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La Superintendencia de Sociedades tomó decisiones que afectan a dos de las cuatro empresas que integraban la Unión Temporal Centros Poblados.
La entidad ordenó el inicio de la liquidación judicial de Intec de la Costa, el 4 de agosto, y de ICM Ingenieros, el 25 de agosto. Ambas empresas estaban sometidas a grado de control desde octubre del año pasado, la máxima supervisión que puede ejercer la entidad.
La medida implica que se embargan todos los bienes y derechos de propiedad.
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En el caso de Intec de la Costa, según el auto publicado por la Supersociedades, el proceso se inicia por activos de más de $50.000 millones, teniendo en cuenta los reportes a 31 de diciembre de 2020. La cifra se ajustará tras aprobarse el inventario de bienes por parte del juez del proceso.
Para ICM Ingenieros, el proceso arranca con un activo reportado de $62.289 millones, según reportes de diciembre de 2020, un valor que también se ajustará en el futuro.
Vale recordar que Centros Poblados se hizo con una de las dos regiones de la licitación de los Centros Digitales, que en total buscaban conectar a internet a unos 14.745 sitios rurales, en reemplazo de los extintos Kioskos Digitales. De acuerdo con los términos de la licitación, se debía conectar durante 11,5 años a 7.277 puntos con un mínimo en ancho de banda de 12 mbps, la inversión era de $1,07 billones.
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Sin embargo, en junio de 2021 estalló el escándalo, cuando el país conoció que el contrato fue otorgado con garantías bancarias falsas. La situación provocó la salida de la entonces ministra Karen Abudinen y varias investigaciones judiciales para saber qué pasó con un anticipo de $70.000 millones que se le entregó a Centros Poblados.
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