Centros Poblados no descarta demanda contra el Estado

Este jueves, en Bogotá, Centros Poblados habló por primera vez públicamente en rueda de prensa. Se trata del contratista envuelto en la polémica por las presuntas garantías falsas y otras denuncias en relación con un contrato suscrito con el Mintic para la conexión y la operación de internet en más de 7.000 escuelas rurales por 11,5 años.

Lea más sobre el origen de este proceso: Tras licitación del Mintic buscarán conectar a internet más de 14.000 sitios rurales

Los voceros fueron el representante legal de la unión temporal, Luis Fernando Duque, y el apoderado de la firma, Jorge Pino Ricci, quien dio a conocer que Centros Poblados no descarta una demanda contra el Estado, pues considera que las actuaciones del Ministerio TIC en este caso han sido ilegales y que la caducidad, decretada por la cartera, no era procedente.

Esa fue la razón de la tutela que el contratista presentó ante un juez de Puerto Colombia, quien en un primer momento dictó medidas provisionales, como la de suspender los efectos de las actuaciones del Mintic (entre esas, la caducidad del contrato y los embargos), pero que luego, en otra decisión, rechazó la tutela y envió el expediente a un juez del Circuito de Barranquilla, quien decidirá sobre el asunto.

Lea más sobre esto en: Cambio de juez en tutela de Centros Poblados sobre caducidad de contrato en Mintic

El apoderado de Centros Poblados, por un lado, interpreta que las medidas ordenadas por el juez, como la de frenar la caducidad del contrato, siguen vigentes, pues el juez no dijo lo contrario en su decisión. Por otro, anunció que, de no prosperar ese recurso, acudirán a las instancias de lo contencioso administrativo, pues consideran que la caducidad en este caso (por tratarse de un contrato atípico) no aplicaba. Es decir, para el apoderado, el Mintic se equivocó.

Más aun, Pino Ricci se quejó del que considera un prejuzgamiento por parte del Ministerio TIC, quien acogió lo dicho por el banco Itaú (supuesto emisor de la garantía bancaria necesaria para el contrato), según el cual la garantía presentada por Centros Poblados es falsa. El contratista, que ha dicho que acudió a un tercero intermediario para la consecución de esa garantía, asegura que actuó de buena fe y que tiene que ser un juez el que determine si el documento es falso o no. Según el abogado, el Ministerio TIC no aceptó sus pruebas dentro del proceso y prejuzgó al anunciar la caducidad sin que se hubieran llevado a cabo las audiencias.

El apoderado también recordó la primera alternativa que le presentó al Mintic para seguir adelante con la ejecución del contrato: conseguir otra garantía. Sin embargo, dice Pino Ricci, esta se descartó luego de que la ministra Karen Abudinen públicamente los tildara de delincuentes. Duque, por otro lado, explicó que al Ministerio se le planteó una solución distinta, para evitar la caducidad: ceder el contrato a New Skies Satellites, una empresa que, no obstante, está vinculada con SES Inred, uno de los 10 proponentes de la misma licitación de los centros digitales, que estuvo envuelto en un escándalo debido a que su apoderado era, a su vez, asesor del Mintic.

Lea más al respecto en: Rechazan recusación contra ministra TIC por presunto conflicto de interés en licitación

Según Pino y Duque, el Mintic nunca les dio respuesta sobre esa posibilidad de ceder el contrato.

El asunto del anticipo

Otro de los puntos que la unión temporal defiende a ultranza es que los $70.000 millones del anticipo (poco más de 6 % del valor de todo el contrato, que supera el billón de pesos) no están “embolatados”, sino que con ellos se compraron, con $26.000 millones, equipos que están en los 1.002 centros digitales (la meta para la fecha era 1.545) que dice que ya instaló. El restante, asegura, están bodegas en distintos municipios en donde tienen compromisos de conexión y en aduanas.

Los retrasos en la ejecución, que de hecho fueron la razón que motivó la audiencia en la que se descubrió la garantía presuntamente falsa, la unión temporal se los atribuye a factores como la falta de stock de los fabricantes de insumos necesarios por cuenta de la pandemia y las dificultades de movilidad derivadas del paro nacional y hasta del bloqueo en el canal del Suez en marzo pasado.

Uno de los hechos que recientemente se denunciaron sobre el anticipo de $70.000 millones es que el comité fiduciario, encargado de aprobar el uso de estos recursos, dio luz verde, según el Mintic, con un certificado bancario de 2017, sin las cotizaciones necesarias y en una reunión en la que no estuvo presente el garante (supuestamente el banco Itaú). De hecho, en debate de control político esta semana, la ministra Abudinen anunció que también se tomarán acciones contra la fiducia por estos hechos.

Lea más sobre esto: Control político a Mintic: Abudinen dice que fiducia debe responder

Consultado sobre si en esa ausencia no llamó la atención del contratista la ausencia del garante (como tampoco parece haberlo hecho con los otros integrantes del comité fiduciario), Duque afirmó que no tenía conocimiento de que el garante estuviera invitado a la reunión.

Finalmente, los voceros de la unión temporal se mostraron complacidos con una visita que hoy, jueves, haría la Contraloría a sus bodegas, pues sugieren que la verificación de los todos equipos que están allí los ayudará a sustentar su posición de que los $70.000 millones no están “embolatados”.

Este jueves, en Bogotá, Centros Poblados habló por primera vez públicamente en rueda de prensa. Se trata del contratista envuelto en la polémica por las presuntas garantías falsas y otras denuncias en relación con un contrato suscrito con el Mintic para la conexión y la operación de internet en más de 7.000 escuelas rurales por 11,5 años.

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Los voceros fueron el representante legal de la unión temporal, Luis Fernando Duque, y el apoderado de la firma, Jorge Pino Ricci, quien dio a conocer que Centros Poblados no descarta una demanda contra el Estado, pues considera que las actuaciones del Ministerio TIC en este caso han sido ilegales y que la caducidad, decretada por la cartera, no era procedente.

Esa fue la razón de la tutela que el contratista presentó ante un juez de Puerto Colombia, quien en un primer momento dictó medidas provisionales, como la de suspender los efectos de las actuaciones del Mintic (entre esas, la caducidad del contrato y los embargos), pero que luego, en otra decisión, rechazó la tutela y envió el expediente a un juez del Circuito de Barranquilla, quien decidirá sobre el asunto.

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El apoderado de Centros Poblados, por un lado, interpreta que las medidas ordenadas por el juez, como la de frenar la caducidad del contrato, siguen vigentes, pues el juez no dijo lo contrario en su decisión. Por otro, anunció que, de no prosperar ese recurso, acudirán a las instancias de lo contencioso administrativo, pues consideran que la caducidad en este caso (por tratarse de un contrato atípico) no aplicaba. Es decir, para el apoderado, el Mintic se equivocó.

Más aun, Pino Ricci se quejó del que considera un prejuzgamiento por parte del Ministerio TIC, quien acogió lo dicho por el banco Itaú (supuesto emisor de la garantía bancaria necesaria para el contrato), según el cual la garantía presentada por Centros Poblados es falsa. El contratista, que ha dicho que acudió a un tercero intermediario para la consecución de esa garantía, asegura que actuó de buena fe y que tiene que ser un juez el que determine si el documento es falso o no. Según el abogado, el Ministerio TIC no aceptó sus pruebas dentro del proceso y prejuzgó al anunciar la caducidad sin que se hubieran llevado a cabo las audiencias.

El apoderado también recordó la primera alternativa que le presentó al Mintic para seguir adelante con la ejecución del contrato: conseguir otra garantía. Sin embargo, dice Pino Ricci, esta se descartó luego de que la ministra Karen Abudinen públicamente los tildara de delincuentes. Duque, por otro lado, explicó que al Ministerio se le planteó una solución distinta, para evitar la caducidad: ceder el contrato a New Skies Satellites, una empresa que, no obstante, está vinculada con SES Inred, uno de los 10 proponentes de la misma licitación de los centros digitales, que estuvo envuelto en un escándalo debido a que su apoderado era, a su vez, asesor del Mintic.

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Según Pino y Duque, el Mintic nunca les dio respuesta sobre esa posibilidad de ceder el contrato.

El asunto del anticipo

Otro de los puntos que la unión temporal defiende a ultranza es que los $70.000 millones del anticipo (poco más de 6 % del valor de todo el contrato, que supera el billón de pesos) no están “embolatados”, sino que con ellos se compraron, con $26.000 millones, equipos que están en los 1.002 centros digitales (la meta para la fecha era 1.545) que dice que ya instaló. El restante, asegura, están bodegas en distintos municipios en donde tienen compromisos de conexión y en aduanas.

Los retrasos en la ejecución, que de hecho fueron la razón que motivó la audiencia en la que se descubrió la garantía presuntamente falsa, la unión temporal se los atribuye a factores como la falta de stock de los fabricantes de insumos necesarios por cuenta de la pandemia y las dificultades de movilidad derivadas del paro nacional y hasta del bloqueo en el canal del Suez en marzo pasado.

Uno de los hechos que recientemente se denunciaron sobre el anticipo de $70.000 millones es que el comité fiduciario, encargado de aprobar el uso de estos recursos, dio luz verde, según el Mintic, con un certificado bancario de 2017, sin las cotizaciones necesarias y en una reunión en la que no estuvo presente el garante (supuestamente el banco Itaú). De hecho, en debate de control político esta semana, la ministra Abudinen anunció que también se tomarán acciones contra la fiducia por estos hechos.

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Consultado sobre si en esa ausencia no llamó la atención del contratista la ausencia del garante (como tampoco parece haberlo hecho con los otros integrantes del comité fiduciario), Duque afirmó que no tenía conocimiento de que el garante estuviera invitado a la reunión.

Finalmente, los voceros de la unión temporal se mostraron complacidos con una visita que hoy, jueves, haría la Contraloría a sus bodegas, pues sugieren que la verificación de los todos equipos que están allí los ayudará a sustentar su posición de que los $70.000 millones no están “embolatados”.