¿Cómo espera el Gobierno Petro solucionar el problema de la tierra en Colombia?

Este martes el Gobierno se pronunció ante las invasiones a predios que se han presentado en las últimas semanas. “Hacemos un llamado, esa no es la manera adecuada (...) solicitamos que los que estén invadiendo predios privados se abstengan de hacer esa práctica”, dijo la vicepresidenta, Francia Márquez.

Las comunidades dicen que están reclamando tierras y cumpliendo con el anuncio del Gobierno, que en su momento dijo que dispondrá de los terrenos a manos de la SAE para entregarlos a las personas que las necesitan. Sin embargo, Cecilia López, ministra de Agricultura, en entrevista con Blu Radio, aseguró que, si bien la reforma agraria es una prioridad, estos hechos “acaban con las posibilidades reales de hacer una reforma más rápido”.

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El llamado del Gobierno es claro: bajo estas circunstancias, tomar la tierra es invasión. Si el diálogo no funciona, dice la ministra, tendrán que desalojar.

La transformación del campo y la redistribución de la tierra son esenciales para el país que tiene en la cabeza el presidente Gustavo Petro, de ahí que en su campaña política el tema estuvo entre los primeros puntos de la agenda.

Ahora, el Gobierno se mantiene en que la reforma agraria es una prioridad. “Colombia tiene que ser una potencia mundial en la producción de alimentos. Para esto se necesita una serie de elementos enmarcados dentro del punto uno de La Habana, que claramente habla de la gran reforma rural”, aseguró el mes pasado López, en entrevista con este diario.

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El primer objetivo es que no haya tierras productivas subutilizadas en el país y esa será también la apuesta de la reforma agraria. La ministra López sostiene que la tierra se le entregará a quien la necesite, pero también pide tiempo para materializar las promesas. “Llevamos tres semanas en el Gobierno y nos están pidiendo resultados que, además, se están frenando por esta situación. No puede seguir la invasión de tierras”. La pregunta es: ¿qué hará el Gobierno?

El camino para la reforma

López se mantiene en que no se necesita tramitar una nueva ley, teniendo en cuenta que no se ha aplicado la 160 de 1994 y que el país tiene el decreto 902 de 2017 para arrancar con la redistribución.

La primera etapa, aseguró López este miércoles, es que la SAE avance en la distribución de la tierra que antes estaba en manos de narcotraficantes y que acelere la entrega de títulos represados en la Unidad de Tierras, en la Unidad de Desarrollo Rural y en el Ministerio. Sin embargo, recordó que “no toda la tierra que está en la SAE se puede entregar fácilmente”, algunos terrenos fueron invadidos, otros tienen problemas por pago de impuestos, entre muchas otras cosas.

La gran apuesta estará en la aplicación del catastro multipropósito. Cuando se logre, el Gobierno subirá los impuestos a la tierra, principalmente, para los grandes latifundios que se han beneficiado de los megaproyectos de infraestructura, por ejemplo. Con más impuestos, quienes tienen la tierra y no la aprovechan deberán ponerla a producir o venderla.

Lo cierto es que la falta de información predial impide que tributen (o al menos que tributen lo justo y necesario) quienes podrían y deberían hacerlo.

En el caso de quienes decidan vender, el Gobierno planea comprar tierra con deuda pública para redistribuirla. Para lograr esos objetivos, la ministra asegura que buscará acelerar el catastro multipropósito en algunas zonas del país.

Otro elemento fundamental es la sentencia de la Corte Constitucional sobre los baldíos. El alto tribunal, al estudiar 13 tutelas que pusieron en evidencia la complejidad del asunto, sentenció sin rodeos: el Estado ha incumplido en promover el acceso a la propiedad de la tierra para los campesinos. Asimismo, expresó que existe un vacío en la aplicación e interpretación del régimen especial para otorgar estos predios. (Lea: Corte Constitucional toma histórica decisión sobre acceso a la tierra)

La ministra sostiene que el Gobierno está esperando la sentencia para determinar cuáles son las herramientas que les entrega y cómo las van a usar.

Vale recordar que actualmente hay dos proyectos, presentados por congresistas y por el Gobierno, que buscan respaldar los derechos de los campesinos, así como incrementar la seguridad alimentaria. También hay que abordar problemas estructurales de antaño, como la falta de vías terciarias, de conectividad e industrialización, que serán clave para que este Gobierno logre potenciar el campo.

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Las reformas agrarias de Colombia

Vale la pena recordar, a grandes rasgos, las reformas que ha tenido el país. En 1936 se dio, como tal, la primera ley de tierras que buscaba la redistribución de los predios. En el primer Gobierno de López Pumarejo la Ley 200 estableció que una persona era propietaria de la tierra siempre y cuando sacara de ella un provecho económico. En caso de que esto no se hiciera por más de tres años, el Gobierno lo consideraba como baldío y podía realizar una extinción de dominio. Con esta ley hubo claridad sobre quiénes eran los dueños de la tierra.

Posteriormente, se promulgó la Ley 100 de 1944. En ella se establecieron los contratos de aparcería o arrendamiento de la tierra para que un tercero cultivara en ella. También se amplió el plazo de la extinción de dominio a 15 años.

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En la época conocida como La Violencia bipartidista de los años 50 se vivió una importante migración rural hacia lo urbano que afectó fuertemente la producción agrícola. En dicho contexto surgió la Ley 135 de 1961 que creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), cuya función principal era “eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica”, administrar el Fondo Nacional Agrario y promover el desarrollo del campo (vías, un estudio de las zonas del país, reforestación, productividad...).

La Ley 5 de 1973 creó el Fondo Financiero Agropecuario para financiar actividades del agro y que administraba el Banco de la República. Esta época también proliferó la siembra de cultivos ilícitos debido a la pobreza en la que se encontraban los habitantes rurales. Este fenómeno, sumado a la expansión de los grupos armados al margen de la ley, ayudó al aumento de la concentración de la tierra.

En 1988 la ley 30 modificó las anteriores y estableció que se debía “fomentar la adecuada explotación económica y la utilización social de las tierras rurales aptas para la explotación agropecuaria y de las incultas, ociosas o deficientemente utilizadas, mediante programas que provean su distribución ordenada, su incorporación al área de explotación económica agraria y su racional”.

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En 1994 se creó el Ministerio de Agricultura por medio de la ley 160, que también modificó la forma de entender la reforma agraria. Esta contempló la posibilidad de que el campesino comprara las tierras, por medio del Incora, y con un subsidio del Estado (a modo de crédito).

Para 2003, el Decreto 1300 suprimió el Incora y fue reemplazado por el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) que buscaba aumentar la productividad y fortalecer a los entes territoriales. Cuatro años después, la Ley 1152 estableció que la reforma agraria se haría mediante el mercado de tierras y continuó con los subsidios por parte del Estado, aunque bajo otras condiciones, entre ellas la coordinación del Incoder.

Un paso que será fundamental en la próxima reforma es el punto número uno del Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, que habla de un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral.

En él se estipula la creación del Fondo de Tierra de distribución gratuita, un subsidio y crédito integral para la compra de tierras. Otros de los temas que resalta el acuerdo tienen que ver con la actualización del catastro e impuesto predial rural, cierre de la frontera agrícola, la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y llevar al campo el desarrollo social integral.

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