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El Congreso recibió de la Contraloría General un informe sobre el Sistema General de Regalías entre 2015 y 2016 y lo que se encontró fue que $10,7 billones se quedaron sin ejecutar durante ese par de años. De esos, $6 billones permanecen en el Tesoro Nacional y los $4,7 billones restantes, en las cuentas bancarias de entidades territoriales. "La cifra es bien significativa. Es superior a los $6 billones que espera recaudar el Gobierno en 2017 con la última Reforma Tributaria", señala el organismo.
Entre 2012 y 2014, la situación fue muy similar. La Contraloría señaló que se habían dejado de ejecutar $8,4 billones, lo que para el organismo reflejaba la ineficiencia de las entidades estatales en la ejecución de los recursos públicos.
Algo importante que indicó la entidad de control es que los riesgos de corrupción persisten porque los procesos de selección objetiva (es decir, que quienes licitan cumplan con requisitos objetivos previamente establecidos) siguen siendo débiles. Según la Contraloría, la contratación directa representa el 32% de las iniciativas relacionadas con dineros de regalías. Y aunque la mayoría son licitaciones o concursos de méritos, de los recursos que sí se ejecutaron quedó en evidencia que el 70% se adjudicó en procesos con únicos oferentes.
El Fondo de Ciencia y Tecnología, señala el organismo de control, "fue el más rezagado", pues "la ejecución fue especialmente baja (25%)". Explica la Contraloría que los recursos asignados al Fondo en 2015 y 2016 fueron $3,3 billones, de los cuales, cuando se hizo este estudio, todavía estaban $1,5 billones pendientes de ser aprobados para proyectos. El dinero restante, $1,8 billones, ya hacían parte de los presupuestos de diversas entidades territoriales, pero al cierre quedaron $340 mil millones por comprometer.
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Otro aspecto que le comunicó la Contraloría al Congreso de la República es que, en los dos años revisados, las auditorías arrojaron 657 hallazgos fiscales por $496.000 millones. Es decir, posibles irregularidades sobre el manejo de fondos públicos. Los sectores más afectados, aseguró el organismo de control, son educación, donde podría haberse dado una malversación por más de $102.000 millones; agua potable y saneamiento básico, por casi $90.000 millones, y vivienda y desarrollo rural, por unos $83.000 millones.
Por último, la Contraloría le hizo una sugerencia al Congreso en relación con el Acto Legislativo 010 de 2017, con el cual se aprobó que se destinaron los excedentes de las regalías a la implementación del Acuerdo de Paz durante los próximos 20 años, sobre todo para financiar vías terciarias en zonas afectadas por el conflicto. La Contraloría, que estuvo en favor de este cambio a la Constitución, puntualizó: "Amerita que esos saldos disponibles se usen ahora apoyando la construcción de la paz, en vez de quedar en las arcas del Tesoro sin uso alguno".