¿Centralizar o no recursos para coronavirus?, desacuerdo entre alcaldes y administración nacional

En medio de la pandemia del coronavirus que tiene al mundo temblando y a la economía patas arriba, en el país está creciendo como un torbellino la queja de varios mandatarios regionales y algunos legisladores por la dirección que el Gobierno le ha dado a los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), que en conjunto suman algo más de $14,8 billones.

Estos fondos son, por decirlo de alguna manera, un salvavidas que tiene el Estado. Usualmente, ambos funcionan para mantener estable el gasto público en inversión de las entidades territoriales a través del tiempo. Pero también pueden funcionar como ahorros que se tienen en periodos de vacas gordas y cuando la economía funciona bien, para luego ser invertidas en momentos de emergencia. En este caso el Gobierno Nacional decidió usarlos de esta manera para afrontar los coletazos del nuevo coronavirus.

Lo primero que hizo el Gobierno nacional fue crear un fondo (Fondo de Mitigación Emergencias, FOME) para atender, en medio de la pandemia, los requerimientos de la salud, que es un sector centralizado. Una vez declarada la emergencia, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció que el Gobierno echaría mano de los recursos del FONPET y el FAE “en virtud a que esta crisis en materia de salud pública se combina con unos deterioros en los precios internacionales del petróleo como consecuencia de factores absolutamente ajenos a la voluntad del Gobierno”.

Carrasquilla señaló que ese dinero funcionaría para atender dificultades como la actual. Los recursos del FAE valen cerca de $12,1 billones y los ahorros pensionales en el FONPET son de $2,7 billones. El ministró afirmó que, después de atender las necesidades en el sector de la salud, estos fondos van a “mantener el funcionamiento de nuestro sistema económico con base en garantías de crédito”. Y por aquí es que comenzó a armarse la polémica con los mandatarios locales.

La destinación de estos recursos del FONPET Y FAEP, desde el lado de Gobierno, responde a diversas presiones: las dificultades para endeudarse, más aún con precios del petróleo por debajo de los US$30 por barril, además de la mirada amenazante de las calificadoras de riesgo en materia fiscal. Y lo que pasa es que si los otorgadores de crédito se afectan, es decir lo bancos, esto genera un efecto dominó en términos de liquidez en el sistema.

La alcaldesa Claudia López fue la primera en oponerse a esta decisión y  afirmó desde su cuenta de Twitter que era “inaudito que el Gobierno Nacional se aproveche de emergencia económica para autoprestarse recursos de los entes territoriales para dárselos a bancos y empresas! Abuso absurdo, que además nos disminuye recursos que deben ser para la salud y el cuidado de la gente y los hogares”.

Jorge Iván Ospina, acalde de Cali, también anotó en su cuenta de Twitter: “Somos los territorios, en especial las alcaldías, quienes estamos en 1era (primera) línea de atender la crisis del coronavirus, no es el momento para el centralismo”.

El Ministerio de Hacienda explicó a través de un comunicado que "en el caso del préstamo del FAE, no se comprometen los recursos del Sistema General de Regalías al que tienen derecho las entidades territoriales al momento de ser requerido el desahorro. Estos recursos serán repagados, a partir de la vigencia 2023. En el caso del FONPET serán repagados en las próximas 10 vigencias lo que garantiza que las entidades territoriales puedan seguir cumpliendo con el pago de sus obligaciones pensionales”.

En una rueda de prensa este lunes, Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, aclaró: "Queremos darle claridad a los colombianos y a los líderes y mandatarios regionales y locales de que no se les está quitando ningún recurso de liquidez. El Gobierno tomó un préstamos del FOPET, pensiones que se van a pagar del año 2040. Lo tomó para que esas pensiones, que hoy no se tienen que pagar, esos gastos que hoy no se tienen que hacer, nos ayuden a mitigar y afrontar esta crisis. Vamos a destinar más de $6 billones adicionales a los que tenemos hoy en el sistema de salud para atender esta emergencia, que el Gobierno le pagará a las entidades territoriales para que a partir de 2040 puedan cumplir con sus obligaciones en materia pensional".

El funcionario refutó las críticas de la alcaldesa de Bogotá al decir que "ninguno de los recursos que se están asignando son para la banca. Estamos dándole recursos a los ciudadanos que más lo necesitan. Nadie está saliendo a salvar un banco. Nadie está saliendo a salvar al sector financiero. Lo que estamos haciendo es dotar de recursos para que la señora que tiene un restaurante en el barrio pueda tener acceso a nuevos créditos (…) si presenta un problema por tener que cerrar. Con recursos del FOME no vamos a dotar al sistema financiero. Los recursos para dar créditos y para apalancar mayores inversiones están garantizados a través de otros mecanismos, como son la capitalización del Fondo Nacional de Garantías”.

Por su parte, la Federación Nacional de Departamentos apoyó el decreto 444 y dijo a través de un comunicado que "es importante anotar que la disposición de recursos del FA y FONPET serán para inversión destinada a atender la emergencia en las regiones y no restringen la disponibilidad actual de recursos para inversión de los municipios y departamentos. Así mismo, en reunión con el Gobierno, se ha dado claridad que la inversión con los recursos de dicho fondo se realizará de manera concertada con las entidades territoriales, de acuerdo con sus necesidades".

Sobre esta nueva disputa entre mandatarios locales y el Gobierno, los analistas están divididos. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señaló “que el decreto va en la dirección correcta en términos de herramientas y recursos necesarios en esta difícil coyuntura. Celebro además que el Ministerio haya precisado que la línea de liquidez no se financiará con recursos del fondo de mitigación de emergencias, eliminando una preocupación que había surgido desde las entidades territoriales".

El exministro Juan Camilo Restrepo, por su parte, consideró que los alcaldes tienen razón: “El decreto (444) es innecesariamente centralista y abre una compleja discusión ante la Corte Constitucional”. Para el exfuncionario, el ministro Carrasquilla recurre “a la ambigüedad de endeudarse con entidades territoriales (desahorrando al descapitalizar los fondos), lo cual le va a causar dolores de cabeza”. 

“Da la impresión que el gobierno tiene ‘pudor’ en decir que sí se va a endeudar más (con entidades internacionales, con el Banco de la Republica o con el mercado) si es necesario para enfrentar la crisis”, agregó el exministro Restrepo.

Y anota: “Es curioso, hasta antes de coronavirus el gobierno emitió frenéticamente TES, y ahora que llegó el virus le entró el ‘pudor’  tardío de endeudarse más, lo cual, si las cosas siguen como van, terminará haciendo de todas maneras.  El decreto 444 puede denominarse como el decreto del pudor tardío”.

Para Wilson Tovar, gerente de investigaciones económicas de Acciones y Valores, el Gobierno hace bien al centralizar el uso de los recursos. Para el analista no se trata de darle la plata al sistema financiero. En esto concuerda Carlos Sepúlveda, decano de la facultad de Economía de la Universidad del Rosario, quien aseguró que  “con esta medida, el Gobierno Nacional busca prepararse para generar flujos de dinero para evitar a toda costa una crisis financiera”.

Lo último que puede hacer el Estado, agregó Sepúlveda, es servir como prestamista a todas las compañías “porque no tiene cómo subsidiar y financiar”. Ese apoyo de liquidez transitoria al sistema financiero, advirtió el decano, permite que la gente pueda acceder a créditos a muy bajas tasas de interés.

Lo ejemplificó así: "Hay que pensar en las empresas que no generan grandes utilidades y que no tienen colchones para soportar un mes de cierre. Lo que necesitaría es un crédito corto y pequeño para cumplir con las obligaciones de sus operaciones y pueda pagarlo con calma y sin presión en el mediano plazo. El Estado ni tiene cómo prestarles a todos, pero si inyecta liquidez a los bancos, estos sí podrán hacerlo para ofrecer servicios a bajas tasas de interés". Eso no quiere decir, señaló Sepúlveda, que el Estado esté financiando a los bancos.¡

Aunque reconoció que, efectivamente, se les quita posibilidad de manejo a la regiones, está convencido de que es una crisis nacional grave y que la solución sólo puede hacerse de manera coordinada. "Este es un problema que se tendrá que manejar con cuidado y eficiencia. Y si hoy un alcalde empieza a tomar unos fondos irresponsablemente, de manera ineficiente, eso después hará falta para recuperarnos”.

* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus. 

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En medio de la pandemia del coronavirus que tiene al mundo temblando y a la economía patas arriba, en el país está creciendo como un torbellino la queja de varios mandatarios regionales y algunos legisladores por la dirección que el Gobierno le ha dado a los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), que en conjunto suman algo más de $14,8 billones.

Estos fondos son, por decirlo de alguna manera, un salvavidas que tiene el Estado. Usualmente, ambos funcionan para mantener estable el gasto público en inversión de las entidades territoriales a través del tiempo. Pero también pueden funcionar como ahorros que se tienen en periodos de vacas gordas y cuando la economía funciona bien, para luego ser invertidas en momentos de emergencia. En este caso el Gobierno Nacional decidió usarlos de esta manera para afrontar los coletazos del nuevo coronavirus.

Lo primero que hizo el Gobierno nacional fue crear un fondo (Fondo de Mitigación Emergencias, FOME) para atender, en medio de la pandemia, los requerimientos de la salud, que es un sector centralizado. Una vez declarada la emergencia, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció que el Gobierno echaría mano de los recursos del FONPET y el FAE “en virtud a que esta crisis en materia de salud pública se combina con unos deterioros en los precios internacionales del petróleo como consecuencia de factores absolutamente ajenos a la voluntad del Gobierno”.

Carrasquilla señaló que ese dinero funcionaría para atender dificultades como la actual. Los recursos del FAE valen cerca de $12,1 billones y los ahorros pensionales en el FONPET son de $2,7 billones. El ministró afirmó que, después de atender las necesidades en el sector de la salud, estos fondos van a “mantener el funcionamiento de nuestro sistema económico con base en garantías de crédito”. Y por aquí es que comenzó a armarse la polémica con los mandatarios locales.

La destinación de estos recursos del FONPET Y FAEP, desde el lado de Gobierno, responde a diversas presiones: las dificultades para endeudarse, más aún con precios del petróleo por debajo de los US$30 por barril, además de la mirada amenazante de las calificadoras de riesgo en materia fiscal. Y lo que pasa es que si los otorgadores de crédito se afectan, es decir lo bancos, esto genera un efecto dominó en términos de liquidez en el sistema.

La alcaldesa Claudia López fue la primera en oponerse a esta decisión y  afirmó desde su cuenta de Twitter que era “inaudito que el Gobierno Nacional se aproveche de emergencia económica para autoprestarse recursos de los entes territoriales para dárselos a bancos y empresas! Abuso absurdo, que además nos disminuye recursos que deben ser para la salud y el cuidado de la gente y los hogares”.

Jorge Iván Ospina, acalde de Cali, también anotó en su cuenta de Twitter: “Somos los territorios, en especial las alcaldías, quienes estamos en 1era (primera) línea de atender la crisis del coronavirus, no es el momento para el centralismo”.

El Ministerio de Hacienda explicó a través de un comunicado que "en el caso del préstamo del FAE, no se comprometen los recursos del Sistema General de Regalías al que tienen derecho las entidades territoriales al momento de ser requerido el desahorro. Estos recursos serán repagados, a partir de la vigencia 2023. En el caso del FONPET serán repagados en las próximas 10 vigencias lo que garantiza que las entidades territoriales puedan seguir cumpliendo con el pago de sus obligaciones pensionales”.

En una rueda de prensa este lunes, Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, aclaró: "Queremos darle claridad a los colombianos y a los líderes y mandatarios regionales y locales de que no se les está quitando ningún recurso de liquidez. El Gobierno tomó un préstamos del FOPET, pensiones que se van a pagar del año 2040. Lo tomó para que esas pensiones, que hoy no se tienen que pagar, esos gastos que hoy no se tienen que hacer, nos ayuden a mitigar y afrontar esta crisis. Vamos a destinar más de $6 billones adicionales a los que tenemos hoy en el sistema de salud para atender esta emergencia, que el Gobierno le pagará a las entidades territoriales para que a partir de 2040 puedan cumplir con sus obligaciones en materia pensional".

El funcionario refutó las críticas de la alcaldesa de Bogotá al decir que "ninguno de los recursos que se están asignando son para la banca. Estamos dándole recursos a los ciudadanos que más lo necesitan. Nadie está saliendo a salvar un banco. Nadie está saliendo a salvar al sector financiero. Lo que estamos haciendo es dotar de recursos para que la señora que tiene un restaurante en el barrio pueda tener acceso a nuevos créditos (…) si presenta un problema por tener que cerrar. Con recursos del FOME no vamos a dotar al sistema financiero. Los recursos para dar créditos y para apalancar mayores inversiones están garantizados a través de otros mecanismos, como son la capitalización del Fondo Nacional de Garantías”.

Por su parte, la Federación Nacional de Departamentos apoyó el decreto 444 y dijo a través de un comunicado que "es importante anotar que la disposición de recursos del FA y FONPET serán para inversión destinada a atender la emergencia en las regiones y no restringen la disponibilidad actual de recursos para inversión de los municipios y departamentos. Así mismo, en reunión con el Gobierno, se ha dado claridad que la inversión con los recursos de dicho fondo se realizará de manera concertada con las entidades territoriales, de acuerdo con sus necesidades".

Sobre esta nueva disputa entre mandatarios locales y el Gobierno, los analistas están divididos. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señaló “que el decreto va en la dirección correcta en términos de herramientas y recursos necesarios en esta difícil coyuntura. Celebro además que el Ministerio haya precisado que la línea de liquidez no se financiará con recursos del fondo de mitigación de emergencias, eliminando una preocupación que había surgido desde las entidades territoriales".

El exministro Juan Camilo Restrepo, por su parte, consideró que los alcaldes tienen razón: “El decreto (444) es innecesariamente centralista y abre una compleja discusión ante la Corte Constitucional”. Para el exfuncionario, el ministro Carrasquilla recurre “a la ambigüedad de endeudarse con entidades territoriales (desahorrando al descapitalizar los fondos), lo cual le va a causar dolores de cabeza”. 

“Da la impresión que el gobierno tiene ‘pudor’ en decir que sí se va a endeudar más (con entidades internacionales, con el Banco de la Republica o con el mercado) si es necesario para enfrentar la crisis”, agregó el exministro Restrepo.

Y anota: “Es curioso, hasta antes de coronavirus el gobierno emitió frenéticamente TES, y ahora que llegó el virus le entró el ‘pudor’  tardío de endeudarse más, lo cual, si las cosas siguen como van, terminará haciendo de todas maneras.  El decreto 444 puede denominarse como el decreto del pudor tardío”.

Para Wilson Tovar, gerente de investigaciones económicas de Acciones y Valores, el Gobierno hace bien al centralizar el uso de los recursos. Para el analista no se trata de darle la plata al sistema financiero. En esto concuerda Carlos Sepúlveda, decano de la facultad de Economía de la Universidad del Rosario, quien aseguró que  “con esta medida, el Gobierno Nacional busca prepararse para generar flujos de dinero para evitar a toda costa una crisis financiera”.

Lo último que puede hacer el Estado, agregó Sepúlveda, es servir como prestamista a todas las compañías “porque no tiene cómo subsidiar y financiar”. Ese apoyo de liquidez transitoria al sistema financiero, advirtió el decano, permite que la gente pueda acceder a créditos a muy bajas tasas de interés.

Lo ejemplificó así: "Hay que pensar en las empresas que no generan grandes utilidades y que no tienen colchones para soportar un mes de cierre. Lo que necesitaría es un crédito corto y pequeño para cumplir con las obligaciones de sus operaciones y pueda pagarlo con calma y sin presión en el mediano plazo. El Estado ni tiene cómo prestarles a todos, pero si inyecta liquidez a los bancos, estos sí podrán hacerlo para ofrecer servicios a bajas tasas de interés". Eso no quiere decir, señaló Sepúlveda, que el Estado esté financiando a los bancos.¡

Aunque reconoció que, efectivamente, se les quita posibilidad de manejo a la regiones, está convencido de que es una crisis nacional grave y que la solución sólo puede hacerse de manera coordinada. "Este es un problema que se tendrá que manejar con cuidado y eficiencia. Y si hoy un alcalde empieza a tomar unos fondos irresponsablemente, de manera ineficiente, eso después hará falta para recuperarnos”.

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