¿Cómo está el campo tras un año de pandemia?

El confinamiento, la contracción de la economía y el cambio en los patrones de consumo no fueron ajenos al campo y a las actividades económicas de la ruralidad colombiana. Es preciso anotar que el sector agropecuario ha sido uno de los pocos que presentó un crecimiento positivo en 2020, tanto en el PIB como en las exportaciones, lo que sin duda alguna es una buena noticia y es un hecho destacable en las actuales circunstancias.

En efecto, el dinamismo del sector agropecuario no fue suficiente para recuperar las condiciones socioeconómicas de los territorios rurales, a pesar de ser su principal empleador y de presentar un crecimiento del PIB para 2020 del 1,5 %. El mercado laboral rural se deterioró significativamente durante los meses críticos (abril y mayo), se llegó a una tasa de desempleo del 11,2 %, siendo un valor atípico para el sector; de hecho, un 82 % por encima de la tasa de desempleo para el mismo trimestre en 2019 y más del doble de la de 2018. A partir de esa fecha las condiciones han mejorado, pero siguen estando por encima de las cifras de desempleo de 2018 y 2019.

Lea también: Solo tres de cada diez mujeres rurales están ocupadas o buscando empleo

Esta situación tiende a ser más crítica para las mujeres, quienes tradicionalmente presentan una menor tasa de ocupación y el 73 y 61 % de los empleos formales e informales no agropecuarios perdidos, respectivamente, fueron de mujeres, a junio de 2020. Este resultado se debe, en parte, a que las mujeres rurales se vinculan laboralmente, en esencia, en empleos no agrícolas y por fuera del hogar, lo que indica una mayor probabilidad de afectación por las medidas de confinamiento, de acuerdo con el Análisis del Mercado Laboral Rimisp (2020).

Adicional a lo anterior, hubo un incremento de los inactivos: entre abril y junio de 2020 aumentaron un 18 % frente al mismo trimestre del año anterior. Durante el año completo, el crecimiento de inactivos, en promedio, fue del 9 %, mientras que para 2019 y 2018 fue del 4 y 2 %, respectivamente.

Por su parte, la pobreza monetaria en 2019, de acuerdo con el DANE, creció 1,5 puntos porcentuales respecto a 2018, medio punto más que la urbana, llegando al 47,5 %. En términos de brecha, los pobres rurales presentaron un déficit de ingresos del 20 % en promedio, para alcanzar la línea de pobreza, mientras que en los urbanos fue del 12,1 %. Los ingresos rurales en 2020 cayeron en promedio 7,3 % frente a 2019. Por deciles de ingresos, el más pobre redujo sus ingresos casi en 50 %. Esta situación es una antesala de lo que se espera, en términos de pobreza, para ese año, más aún teniendo en cuenta que el aumento de la pobreza en 2019 se explicó fundamentalmente por la pérdida del empleo del jefe del hogar.

Los datos anteriores indican que, a pesar de las buenas noticias en términos de crecimiento, los efectos rezagados de la pandemia muy seguramente van a profundizar las trayectorias que ya venían presentando las zonas rurales. Esto cobra más relevancia al considerar que el foco de las políticas de reactivación y protección del ingreso no ha estado concentrado en las zonas rurales ni en la población más pobre del campo.

Por ejemplo, en relación con el Programa Ingreso Solidario, a agosto de 2020, las personas de los municipios rurales y rurales dispersos que integran hogares que recibieron el apoyo, a partir de las categorías de la Misión para la Transformación del Campo, representaron el 15 y 9 % del total de los apoyos, esto según la información disponible por parte del DNP y el DPS. Este valor puede ser aun menor teniendo en cuenta que no se están incluyendo en el análisis las zonas rurales de los municipios intermedios y de las ciudades, así como de las aglomeraciones.

Al revisar las acciones para las zonas rurales propuestas en el Conpes 4023 (política de reactivación), es importante destacar el esfuerzo y compromiso de 400 km en vías terciarias con una inversión de $2,2 billones, intervención que ha sido sistemáticamente priorizada en diversos escenarios, pero que no ha arrancado. Asimismo, la apuesta por la conectividad rural con 10.000 puntos de acceso a internet en centros poblados.

No obstante, a pesar de estos esfuerzos, las medidas de reactivación parecen aún tímidas frente a la gravedad del problema en las zonas rurales. El Programa Ingreso Solidario debería incrementar la participación de miembros de hogares rurales pobres, principalmente aquellos cuya jefatura está a cargo de mujeres o con jóvenes dependientes, quienes han sido los más afectados por el deterioro del mercado laboral rural.

De igual manera, el programa de soluciones de agua potable y alcantarillado, de la mano del Programa de Vivienda de Interés Social Rural, debería priorizar las intervenciones en las zonas rurales, considerando que ahora el Ministerio de Vivienda tiene a cargo esta responsabilidad y tiene el compromiso de que el déficit de vivienda rural no se incremente.

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Las medidas sectoriales son insuficientes para el proceso de reactivación que se requiere en la ruralidad colombiana. Están enfocadas, principalmente, en mejorar la operación de programas ya existentes. Y si bien eso es importante, no se observan compromisos que apunten a mejorar los ingresos de los productores, especialmente de los más pobres, y generar oportunidades de empleo para mujeres y jóvenes.

Algunos ejemplos: no se mencionan metas específicas en términos de acceso a los servicios de extensión agropecuaria por parte de productores, una intervención crítica en materia de generación de ingresos, desaprovechando que los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria llevan más de un año aprobados por las asambleas departamentales y que muy seguramente tienen identificados los productores susceptibles del subsidio previsto en la norma.

En materia de acceso al crédito y bancarización tan solo se menciona que se ajustará el portafolio de Finagro, sin metas específicas de incremento del financiamiento a pequeños y medianos productores, y mucho menos a mujeres. Tampoco se relaciona la articulación de esta política con el Plan Nacional de Riego, que prevé soluciones alternativas para pequeños y medianos, lo que puede ser un punto de quiebre en materia de productividad y, en consecuencia, de ingresos.

Finalmente, es necesario mencionar que el Programa de Agricultura por Contrato, que se menciona tangencialmente en la política, es una oportunidad para el sector y los habitantes rurales. El MADR (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) ha hecho un esfuerzo en integrar diversos instrumentos de la oferta institucional, y esto puede convertirse en el eje transformador de los agronegocios. Por eso se requiere que se siga fortaleciendo y que además se integre con los planes de abastecimiento de las pequeñas y medianas ciudades, aprovechando las oportunidades que ofrecen los mercados alimentarios locales y regionales, dada la caída de los grandes consumidores de alimentos y la necesidad de ajuste en estos mercados.

De manera complementaria, los gobiernos regionales deberían emprender una estrategia de descentralización de los sistemas de abastecimiento, basada en plataformas que potencien los circuitos cortos y medianos a partir de los territorios funcionales propuestos por el Plan Nacional de Desarrollo y de la mano de la oferta institucional del Programa de Agricultura por Contrato, logrando involucrar buena parte de los pequeños y medianos que han sido afectados por la contracción de la demanda de alimentos.

Así que, si se quiere mantener esta tendencia de crecimiento del sector y que este dinamismo se traduzca en mejores condiciones para los habitantes rurales, las intervenciones y medidas que se tomen para la reactivación económica deben tener metas y resultados concretos a corto, mediano y largo plazo para las zonas rurales de Colombia antes de que sea demasiado tarde.

* Directora de la Iniciativa en Sistemas Agroalimentarios, U. de los Andes.

El confinamiento, la contracción de la economía y el cambio en los patrones de consumo no fueron ajenos al campo y a las actividades económicas de la ruralidad colombiana. Es preciso anotar que el sector agropecuario ha sido uno de los pocos que presentó un crecimiento positivo en 2020, tanto en el PIB como en las exportaciones, lo que sin duda alguna es una buena noticia y es un hecho destacable en las actuales circunstancias.

En efecto, el dinamismo del sector agropecuario no fue suficiente para recuperar las condiciones socioeconómicas de los territorios rurales, a pesar de ser su principal empleador y de presentar un crecimiento del PIB para 2020 del 1,5 %. El mercado laboral rural se deterioró significativamente durante los meses críticos (abril y mayo), se llegó a una tasa de desempleo del 11,2 %, siendo un valor atípico para el sector; de hecho, un 82 % por encima de la tasa de desempleo para el mismo trimestre en 2019 y más del doble de la de 2018. A partir de esa fecha las condiciones han mejorado, pero siguen estando por encima de las cifras de desempleo de 2018 y 2019.

Lea también: Solo tres de cada diez mujeres rurales están ocupadas o buscando empleo

Esta situación tiende a ser más crítica para las mujeres, quienes tradicionalmente presentan una menor tasa de ocupación y el 73 y 61 % de los empleos formales e informales no agropecuarios perdidos, respectivamente, fueron de mujeres, a junio de 2020. Este resultado se debe, en parte, a que las mujeres rurales se vinculan laboralmente, en esencia, en empleos no agrícolas y por fuera del hogar, lo que indica una mayor probabilidad de afectación por las medidas de confinamiento, de acuerdo con el Análisis del Mercado Laboral Rimisp (2020).

Adicional a lo anterior, hubo un incremento de los inactivos: entre abril y junio de 2020 aumentaron un 18 % frente al mismo trimestre del año anterior. Durante el año completo, el crecimiento de inactivos, en promedio, fue del 9 %, mientras que para 2019 y 2018 fue del 4 y 2 %, respectivamente.

Por su parte, la pobreza monetaria en 2019, de acuerdo con el DANE, creció 1,5 puntos porcentuales respecto a 2018, medio punto más que la urbana, llegando al 47,5 %. En términos de brecha, los pobres rurales presentaron un déficit de ingresos del 20 % en promedio, para alcanzar la línea de pobreza, mientras que en los urbanos fue del 12,1 %. Los ingresos rurales en 2020 cayeron en promedio 7,3 % frente a 2019. Por deciles de ingresos, el más pobre redujo sus ingresos casi en 50 %. Esta situación es una antesala de lo que se espera, en términos de pobreza, para ese año, más aún teniendo en cuenta que el aumento de la pobreza en 2019 se explicó fundamentalmente por la pérdida del empleo del jefe del hogar.

Los datos anteriores indican que, a pesar de las buenas noticias en términos de crecimiento, los efectos rezagados de la pandemia muy seguramente van a profundizar las trayectorias que ya venían presentando las zonas rurales. Esto cobra más relevancia al considerar que el foco de las políticas de reactivación y protección del ingreso no ha estado concentrado en las zonas rurales ni en la población más pobre del campo.

Por ejemplo, en relación con el Programa Ingreso Solidario, a agosto de 2020, las personas de los municipios rurales y rurales dispersos que integran hogares que recibieron el apoyo, a partir de las categorías de la Misión para la Transformación del Campo, representaron el 15 y 9 % del total de los apoyos, esto según la información disponible por parte del DNP y el DPS. Este valor puede ser aun menor teniendo en cuenta que no se están incluyendo en el análisis las zonas rurales de los municipios intermedios y de las ciudades, así como de las aglomeraciones.

Al revisar las acciones para las zonas rurales propuestas en el Conpes 4023 (política de reactivación), es importante destacar el esfuerzo y compromiso de 400 km en vías terciarias con una inversión de $2,2 billones, intervención que ha sido sistemáticamente priorizada en diversos escenarios, pero que no ha arrancado. Asimismo, la apuesta por la conectividad rural con 10.000 puntos de acceso a internet en centros poblados.

No obstante, a pesar de estos esfuerzos, las medidas de reactivación parecen aún tímidas frente a la gravedad del problema en las zonas rurales. El Programa Ingreso Solidario debería incrementar la participación de miembros de hogares rurales pobres, principalmente aquellos cuya jefatura está a cargo de mujeres o con jóvenes dependientes, quienes han sido los más afectados por el deterioro del mercado laboral rural.

De igual manera, el programa de soluciones de agua potable y alcantarillado, de la mano del Programa de Vivienda de Interés Social Rural, debería priorizar las intervenciones en las zonas rurales, considerando que ahora el Ministerio de Vivienda tiene a cargo esta responsabilidad y tiene el compromiso de que el déficit de vivienda rural no se incremente.

Lea también: Desempleo femenino: un problema transversal

Las medidas sectoriales son insuficientes para el proceso de reactivación que se requiere en la ruralidad colombiana. Están enfocadas, principalmente, en mejorar la operación de programas ya existentes. Y si bien eso es importante, no se observan compromisos que apunten a mejorar los ingresos de los productores, especialmente de los más pobres, y generar oportunidades de empleo para mujeres y jóvenes.

Algunos ejemplos: no se mencionan metas específicas en términos de acceso a los servicios de extensión agropecuaria por parte de productores, una intervención crítica en materia de generación de ingresos, desaprovechando que los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria llevan más de un año aprobados por las asambleas departamentales y que muy seguramente tienen identificados los productores susceptibles del subsidio previsto en la norma.

En materia de acceso al crédito y bancarización tan solo se menciona que se ajustará el portafolio de Finagro, sin metas específicas de incremento del financiamiento a pequeños y medianos productores, y mucho menos a mujeres. Tampoco se relaciona la articulación de esta política con el Plan Nacional de Riego, que prevé soluciones alternativas para pequeños y medianos, lo que puede ser un punto de quiebre en materia de productividad y, en consecuencia, de ingresos.

Finalmente, es necesario mencionar que el Programa de Agricultura por Contrato, que se menciona tangencialmente en la política, es una oportunidad para el sector y los habitantes rurales. El MADR (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) ha hecho un esfuerzo en integrar diversos instrumentos de la oferta institucional, y esto puede convertirse en el eje transformador de los agronegocios. Por eso se requiere que se siga fortaleciendo y que además se integre con los planes de abastecimiento de las pequeñas y medianas ciudades, aprovechando las oportunidades que ofrecen los mercados alimentarios locales y regionales, dada la caída de los grandes consumidores de alimentos y la necesidad de ajuste en estos mercados.

De manera complementaria, los gobiernos regionales deberían emprender una estrategia de descentralización de los sistemas de abastecimiento, basada en plataformas que potencien los circuitos cortos y medianos a partir de los territorios funcionales propuestos por el Plan Nacional de Desarrollo y de la mano de la oferta institucional del Programa de Agricultura por Contrato, logrando involucrar buena parte de los pequeños y medianos que han sido afectados por la contracción de la demanda de alimentos.

Así que, si se quiere mantener esta tendencia de crecimiento del sector y que este dinamismo se traduzca en mejores condiciones para los habitantes rurales, las intervenciones y medidas que se tomen para la reactivación económica deben tener metas y resultados concretos a corto, mediano y largo plazo para las zonas rurales de Colombia antes de que sea demasiado tarde.

* Directora de la Iniciativa en Sistemas Agroalimentarios, U. de los Andes.