pronto al autor de un acto delictivo, la Superintendencia de Sociedades ha montado un sofisticado laboratorio forense para perseguir compañías colombianas que hayan incurrido en conductas de soborno por fuera del país. No es espionaje, pero sí se acerca a la labor de una policía judicial, aclara la persona encargada de darle vida a esta central de inteligencia, el superintendente, Francisco Reyes.

“Decidimos integrar un laboratorio forense, crear toda una división de la Superintendencia en donde tenemos los equipos de última tecnología, con máquinas sofisticadas que permiten hacer tomas de información, análisis de los datos que se capturan y facilitar, desde luego, la clasificación de esa información”, dice Reyes.

Esa central de inteligencia se creó en el marco del desarrollo de la Ley 1778 de 2016 y por recomendación de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y ha contado con la colaboración del FBI y la Oficina de las Naciones Unidas para la prevención de la Droga y el Delito.

Reyes insiste en aclarar que no es espionaje, pero sí tiene algo de policía judicial. “El espionaje es ilegítimo y esta es una actividad legal donde lo que se hace es ejercer funciones de inspección que la Superintendencia realiza en sus diligencias abiertas con todas las garantías procesales y todos los sistemas que la ley establece”.

Los empresarios que pueden estar bajo esta vigilancia, cerca de 350 corporaciones colombianas, no le temen al anuncio. Muchos saben de su existencia. A Bruce Mac Master, presidente de la Andi, el poderoso gremio de los empresarios nacionales, le parece bien la creación de una unidad u oficina encargada de estos asuntos en la Superintendencia de Sociedades.

Desde el sofisticado laboratorio forense, que la Superintendencia de Sociedades instaló en sus predios, ya se adelantan investigaciones, seguimientos y controles a los más sonados casos de corrupción y soborno transnacional en los que estén involucradas empresas privadas colombianas.

Desde esta dependencia se rastrean con precisión archivos y movimientos sospechosos, sobre los que la entidad tenga indicios de posibles delitos económicos o actos de corrupción. Opera bajo la supervisión de un equipo de ingenieros, investigadores y especialistas de la Superintendencia, entrenados en el seguimiento de conductas como el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. “En el último año, sólo por concepto de extinción de dominio, hemos recuperado US$15 millones exclusivamente por temas derivados de la corrupción”, indicó la vicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros, en la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción en Viena (Austria).

“La ley 1778 establece que si una compañía colombiana a través de intermediarios o de compañías filiales o de sucursales o de cualquier persona le paga a un funcionario público de un país extranjero cualquier dádiva, para que haga algo a favor de la sociedad o deje de hacer, eso se convierte en un acto de soborno internacional que está sujeto a las sanciones que la ley establece”, señala el encargado de la entidad de control del sector empresarial.

A pesar de que la norma es nueva, se han comenzado a hacer algunas investigaciones como el caso de Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios), una filial de la firma Canal de Isabel II. “Es la más conocida”, dice el funcionario. Se detectaron vínculos con las compañías que operan en Colombia y “hemos iniciado investigaciones internacionales”.

El presidente de Fenalco –gremio de los comerciantes–, Guillermo Botero, sostiene que “todas las medidas encaminadas a prevenir corrupción son bienvenidas en la medida en que no se vuelvan una carga excesiva para el empresario”. Con todo lo que sea para prevenir la corrupción “estoy de acuerdo”, dice.

Funcionarios allegados al laboratorio destacan que la capacidad de acopio de datos de éste es de tal magnitud que ha permitido recaudar 1.670 gigas de información relacionadas con el mayor escándalo de la historia reciente: el de la multinacional brasileña Odebrecht, que protagoniza hechos de corrupción en varios países de Latinoamérica. El tamaño de dicha información equivale a una sesión permanente de 3.340 horas (139 días) de videos o películas.

“En este como en otros casos investigados, el laboratorio ha sido clave para detectar correos electrónicos, transacciones financieras, comunicaciones y aspectos económicos consignados en archivos de Excel”, reitera uno de los funcionarios encargados de la operación del sistema.

También, la Superintendencia de Sociedades ha utilizado esta poderosa herramienta en otras investigaciones emblemáticas, como el sonado caso de las libranzas. Acá se manejan voluminosos expedientes, por ser uno de los más complejos procesos contra la captación ilegal de recursos del público.

“Utilizando esta tecnología ha sido posible detectar los sofisticados métodos de fraude que se utilizaron en la comercialización de pagarés de las libranzas y fue posible detectar, entre miles de estos documentos, cuáles habían sido duplicados, clonados o adulterados”, dice otro funcionario de la entidad, que también prefirió el anonimato.

Explica un documento de la entidad de control responsable de poner a funcionar el laboratorio forense que mediante un software se comparten datos con autoridades judiciales en Colombia y el exterior, facilitando el intercambio de información y pruebas sobre expedientes en los que hay intereses comunes. Todo dentro del marco de convenios de cooperación, como los recientemente suscritos con Perú o el que se gestiona con Brasil.

Muchas investigaciones han servido para rastrear activos implicados en procesos fraudulentos que van a parar a paraísos fiscales. No se descarta que algunas investigaciones tengan relación con casos de los Papeles de Panamá o el más reciente de los Papeles del Paraíso. “Cualquier compañía offshore colombiana que le pertenezca a una sociedad matriz en Colombia, que se utilice para hacer soborno internacional, está vigilada, está sometida a estas facultades”, dice Francisco Reyes.

En el último año, la Superintendencia de Sociedades ha invertido más de $3.200 millones en la adquisición y adecuación de estos equipos, “celosamente vigilados y sometidos al estricto mantenimiento de los expertos”.

Al estilo de la famosa franquicia de televisión CSI (Crime Scene Investigation) que, en forma oportuna, se dedica a recoger indicios que le permitan llegar pronto al autor de un acto delictivo, la Superintendencia de Sociedades ha montado un sofisticado laboratorio forense para perseguir compañías colombianas que hayan incurrido en conductas de soborno por fuera del país. No es espionaje, pero sí se acerca a la labor de una policía judicial, aclara la persona encargada de darle vida a esta central de inteligencia, el superintendente, Francisco Reyes.

“Decidimos integrar un laboratorio forense, crear toda una división de la Superintendencia en donde tenemos los equipos de última tecnología, con máquinas sofisticadas que permiten hacer tomas de información, análisis de los datos que se capturan y facilitar, desde luego, la clasificación de esa información”, dice Reyes.

Esa central de inteligencia se creó en el marco del desarrollo de la Ley 1778 de 2016 y por recomendación de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y ha contado con la colaboración del FBI y la Oficina de las Naciones Unidas para la prevención de la Droga y el Delito.

Reyes insiste en aclarar que no es espionaje, pero sí tiene algo de policía judicial. “El espionaje es ilegítimo y esta es una actividad legal donde lo que se hace es ejercer funciones de inspección que la Superintendencia realiza en sus diligencias abiertas con todas las garantías procesales y todos los sistemas que la ley establece”.

Los empresarios que pueden estar bajo esta vigilancia, cerca de 350 corporaciones colombianas, no le temen al anuncio. Muchos saben de su existencia. A Bruce Mac Master, presidente de la Andi, el poderoso gremio de los empresarios nacionales, le parece bien la creación de una unidad u oficina encargada de estos asuntos en la Superintendencia de Sociedades.

Desde el sofisticado laboratorio forense, que la Superintendencia de Sociedades instaló en sus predios, ya se adelantan investigaciones, seguimientos y controles a los más sonados casos de corrupción y soborno transnacional en los que estén involucradas empresas privadas colombianas.

Desde esta dependencia se rastrean con precisión archivos y movimientos sospechosos, sobre los que la entidad tenga indicios de posibles delitos económicos o actos de corrupción. Opera bajo la supervisión de un equipo de ingenieros, investigadores y especialistas de la Superintendencia, entrenados en el seguimiento de conductas como el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. “En el último año, sólo por concepto de extinción de dominio, hemos recuperado US$15 millones exclusivamente por temas derivados de la corrupción”, indicó la vicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros, en la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción en Viena (Austria).

“La ley 1778 establece que si una compañía colombiana a través de intermediarios o de compañías filiales o de sucursales o de cualquier persona le paga a un funcionario público de un país extranjero cualquier dádiva, para que haga algo a favor de la sociedad o deje de hacer, eso se convierte en un acto de soborno internacional que está sujeto a las sanciones que la ley establece”, señala el encargado de la entidad de control del sector empresarial.

A pesar de que la norma es nueva, se han comenzado a hacer algunas investigaciones como el caso de Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios), una filial de la firma Canal de Isabel II. “Es la más conocida”, dice el funcionario. Se detectaron vínculos con las compañías que operan en Colombia y “hemos iniciado investigaciones internacionales”.

El presidente de Fenalco –gremio de los comerciantes–, Guillermo Botero, sostiene que “todas las medidas encaminadas a prevenir corrupción son bienvenidas en la medida en que no se vuelvan una carga excesiva para el empresario”. Con todo lo que sea para prevenir la corrupción “estoy de acuerdo”, dice.

Funcionarios allegados al laboratorio destacan que la capacidad de acopio de datos de éste es de tal magnitud que ha permitido recaudar 1.670 gigas de información relacionadas con el mayor escándalo de la historia reciente: el de la multinacional brasileña Odebrecht, que protagoniza hechos de corrupción en varios países de Latinoamérica. El tamaño de dicha información equivale a una sesión permanente de 3.340 horas (139 días) de videos o películas.

“En este como en otros casos investigados, el laboratorio ha sido clave para detectar correos electrónicos, transacciones financieras, comunicaciones y aspectos económicos consignados en archivos de Excel”, reitera uno de los funcionarios encargados de la operación del sistema.

También, la Superintendencia de Sociedades ha utilizado esta poderosa herramienta en otras investigaciones emblemáticas, como el sonado caso de las libranzas. Acá se manejan voluminosos expedientes, por ser uno de los más complejos procesos contra la captación ilegal de recursos del público.

“Utilizando esta tecnología ha sido posible detectar los sofisticados métodos de fraude que se utilizaron en la comercialización de pagarés de las libranzas y fue posible detectar, entre miles de estos documentos, cuáles habían sido duplicados, clonados o adulterados”, dice otro funcionario de la entidad, que también prefirió el anonimato.

Explica un documento de la entidad de control responsable de poner a funcionar el laboratorio forense que mediante un software se comparten datos con autoridades judiciales en Colombia y el exterior, facilitando el intercambio de información y pruebas sobre expedientes en los que hay intereses comunes. Todo dentro del marco de convenios de cooperación, como los recientemente suscritos con Perú o el que se gestiona con Brasil.

Muchas investigaciones han servido para rastrear activos implicados en procesos fraudulentos que van a parar a paraísos fiscales. No se descarta que algunas investigaciones tengan relación con casos de los Papeles de Panamá o el más reciente de los Papeles del Paraíso. “Cualquier compañía offshore colombiana que le pertenezca a una sociedad matriz en Colombia, que se utilice para hacer soborno internacional, está vigilada, está sometida a estas facultades”, dice Francisco Reyes.

En el último año, la Superintendencia de Sociedades ha invertido más de $3.200 millones en la adquisición y adecuación de estos equipos, “celosamente vigilados y sometidos al estricto mantenimiento de los expertos”.