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Para financiar los gastos sociales y sanitarios generados por la pandemia del COVID-19, el gobierno del presidente Iván Duque presentó una dura reforma fiscal con la cual espera recaudar unos $23 billones. La carga impositiva tendrá su mayor peso sobre las personas de clase media y aliviará los tributos corporativos.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, señaló que con el recaudo por IVA se recogerían $7,3 billones, por renta en personas naturales habría $17 billones y las empresas pagarían un tributo de $3,7 billones. Para las regiones, a través del Sistema General de Participación (SGP), se repartirían $4,6 billones.
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La iniciativa propone que más colombianos entren a la base tributaria y establece que un asalariado con $2,4 millones netos comience a pagar un impuesto de renta del orden de $100.000 anuales. Asimismo, se establece IVA para los servicios públicos de las familias con mayores ingresos.
Carrasquilla explicó que la reforma gradualmente afecta los ingresos no solo de la clase media, sino de la parte superior de la escala del ingreso. Dijo que el ingreso mediano en Colombia es de $1,2 millones y el promedio es de $1,7 millones mensuales. “Este no es un país muy pudiente y no estamos tocando la parte media de esa distribución”, comenta, y admite, además, que hay personas que gradualmente van a pagar un poco más en el impuesto de renta.
Para el ministro, la parte más vulnerable de pobreza y pobreza extrema no tiene ningún efecto derivado del IVA.
El presidente de la Anif, Mauricio Santamaría, destaca que “la reforma es un paso en la dirección correcta. Toma medidas importantes, como lograr mayor tributación de renta en personas naturales y de manera más equitativa”.
El proyecto tributario crea una serie de impuestos para fortalecer el ingreso de las regiones y modifica la sobretasa a los combustibles, pero no desmonta ninguna de las exenciones ni ataca la evasión y elusión, por donde se deslizan algo más de $30 billones anuales.
En este sentido, las recomendaciones de la comisión de expertos en beneficios tributarios fueron muy poco consideradas. “Se evidencia, infortunadamente, una notoria diferencia entre las recomendaciones de la comisión de expertos y las propuestas que pretende presentar el Gobierno a consideración del Congreso en esta reforma”, considera Juan Guillermo Ruiz, socio de la firma Posse Herrera Ruiz.
El proyecto propone un fuerte ajuste de la regla fiscal evitando una disparada de la deuda ante la necesidad de recursos para atender la crisis sanitaria. Al mismo tiempo, fortalece los programas sociales para ayudar a las personas de bajos ingresos que han resultado más golpeados durante la crisis.
El proyecto mantiene los beneficios sociales, como el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) hasta junio de este año, entrega subsidios de las cotizaciones temporales para los jóvenes de primer empleo, personas en situación de discapacidad, aprendices del Sena, mujeres mayores de 40 años que se encuentren desempleadas y adultos mayores no pensionados. Igualmente, contempla ampliar los recursos que se destinan para cubrir hasta el 100 % de la matrícula de los estudiantes en condición de vulnerabilidad.
El Gobierno contempla entregar $4,6 billones para Ingreso Solidario y el programa de subsidios y otras ayudas contará con $800.000 millones y la devolución del IVA costará $1,7 billones.
Juan Guillermo Ruiz explica que “resulta preocupante que el Gobierno Nacional nuevamente intente sobrecargar tributariamente a los contribuyentes más cumplidos. La sobrecarga a los asalariados, a las empresas y a sus accionistas, a quienes han cumplido con la declaración de sus patrimonios, desestimula la inversión en el país y el cumplimiento tributario”.
Los nuevos impuestos que llegan
En nuevos impuestos, por ejemplo, las ciudades capitales podrán, con autorización de sus concejos, instalar peajes dentro de su jurisdicción en las vías que se encuentren a su cargo, como fuente de financiación para la infraestructura de movilidad. Desde el 1° de julio hasta el 31 de diciembre de 2021 se establece el impuesto temporal y solidario a los ingresos de $10 millones o más para personas de los sectores público y privado.
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La reforma también propone crear la sobretasa al acpm, que será cobrada por la nación y distribuida en un 50 % para el mantenimiento de la red vial nacional y otro 50 % para los departamentos, incluido el Distrito Capital. La tarifa de la sobretasa al acpm será de $301 por galón. En municipios de frontera se liquidará con una tarifa de $204 por galón para el producto nacional y $114 por galón para el importado.
A partir del 1° de enero del próximo años se crea el impuesto nacional al consumo de plaguicidas como un gravamen cuyo hecho generador es la venta al consumidor final o el retiro para consumo propio de los plaguicidas.
También se propone un impuesto nacional a vehículos que sustituirá al existente que trata la Ley 488 de 1998. Este tributo regirá para los vehículos automotores nuevos, usados y los que se internen temporalmente al territorio nacional y ahora tendrá un componente de contaminación como parte de la tributación.
Igualmente, se propone la creación de impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. También se establece el impuesto nacional al carbono con una tarifa específica considerando el factor de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) para cada combustible determinado. La tarifa corresponderá a $17.660 por tonelada de carbono equivalente (CO2eq). El recaudo del impuesto se destinará al Fondo de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible (Fonclima).
El proyecto de reforma tributaria contempla la creación del impuesto de normalización tributaria para 2022 como un tributo complementario al impuesto sobre la renta y al impuesto temporal y solidario a la riqueza.
Esta nueva carga tributaria recaerá sobre los contribuyentes del impuesto sobre la renta o de regímenes sustitutivos del impuesto sobre la renta,que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes.
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Señala el texto del proyecto de reforma tributaria que por los años 2022 y 2023, se establece el impuesto denominado impuesto temporal y solidario a la riqueza como complementario al impuesto sobre la renta. Afectará a capitales iguales o superiores a 134.000 UVT, es decir $4.865 millones, y se pagará desde el 1 de enero de 2022. Santamaría destacó que el proyecto de reforma “tiene elementos de equidad buenos en lo que tiene que ver con impuesto al patrimonio y los impuestos solidarios a los mayores ingresos, eso parece que está bien. El paquete social que propone es bueno mientras se cumplan algunas condiciones”.
Finalmente, Moody’s, la firma calificadora, sostiene que “el anuncio de restricciones al gasto corriente sumado a modificaciones a la regla fiscal son factores que, de implementarse efectivamente, reforzarían la credibilidad del proceso de consolidación fiscal”.
Una vez que se apruebe la reforma se evaluará hasta qué punto estas medidas mejorarán la fortaleza fiscal de Colombia y su perfil crediticio general, sostiene la firma calificadora.