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Para finales de mayo, según proyecciones, Colombia necesitará 575 camas adicionales de cuidados intensivos para lograr atender los pacientes crónicos por COVID-19, que se estiman serán 3.312, del total de 66.242 infectados proyectados a final de ese mes.
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Teniendo en cuenta las proyecciones de contagiados que requerirán servicios de cuidados intensivos y la capacidad hospitalaria actual en camas UCI para Colombia, el 27 de mayo el país podría sobrepasar la capacidad para atender pacientes crónicos, en un escenario en el que no se tomen las medidas necesarias para ampliar esta capacidad (ver el modelo y los supuestos aquí).
Este escenario, que puede ser el más crítico de todos, supone una inversión total de $200.000.000.000, cerca del 0,02 % del PIB, para lograr un incremento de 10 % de la capacidad actual de camas UCI, con un costo promedio de $37 millones por cada cama adicional, tal como lo propuso el gobierno. (ver; Decreto 417 de marzo de 2020). Esto no sólo implicaría disponer de los recursos a cargo de la Nación y de las Entidades Territoriales como el Fondo de Ahorro y Estabilización -FAE- del Sistema General de Regalías y el Fondo de Pensiones Territoriales -FONPET-, como lo sugiere el decreto, sino que también requiere la articulación de esfuerzos públicos y privados para alcanzar esta meta.
Contar con la capacidad necesaria de unidades de cuidados intensivos es esencial para asistir a todos los pacientes críticos por COVID-19 y así, lograr salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Según datos del Registro Público de Prestadores de Servicios de la Salud, Colombia cuenta con 5.396 camas de cuidados intensivos, con un promedio de 11,1 camas por cada 100.000 habitantes, que de acuerdo con un artículo publicado en la revista Forbes, es un panorama alentador al comparar con países como China que reportan (3,6) camas UCI para la misma población, España (9,7), Corea del Sur (10,6) e Italia (12,7).
Sin embargo, en Colombia la situación más crítica la enfrentarían los departamentos periféricos, que cuentan con una menor capacidad para atender eventualmente casos crónicos de pacientes con COVID-19. Mientras algunos departamentos como Amazonas, Vaupés, Vichada y Guainía no cuentan con camas UCI, otros como Caquetá, Arauca, Chocó y Putumayo apenas alcanzan 0,5 camas por cada 10.000 habitantes, de acuerdo con el REPS. Hasta el momento, ninguno de estos departamentos tiene casos confirmados de COVID-19.
Preocupan igualmente los departamentos fronterizos como Norte de Santander y Nariño que cuentan con apenas 0,9 y 0,8 camas de cuidados intensivos por cada 10.000 habitantes respectivamente, lo que significa un potencial riesgo frente al alto nivel de contagio de los países vecinos y, teniendo en cuenta además que en ambos departamentos hay 60 y 79 casos de contagio confirmados respectivamente.
A nivel municipal, la capacidad de camas UCI se concentran en las ciudades capitales y en los principales centros urbanos, evidenciando una brecha respecto a las zonas más apartadas. Este panorama, pone en mayor riesgo las zonas rurales, que, ante una eventual propagación del virus, se enfrentarían a difíciles restricciones para acceder a los servicios médicos necesarios.
Por ahora, sería importante poner a conocimiento de la sociedad el nivel de ocupación real de las camas de cuidados intensivos y el número de respiradores artificiales existentes en el país, con el fin de ajustar los modelos predictivos que nos permitan entender con mayor precisión cuándo y dónde serán necesarias las nuevas unidades requeridas, permitiendo además, una mayor coordinación de esfuerzos públicos y privados a donde más se necesite. Mientras tanto, el cumplimiento estricto de las medidas de aislamiento social, serán la clave para ganar tiempo en esta carrera y salvar el mayor número de vidas posible.
* Fundación Corona
** Economista Universidad Nacional de Colombia y Fundación Corona