¿Cómo asumirá el Gobierno la opción tarifaria? Esto dijo Minhacienda
Desde Asobancaria, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, se refirió al recorte en el presupuesto y a los ajustes en el precio del diésel que empezará a hacer el Gobierno en los próximos días.
$20 billones menos
Desde la Convención Bancaria, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, detalló que la “complicación de caja” que obligó a congelar el presupuesto en el país se debe a la reducción en el recaudo.
De acuerdo con Bonilla, frente a la meta de recaudo, a mayo el ingreso es menor en $15 billones. “El Gobierno entiende que no se va a cumplir la meta del recaudo y que hay que ajustar el presupuesto. Habrá un ajuste por $20 billones por reducción de gasto”.
La medida tiene dos momentos, explicó Bonilla, el primero, es la suspensión en la emisión de nuevos certificados de disponibilidad presupuestal (que se anunció esta semana), ahora están esperando a que las entidades organicen su gasto. El segundo momento es para identificar de dónde saldrán los $20 billones del ajuste.
Después del consejo de ministros del próximo lunes se discutirá el tema y, una vez tomada la decisión, se habilitará el presupuesto. “El ajuste no puede ir a los gastos sociales ni al programa del Gobierno. Por eso el presidente dijo que no permitiría que le recorten la reforma agraria”.
“Estamos cubriendo los compromisos con el país”
Bonilla aseguró que el Gobierno está asumiendo sus compromisos. Se refirió, como lo ha hecho en varias ocasiones, a por qué es necesario ampliar el cupo de la deuda. Antes de pandemia la deuda pública era de 48 % del PIB, en pandemia subió al 61 % y el compromiso es devolverla a una senda de 55 %. El problema, dijo el ministro, es que en medio de la emergencia por la pandemia, se firmaron ocho decretos para adquirir créditos sin que entren en el cupo de endeudamiento, en total US$6.500 millones, incluyendo el crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En total, “hay US$12.000 millones de dólares que no entraron en el cupo de endeudamiento”, de ahí que el Gobierno hace los pagos, pero no se libera cupo para adquirir nuevos créditos, por eso se está tramitando en el Congreso con llamado de urgencia una ampliación del cupo por US$17.000 millones. “No vamos a endeudar más al país, sino a pagar lo que está por fuera del cupo (...) Los compromisos del país están cubriéndose”, sostuvo.
El ajuste del diésel
El déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles terminó 2022 con un déficit de $37 billones que, si no se resolvía, se tenía que pagar con el presupuesto.
Si bien el Gobierno de Gustavo Petro ya ajustó el precio de la gasolina, todavía está pendiente el ajuste en el diésel. En 2023 el déficit del FEPC fue de $15,2 billones y este año cerraría en $12 billones y en 2025 también en $12 billones. Este año se están pagando $20 billones, lo equivalente a la reforma tributaria de esta administración.
“Tendremos que pensar en las medidas dolorosas sobre cómo ajustamos el diésel”. Por lo pronto, dijo el ministro, la primera medida debe salir antes de 15 días y es para incrementar el precio para los grandes consumidores.
La opción tarifaria
Bonilla explicó que el Gobierno se comprometió a asumir la deuda de opción tarifaria y que la ley permite hacerlo para los estratos 1, 2 y 3. La cartera sostiene que llevará un proyecto al Congreso el 20 de julio para cumplir esa promesa: la deuda total de la opción tarifaria es $4,7 billones, a los estratos 1, 2 y 3 corresponden $2,8 billones, ese es el monto que asumirá el Gobierno.
El ministro pidió a los comercializadores generar ya el alivio para los consumidores, mientras el Gobierno lleva el proyecto de ley para asumir la deuda.
El Ministerio de Minas y Energía anunció, junto con la cartera de Hacienda, la Superintendencia de Servicios Públicos y las empresas del Grupo EPM (EPM, Caribemar-Afinia, Central Hidroeléctrica de Caldas, Centrales Eléctricas de Norte de Santander, Empresa de Energía del Quindío, Electrificadora de Santander) y la empresa Air-e, un acuerdo que permitirá a quienes reciben el servicio de esas empresas “beneficiarse de la reducción en los costos de su tarifa del servicio público domiciliario de energía eléctrica”.
El primer paso es, como decía Bonilla, que el Gobierno se compromete a asumir la opción tarifaria. El segundo es que el mecanismo inmediato de financiamiento a estas empresas será por medio de las líneas de crédito habilitadas por la banca pública.
Las tarifas de los usuarios de las empresas comercializadoras beneficiadas con los desembolsos de las líneas de créditos bajarán de forma progresiva. “Los usuarios del país experimentarían un alivio en sus tarifas, que iría desde el 4 % hasta el 20 % del costo unitario de la prestación del servicio de energía eléctrica, dependiendo de la empresa prestadora del servicio, y proporcional al monto del crédito adquirido por estas. El valor más representativo de este rango de porcentaje lo experimentarán los usuarios más vulnerables”, dijo Minminas.
Insiste con las tasas de interés
Bonilla dijo que coincide con las voces que han dicho que la tasa real se está convirtiendo en un “obstáculo” para la recuperación económica porque dificulta los cierres financieros de los proyectos: “la inflación seguirá reduciéndose, pero a un ritmo lento”.
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$20 billones menos
Desde la Convención Bancaria, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, detalló que la “complicación de caja” que obligó a congelar el presupuesto en el país se debe a la reducción en el recaudo.
De acuerdo con Bonilla, frente a la meta de recaudo, a mayo el ingreso es menor en $15 billones. “El Gobierno entiende que no se va a cumplir la meta del recaudo y que hay que ajustar el presupuesto. Habrá un ajuste por $20 billones por reducción de gasto”.
La medida tiene dos momentos, explicó Bonilla, el primero, es la suspensión en la emisión de nuevos certificados de disponibilidad presupuestal (que se anunció esta semana), ahora están esperando a que las entidades organicen su gasto. El segundo momento es para identificar de dónde saldrán los $20 billones del ajuste.
Después del consejo de ministros del próximo lunes se discutirá el tema y, una vez tomada la decisión, se habilitará el presupuesto. “El ajuste no puede ir a los gastos sociales ni al programa del Gobierno. Por eso el presidente dijo que no permitiría que le recorten la reforma agraria”.
“Estamos cubriendo los compromisos con el país”
Bonilla aseguró que el Gobierno está asumiendo sus compromisos. Se refirió, como lo ha hecho en varias ocasiones, a por qué es necesario ampliar el cupo de la deuda. Antes de pandemia la deuda pública era de 48 % del PIB, en pandemia subió al 61 % y el compromiso es devolverla a una senda de 55 %. El problema, dijo el ministro, es que en medio de la emergencia por la pandemia, se firmaron ocho decretos para adquirir créditos sin que entren en el cupo de endeudamiento, en total US$6.500 millones, incluyendo el crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En total, “hay US$12.000 millones de dólares que no entraron en el cupo de endeudamiento”, de ahí que el Gobierno hace los pagos, pero no se libera cupo para adquirir nuevos créditos, por eso se está tramitando en el Congreso con llamado de urgencia una ampliación del cupo por US$17.000 millones. “No vamos a endeudar más al país, sino a pagar lo que está por fuera del cupo (...) Los compromisos del país están cubriéndose”, sostuvo.
El ajuste del diésel
El déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles terminó 2022 con un déficit de $37 billones que, si no se resolvía, se tenía que pagar con el presupuesto.
Si bien el Gobierno de Gustavo Petro ya ajustó el precio de la gasolina, todavía está pendiente el ajuste en el diésel. En 2023 el déficit del FEPC fue de $15,2 billones y este año cerraría en $12 billones y en 2025 también en $12 billones. Este año se están pagando $20 billones, lo equivalente a la reforma tributaria de esta administración.
“Tendremos que pensar en las medidas dolorosas sobre cómo ajustamos el diésel”. Por lo pronto, dijo el ministro, la primera medida debe salir antes de 15 días y es para incrementar el precio para los grandes consumidores.
La opción tarifaria
Bonilla explicó que el Gobierno se comprometió a asumir la deuda de opción tarifaria y que la ley permite hacerlo para los estratos 1, 2 y 3. La cartera sostiene que llevará un proyecto al Congreso el 20 de julio para cumplir esa promesa: la deuda total de la opción tarifaria es $4,7 billones, a los estratos 1, 2 y 3 corresponden $2,8 billones, ese es el monto que asumirá el Gobierno.
El ministro pidió a los comercializadores generar ya el alivio para los consumidores, mientras el Gobierno lleva el proyecto de ley para asumir la deuda.
El Ministerio de Minas y Energía anunció, junto con la cartera de Hacienda, la Superintendencia de Servicios Públicos y las empresas del Grupo EPM (EPM, Caribemar-Afinia, Central Hidroeléctrica de Caldas, Centrales Eléctricas de Norte de Santander, Empresa de Energía del Quindío, Electrificadora de Santander) y la empresa Air-e, un acuerdo que permitirá a quienes reciben el servicio de esas empresas “beneficiarse de la reducción en los costos de su tarifa del servicio público domiciliario de energía eléctrica”.
El primer paso es, como decía Bonilla, que el Gobierno se compromete a asumir la opción tarifaria. El segundo es que el mecanismo inmediato de financiamiento a estas empresas será por medio de las líneas de crédito habilitadas por la banca pública.
Las tarifas de los usuarios de las empresas comercializadoras beneficiadas con los desembolsos de las líneas de créditos bajarán de forma progresiva. “Los usuarios del país experimentarían un alivio en sus tarifas, que iría desde el 4 % hasta el 20 % del costo unitario de la prestación del servicio de energía eléctrica, dependiendo de la empresa prestadora del servicio, y proporcional al monto del crédito adquirido por estas. El valor más representativo de este rango de porcentaje lo experimentarán los usuarios más vulnerables”, dijo Minminas.
Insiste con las tasas de interés
Bonilla dijo que coincide con las voces que han dicho que la tasa real se está convirtiendo en un “obstáculo” para la recuperación económica porque dificulta los cierres financieros de los proyectos: “la inflación seguirá reduciéndose, pero a un ritmo lento”.
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