¿Cómo los impuestos pueden definir el futuro de los restaurantes en Colombia?

Antes de la pandemia, en Colombia había cerca de 90.000 restaurantes y locales de servicios de comida, negocios que generan cerca del 8 % del empleo formal en el país, según la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres). Este sector, al igual que muchos otros, se vio fuertemente impactado por la pandemia, tanto así que el gremio calculó una pérdida de 235.000 empleos y el cierre de 48.100 establecimientos por la coyuntura.

Antes de la pandemia, en Colombia había cerca de 90.000 restaurantes y locales de servicios de comida, negocios que generan cerca del 8 % del empleo formal en el país, según la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres). Este sector, al igual que muchos otros, se vio fuertemente impactado por la pandemia, tanto así que el gremio calculó una pérdida de 235.000 empleos y el cierre de 48.100 establecimientos por la coyuntura.

Un año y medio después de la primera cuarentena que se decretó en Colombia, la reapertura parcial de estos locales ha comenzado a tomar fuerza: hoy pueden operar con controles de aforo más flexibles y cumpliendo con protocolos de bioseguridad. Sin embargo, algunas voces del sector afirman que todavía no han salido de la crisis y temen que la reactivación de impuestos les haga perder lo que han alcanzado a recuperar.

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“Si usted le pone impoconsumo, IVA, ICA y Sayco y Acinpro el plato que consume lleva una carga de impuesto de entre 35 y 45 %, a eso súmele la materia prima. ¿Un restaurante pequeño puede vivir de esa forma? Lógico que no. Nos van a acabar”, opina Jorge Aguilar, dueño del restaurante La Escollera, un negocio que tiene 17 años.

Otros, como Rafael Mendoza, propietario de Ziru’s Pizza, recalcan que todavía están pagando los efectos del paro nacional en sus cadenas de suministro, a los que luego se sumó la subida de precios de los alimentos. “Nos volvió trizas porque no salían huevos, no se producía pollo, no llegaba alimento concentrado a las fincas. Ahora todos los días estamos con cuaderno en mano para ver cómo no trasladamos los costos al consumidor final”, afirma Mendoza.

Su negocio, que cuenta con 15 locales y genera unos 250 empleos en varias ciudades, todavía no ha alcanzado el aforo que solía tener antes de la pandemia, pero va en 60 %.

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Por su parte, Juan Pablo Uribe, dueño del restaurante familiar El Sol de Nápoles, coincide en que el aforo no es el mismo, de hecho, su local tiene una capacidad para 220 personas, pero no alberga a más de 80 en un día normal. Aun así, Uribe cuenta que ha podido recuperarse por medio de la comercialización de productos, la implementación de domicilios y la diversificación de sus servicios. “Nunca desmonté las mesas. La estrategia era que los clientes percibieran en nosotros una solución para varios momentos, no solamente como restaurante. La estructura de negocio cambió y el objetivo era aguantar”, dice.

En 2020, el Gobierno habilitó unos salvavidas para ayudar a este y otros sectores que estaban en crisis, como el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), que entrega un subsidio para el pago de nómina de cada trabajador, y la exclusión transitoria del Impuesto Nacional al Consumo (del 8 %), como también la del IVA para ciertos comercios. A su vez, varias alcaldías ampliaron los plazos para el pago de obligaciones como el ICA y Reteica.

Estos beneficios les permitieron a varios negocios operar durante buena parte del año sin incrementar los precios o despedir a todo su personal, así lo confirman Mendoza y Uribe, que accedieron a estas ayudas. Sin embargo, tanto las exenciones transitorias como los recursos del PAEF llegarán a su fin en diciembre de 2021.

Ante este escenario, el Gobierno lanzó un último auxilio al sector en la reforma tributaria o Ley de Inversión Social que sancionó el presidente Duque el pasado 14 de septiembre: los negocios que pertenezcan al grupo 4 del Régimen Simple de Tributación (RST) no pagarán IVA cuando tengan esta responsabilidad ni impoconsumo durante 2022. Esto cobija a restaurantes, cafeterías que preparan comida, servicios de catering y bares que tributan bajo dicho régimen. Actualmente hay cerca de 141.196 empresas en esas categorías, según Confecámaras.

Cabe recordar que el RST es un sistema de tributación opcional que el Gobierno viene impulsando desde 2019 para incentivar la formalización y simplificar el pago de impuestos. Con una sola declaración anual permite cumplir con el deber formal de declarar varios impuestos (simple o renta, impoconsumo, ganancia ocasional, industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil).

Para pertenecer a este régimen se exige, entre otras cosas, que la persona natural o jurídica haya obtenido en el año gravable anterior ingresos inferiores a 80.000 UVT ($2.904 millones con la UVT de 2021) y esté al día con sus obligaciones tributarias.

Según la DIAN, del total de inscritos en el RST (39.240 al 31 de agosto), el 47 % corresponde a contribuyentes que migraron del régimen ordinario y el 53 % formalizó su actividad económica directamente por esta vía.

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El gremio Acodres, que representa a 7.600 establecimientos de comida en Colombia, critica que la medida establecida en la tributaria sólo beneficia a ciertos bares y restaurantes, y olvida a los negocios de mayor tamaño, que son grandes contribuyentes.

“Lo que el sector formal está reclamando es que no se pierda competitividad. Queremos decirle al Gobierno que valore a sus empresas formalmente constituidas y no nos ponga en desventaja con relación a los informales. A la larga no es un alivio, sino una herramienta de competitividad”, explica Guillermo Gómez, presidente de la Asociación.

Según Gómez, el aforo limitado, los coletazos del paro nacional, las deudas y la inflación han puesto al sector en una situación delicada que obligaría a muchos a subir los precios o a pasarse a la informalidad para seguir operando.

“El régimen simple, como un ideal de formalización, es una buena herramienta y la apuesta que hace el Gobierno para que la gente se inscriba es valiosa, pero la realidad es que el informal se quedará así y el formal que se pueda pasar a la informalidad lo hará porque necesita sobrevivir”, asevera.

Acodres le había propuesto al Gobierno reactivar los impuestos de manera gradual, con un impoconsumo del 4 % para 2022, del 5 % para 2023 y del 6 % en 2024 a cambio de comprometerse con planes de expansión y generación de empleo. Sin embargo, su idea no tuvo acogida.

Algunos propietarios de restaurantes como Uribe, de El Sol de Nápoles, aseguran, sin embargo, que la ayuda de la tributaria los beneficia bastante. “Nosotros éramos de régimen de tributación común y el año pasado decidimos pasarnos al régimen simple. Me parece que la tasa es más cara, pero con la reforma y el beneficio del ICO se vuelve más barata. Quedamos cobijados y la norma funciona para la mayoría”, opina.

Mendoza, de Ziru’s, celebra la medida porque puede ayudar a los negocios más pequeños, aunque hubiera preferido que la asistencia fuera para todos. “Dejar algún sector de los restaurantes sin impuestos es muy positivo, pero también es desigual con los que llevan toda la vida pagando juiciosos, que son las grandes empresas. Quedan unos con (impuestos) y otros sin, cuando deberíamos ser todos sin”, puntualiza.

Para Mendoza, a futuro se deberían definir estrategias para que todas las empresas contribuyan de manera progresiva según su tamaño, pues esto facilitaría la formalización y evitaría que la carga sólo recayera en un sector. “La informalidad está dañando, tanto a los empresarios formales, como al Gobierno, que no se está dando cuenta de que los impuestos se están yendo por ahí”, agrega.

En eso coincide Gómez, de Acodres, quien advierte que la informalidad pavimenta la competencia desleal y arruina los negocios que quieren ser formales. “Si no se logra una herramienta tributaria de competitividad para el sector vamos a tener otra crisis en enero del año entrante”, concluye.