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Casi por definición hablar de subir o modificar impuestos suele ser una conversación tensa en cualquier sociedad, un asunto que pasa por términos como incómodo y necesario. Y algunas veces también lo hace por palabras como urgente.
Probablemente, nunca una reforma tributaria había capturado tanto la atención nacional, al menos lo suficiente como alimentar el comienzo de un estallido social que hoy incluye otra serie de reclamos, obligó al retiro del proyecto y tiene tambaleando a las cabezas del equipo económico del alto gobierno.
La crisis económica introducida por el avance del COVID-19 ha impulsado crecimientos duros en desempleo (que no baja del 12 % desde hace un año y llegó a subir hasta el 21,4 %) y pobreza. Este último es un tema sensible y complejo, porque cada centímetro retrocedido en ese plano toma años de recursos y políticas públicas para recuperar.
Entonces, una conversación sobre impuestos es, en la actualidad, mucho más que eso. De cierta forma, es un debate que raya en la visión de país, pues toca estrategias de recuperación de la economía, pero también de apoyo y garantías sociales durante una de las peores crisis económicas y sanitarias en la historia nacional.
Las manifestaciones por el paro empezaron en la tributaria, pero se extendieron a terrenos que en todo y nada tienen que ver con la política económica. Lo que hoy parece claro es que la conversación actual va bastante más allá de la macroeconomía, las finanzas y la teoría tributaria. Y a la vez está anudada en buena parte en estas materias.
Otro de los consensos que emergen en el momento es la necesidad de implementar una reforma, debido a la situación fiscal del país: una plétora de gastos, pero con fuentes finitas de financiación. El punto acá es qué reforma, por qué camino y, sobre todo, cómo lograrla en un momento de tensión social y política.
Esto último teniendo en cuenta la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y la entrada de José Manuel Restrepo a esta cartera (quien viene del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).
Restrepo es un funcionario con una amplia carrera académica (fue rector de la U. del Rosario) y es uno de los miembros del gabinete con mayor favorabilidad.
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Sobre las 9:00 p.m. de este lunes, se conoció que Fernando Jiménez y Jesús Bejarano fueron nombrados como los nuevos viceministros de Hacienda, en reemplazo de Juan Alberto Londoño y Juan Pablo Zárate, quienes también presentaron su renuncia este lunes.
Así mismo, no resulta claro cuál será el futuro de Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación, quien también ofreció su renuncia este lunes, pero participó en el programa diario de televisión del presidente Duque a las 6:00 p.m.
Ahora bien, la reconstrucción de la reforma es, además de un ejercicio de planeación y estrategia económica, una negociación política. Esta vez el presidente Duque ha insistido en la necesidad de formar consensos, luego de que el proyecto anterior no fue conocido por la opinión pública, sino tan solo por intervenciones en medios, con retractaciones posteriores hechas por el propio Gobierno. El lunes, el mandatario comenzó por reunirse con los partidos de la coalición.
“Lo que pasó no tiene precedentes. La Ley de Solidaridad Sostenible no era más impopular que las últimas reformas tributarias de este Gobierno ni de otros gobiernos. Lo que fue diferente es que por primera vez la ciudadanía se dio cuenta de que los temas tributarios no son técnicos, sino políticos, y se movilizó”, explica María Fernanda Valdés, Ph.D en economía y coordinadora para la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia. Y añade: “Estamos frente a un despertar de la ciudadanía hacia temas tributarios y una nueva forma de hacer política pública”.
Entonces, ¿cómo avanzar hacia una mejor reforma?
“Desde el punto de vista macroeconómico sería útil lograr pasar una reforma que tranquilice un poco los mercados financieros. Sería también pertinente que nos dieran unos instrumentos que nos ayuden a lidiar con la catástrofe de pobreza que estamos viviendo”, opina Marc Hofstetter, economista y columnista de este diario. Del texto que fue retirado por el Gobierno, apunta, es importante mantener los programas que la reforma planteaba en el gasto social, que Ingreso Solidario sea permanente y no transitorio y que haya ayudas para los empleados.
A la vez, Hofstetter reconoce que la conversación actual es mucho más amplia que una discusión tributaria: “Creo que la reforma es el menor de nuestros problemas en este caso. El problema fiscal pasó a segundo orden. Tenemos una bomba social con la cual no sabemos cómo vamos a lidiar”.
Según el DANE, la pandemia llevó en 2020 a que más de 3,5 millones de colombianos cayeran en la condición de pobreza, para un total de 21,2 millones a escala nacional. En pobreza extrema, el COVID-19 llevó a 2,8 millones de personas a este renglón, para un total nacional de 7,4 millones de ciudadanos.
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La pérdida adquisitiva de los hogares terminó por desmejorar, además, la desigualdad en el país es de por sí una de las más altas del mundo. El coeficiente de Gini llegó a 0,54, una cifra nunca vista en la historia del indicador, que comenzó a calcularse en 2012.
Es por esto que uno de los primeros llamados que hacen analistas y académicos es a mantener la agenda social que impulsaba el texto retirado. Sin embargo, Hofstetter advierte que “la situación fiscal es muy compleja, pero aprobar gastos sin tener cómo financiarlos es una irresponsabilidad, porque si lo hacen vamos a terminar en una crisis en donde no hay forma de pagarle a nadie”.
Al hablar de cómo obtener más recursos, Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, asegura que “se necesita una reforma tributaria enfocada en recaudar más de las principales fuentes de ingresos de los más ricos en el país, que no son laborales, sino ganancias ocasionales, dividendos y rentas no laborales. Eso, además de una reforma al impuesto a las empresas siguiendo la misma línea que había planteado el propio Ministerio de Hacienda, que sorprendentemente había anunciado la eliminación de muchos beneficios a las empresas, eso no se debe desconocer y se debe llevar más allá”.
Valdés concuerda con esta visión al decir que “la única reforma que no frenaría la recuperación es una reforma altamente progresiva que se concentre principalmente en reducir beneficios tributarios y en gravar más fuertemente a los individuos con más altos ingresos, como afortunadamente ya hasta los allegados al Gobierno han aceptado”.
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Y añade que “como los beneficios tributarios a la renta de las personas tienden a aumentar con el nivel de ingreso, debe imponerse un tope nominal más bajo al uso de beneficios. Además, ya que los individuos que pertenecen a los sectores más pudientes, según la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, obtienen sus ingresos principalmente de rentas no laborales, es decir, especialmente de empresas que tributan como personas naturales, es ahí en donde la reforma debería poner la mayor atención, principalmente limitando el uso de gastos personales (colegio, arriendos) como gastos y costos empresariales”.
A su vez, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, indica que se pueden buscar nuevos recursos “eliminando algunas de las deducciones y exenciones que se introdujeron en la reforma de 2019 para las empresas (la sobretasa de renta temporal puede ser un elemento importante) y también discutiendo aumentos de impuestos para las personas de más altos ingresos, sin tocar a quienes no están declarando renta actualmente”.
Uno de los puntos que más incomodaba de la anterior propuesta de reforma es que buena parte de la solidaridad que invocaba el Gobierno se centraba entre sectores de la población que, en la práctica, distan mucho de ser los más privilegiados. Si bien en el papel el proyecto se centra en los renglones de la sociedad que componen las llamadas clases media y alta, estas tienen diferencias y fracturas internas tan altas que ofrecen un panorama de desigualdad entre ellas más alto que el de todo el país en conjunto.
Aplicar un poco la regla de todos ponen, cuando la realidad es mucho más granular y dispar, era una de las grandes críticas que se le hacía al proyecto retirado por el Gobierno. A su vez, es uno de los sectores que bien podría mejorar de cara a la nueva iniciativa.
Otra de las preocupaciones de pasar una reforma que apuntale la situación fiscal es enviarles un mensaje a los mercados internacionales sobre la estabilidad macroeconómica del país. Esto de cara a no perder el grado de inversión. En otras palabras, se trata de decirles a los inversionistas que el país puede seguir honrando sus compromisos para mantener razonables las tasas de interés de la deuda colombiana.