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El presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM), Daniel Medina Velandia entró a terciar en la polémica que vive el país por la fuerte alza que experimenta el precio de la electricidad en varias regiones colombianas más acentuada en la región Caribe.
En comunicación enviada a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, el dirigente gremial propone con carácter urgente “una reforma al modelo tarifario de energía eléctrica que ayude a los usuarios a mitigar los precios de las facturas que han sido excesivamente elevados”.
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Según las autoridades, el precio de la electricidad ha registrado aumentos entre el 25% y el 49%.
“Un aspecto que incide en estos aumentos es que en Colombia existe un mercado de generación muy cerrado que tiene pocos agentes controlando casi el 60% del mercado en la oferta y muchos en la demanda, siendo en varios casos poco competitivo y haciendo que el bienestar del consumidor sea capturado por los oferentes”, sostiene el presidente de ACIEM.
A su juicio, otro de los aspectos que incide en los aumentos de los precios de la electricidad, en ciertas regiones del país, es el alto porcentaje de fraudes. Esta situación sumada a los compromisos de inversión de las empresas deja al sistema ante una complicada encrucijada.
La propuesta del gremio del sector energético se encamina a establecer un margen de maniobra otorgado a los agentes de generación, de modo que se dé una sana fijación de precios en los contratos y la bolsa, protegiendo a los ciudadanos y garantizando las inversiones en el sector.
Establecer topes fijados a la participación de los agentes en el mercado, para evitar concentración de poder y revisión de la normatividad de las integraciones verticales.
Definir incentivos para la aceleración de los proyectos de generación en construcción para aumentar la oferta y la competencia en el segmento de generación, como es el caso de Hidroituango.
Iguales beneficios para acelerar los proyectos de energías renovables, de modo también que se aumente la oferta y se acelere la transición energética.
Definir herramientas para ejercer vigilancia y control por parte de la autoridad competente del sector y modificar el régimen tarifario y análisis de los modelos de ajuste, que actualmente se hacen con el IPP (Índice de Precios al Productor) con crecimientos muy grandes.
Evitar el impacto del precio del gas importado y del carbón en la fijación de los precios, lo mismo que el precio de los fraudes en el pago del servicio.
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“Se debe encontrar una solución socialmente justa y técnicamente robusta, de modo que el nuevo modelo tarifario evite el pago de precios altos a los ciudadanos, proteja las inversiones en el sector e incentive a quienes tienen buena cultura de pago”, reiteró el dirigente gremial.
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