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Los observatorios Laboral y Fiscal de la Universidad Javeriana presentaron este lunes la versión 2.0 de una serie de recomendaciones para el proyecto de reforma laboral, que se espera que el Ministerio de Trabajo vuelva a presentar en la segunda legislatura, que arranca el próximo jueves 20 de julio.
Vale la pena recordar que en la primera legislatura la iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro se hundió por falta de quórum. Algunos congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se negaron a debatir la propuesta que buscaba actualizar el Código Sustantivo del Trabajo, regular las labores de los repartidores, entre otros temas.
El nuevo texto presentado este lunes ha sido elaborado a partir de la primera versión construida entre los Observatorios Laboral y Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana. “Esta nueva versión del documento se ha enriquecido a partir de los diversos debates generados tras la presentación de la primera versión. Durante este proceso, se realizaron modificaciones y se profundizó en diferentes aspectos con el objetivo de mejorar la calidad y pertinencia de la propuesta”, explican en el nuevo documento.
Las recomendaciones se basan en los principales retos del mercado laboral colombiano: informalidad y desempleo. “La informalidad laboral está presente en todos los tamaños de empresas y se acentúa entre jóvenes y adultos mayores. Los empleados domésticos, jornaleros y cuentapropistas experimentan altos niveles de informalidad y bajos ingresos laborales”, se lee en el documento.
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Juliana Morad, codirectora del Observatorio Laboral y directora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, explicó que lo que incluyeron “un nuevo documento que lo estructuramos con los puntos más importantes del mercado laboral comenzando por el problema que consideramos más grande: la informalidad. Cada punto tiene una exposición de motivos y un articulado para que las personas que lo lean, y que eventualmente lo usen, encuentren un grupo de medidas por informalidad y desempleo y una exposición de motivos que justifica las medidas”.
Además, el documento está divido en cinco grupos entre los que se encuentran la modernización y actualización de la legislación laboral, mejora de condiciones, garantías del trabajo formal, entre otras. “Incluimos medidas orientadas a la no discriminación laboral con enfoque de género y a la población LGBTIQ+, modernización de la legislación laboral, teletrabajo y una actualización del Código Sustantivo del trabajo proponiendo una derogación de normas que ya no aplican en la práctica”, agregó Morad.
Durante la rueda de prensa, los expertos explicaron que la mayoría de empresas en el país cuentan con hasta 5 trabajadores (microempresas), seguidas por las pequeñas empresas. “Las grandes empresas representan menos del 25 % de los empleos en el mercado laboral. Los microempresarios tienden a ofrecer empleos informales, sin protección social en pensiones ni riesgos laborales”, dijeron.
Otro dato fue que la mayoría de los colombianos trabajan en los sectores agrícola, de comercio y de servicios administrativos. Los sectores más informales son la agricultura y los servicios domésticos, mientras que el financiero y los servicios administrativos son los más formales.
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Entre las principales propuestas se encuentran la mensualización de cesantías y recargos. Según explica el documento, se trataría de la “posibilidad de que empleadores y trabajadores pacten pagar mensualmente las cesantías, los intereses a las cesantías y prima, así como el pago de los recargos por trabajo extra, nocturno y dominical”.
Sobre la mensualización de las prestaciones sociales, Morad explica que será muy importante porque va a incrementar los ingresos de los trabajadores. Por ejemplo, “si se mensualiza el pago de la prima, es muy coherente con la práctica porque esta no se usa para lo que fue prevista inicialmente. Según un estudio, se utiliza para pagar deudas y colegios y qué mejor que dársela directamente a los trabajadores”.
Además, los empleadores podrían consignar las cesantías mensualmente y eso reduciría su carga administrativa.
De acuerdo con Morad, el grueso de las medidas están relacionadas con la informalidad, “creemos que no solo se supera con legislación, pero sí contribuimos a superarla, por ejemplo, con el salario mínimo diferencial”.
Así las cosas, para los salarios mínimos diferenciados se realizarían incrementos anuales al SMMLV de manera diferencial de acuerdo con la categorización de municipios y distritos “que prevé la Ley Orgánica de Presupuesto y los tamaños de las empresas. Así se incentiva el empleo en las regiones con mayor informalidad, desempleo y vulnerabilidad, así como una remuneración mínima más equitativa con los costos de vida que también varían entre municipios”.
En cuanto al salario mínimo integral a partir de 3 SMMLV, se trataría de una medida que aumenta el ingreso mensual de los trabajadores, les da una mayor libertad para el manejo de sus ingresos “además que resulta coherente con lo que actualmente hacen y suaviza las cargas de las empresas lo que podría incentivarlas a contratar más, suscribir más contratos de trabajo y formalizar más trabajadores”.
El documento también plantea un seguro de desempleo universal para brindar protección a todos los trabajadores que lo adquieran, “incluyendo a aquellos con ingresos laborales mensuales inferiores a 1 SMMLV. Esta medida está acompañada de estrategias para robustecer y hacer compatible este seguro con el Mecanismo de Protección al Cesante”.
Un punto clave es la regulación para grupos de trabajadores específicos. “Dirigida a los trabajadores de plataformas, migrantes, trabajadoras del hogar, coteros, vendedores ambulantes y trabajadoras sexuales”.
Morad mencionó que siguen insistiendo en una negociación colectiva voluntaria y se mantienen cautos con costos como los recargos nocturnos o dominicales porque “esto pueden afectar al turismo y el comercio, que es uno de los tres sectores que más genera y en donde se debería concentrar el futuro del mercado laboral”.
De acuerdo con los expertos, las propuestas están abiertas a un debate que las mejore, “ya que buscamos continuar perfeccionándolo de acuerdo con el espíritu de una academia comprometida con el servicio a la sociedad y la promoción de políticas laborales justas y equitativas”.
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