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El fallo más grande en términos económicos a favor de un Estado en la historia de América Latina se materializó este martes. Claro, o Comcel, y Movistar, o Coltel, saldaron la deuda que tenían con la nación a causa de la denominada reversión de activos de telecomunicaciones. Eran $3,1 billones que le correspondía desembolsar a Comcel y $1,6 billones a Coltel, empresa en la que el Gobierno tiene un participación de 32,5 % y, en consecuencia, parte de la responsabilidad de sus deudas. (Lea "La maldición de la cláusula 33 en la pelea entre Claro, Movistar y el Estado")
Este martes en horas de la noche, la mexicana América Móvil informó a sus inversionistas que Claro, su subsidiaria en Colombia, cumplió la obligación “bajo protesto y reserva de sus derechos y los de sus accionistas”. Movistar, por su parte, cumplió gracias a la capitalización para la empresa que aprobaron sus accionistas: Telefónica, de España, y el Gobierno colombiano. Al respecto, Claro prefirió no pronunciarse.
En total, a Movistar se le inyectaron $6,45 billones: una parte de $4,8 billones para satisfacer el compromiso que la empresa tiene con las pensiones de 16.000 extrabajadores de Telecom y $1,6 billones, equivalentes a la condena que le impuso a la compañía un tribunal de arbitramento en julio pasado, cuando los árbitros confirmaron que las que hoy conocemos como Claro y Movistar debieron haber devuelto a la nación los activos (antenas y equipos de comunicaciones) que usaron para desplegar y prestar el servicio de telefonía celular desde 1994, o lo que se conoce sencillamente como reversión.
El Ministerio de Hacienda explicó que la parte de la capitalización de $1,6 billones que se hizo para que Coltel pudiera saldar su deuda con la nación no requirió un desembolso de recursos por parte del Gobierno, sino que hubo una sustitución de activos (acciones de la compañía). Es decir, de los $1,1 billones que le correspondía pagar a Telefónica, por ser accionista mayoritario, a causa del fallo del tribunal, el Ministerio de Hacienda pudo disponer de los más de $537.000 millones que le correspondía a la nación en la misma condena.
“Con la decisión de los accionistas, la empresa fortalece su estructura de capital, deja atrás la causal de disolución que enfrentaba y mejora su posición financiera en beneficio de sus clientes, empleados y sociedad en general”, expresó Telefónica en un comunicado oficial. Movistar se robustece y cumple así con el pago de la deuda que le impuso el tribunal.
No haberlo hecho el martes, cuando se cumplía el plazo de 15 días hábiles que estableció la condena, habría significado cerca de $1.248 millones de intereses diarios en el caso de Movistar y unos $2.400 millones en el caso de Claro.
A pesar de todo, los operadores no dan su brazo a torcer. Claro había interpuesto una acción de tutela en la que pedía que se protegiera su derecho al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia. Entre otras cosas, señalaba que el lapso de 15 días en ningún momento había sido solicitado por el Mintic, que era la contraparte en el litigio por la reversión. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la tutela.
Claro y Movistar, asimismo, interpusieron recurso de nulidad contra el laudo arbitral, que deberá ser resuelto por el Consejo de Estado. Y América Móvil (AMX) recordó en su comunicado oficial que “en agosto del 2016, AMX inició un arbitraje bajo el tratado de libre comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia respecto a ciertas medidas adoptadas por Colombia contra las inversiones de AMX y Comcel en violación del TLC México-Colombia y el derecho internacional”. (Lea "Lo que viene en la pelea de operadores y Mintic")
Por lo pronto, queda claro que el Estado es el victorioso en la contienda: en 2013, la Corte Constitucional ya se había pronunciado respecto a que nunca perdieron vigencia las cláusulas del contrato entre los operadores y el Estado, según las cuales los primeros debían devolver toda la infraestructura que usaran para prestar el servicio celular. Luego lo hizo el tribunal de arbitramento, y ahora los operadores, a pesar de su protesta, pagaron.
Queda por ver si en efecto habrá consecuencias en la confianza inversionista, algo de lo cual las empresas han advertido a lo largo de esta controversia, sobre todo de cara a la próxima subasta de la banda de espectro de 700 MHz, la más importante de todas en este momento para los servicios móviles. También, cómo se materializarán los pasos que el Gobierno dice que está dando para salir de sus acciones en Movistar: una participación que otros operadores siempre han criticado y que el Ministerio de Hacienda reconoce como inconveniente.