¿Cómo van las mesas técnicas del Gobierno y los transportadores?
Transportadores de diversas modalidades plantean soluciones y desafíos en mesas técnicas presididas por el viceministro de Transporte.
El Gobierno avanzó en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los gremios del transporte de carga y pasajeros el pasado 6 de septiembre, llevando a cabo mesas técnicas con diversos actores del sector. Estas jornadas buscan mejorar las condiciones de los transportadores a través del diálogo y la colaboración entre el Gobierno y los representantes de diferentes modalidades de transporte.
Carlos Eduardo Enríquez, viceministro de Transporte, quien preside estos encuentros, resaltó la importancia de este espacio para lograr transformaciones estructurales en el sector.
“Este diálogo está permitiendo entender y abordar necesidades y desafíos de cada grupo, facilitando el desarrollo de propuestas para optimizar los procedimientos operativos y mejorar las iniciativas de capacitación y seguridad”, afirmó.
Hasta la fecha, se han realizado cuatro jornadas con la participación de transportadores de maquinaria amarilla, volquetas, grúas, cama baja, transporte de carga liviana y refrigerada, así como transporte especial y niñeras. En una de estas reuniones, los representantes de maquinaria amarilla plantearon preocupaciones relacionadas con la regularización de licencias para los equipos y operadores, la chatarrización, y la movilización de equipos incautados.
Por su parte, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, confirmó que se incluirá un artículo en favor de los derechos de los transportadores en la reforma laboral del Gobierno, cuyo debate se retomará el lunes 16 de septiembre en la plenaria de la Cámara de Representantes.
En total, 130 personas han participado presencialmente en las mesas técnicas, mientras que 789 se han conectado de manera virtual. Durante las jornadas se registraron 156 intervenciones por parte de los transportadores, lo que evidencia el compromiso de las bases del sector en la búsqueda de soluciones.
Miguel Villamizar, representante de uno de los gremios, dijo: “lo que se está ejecutando en el Ministerio es un avance sin precedentes para el gremio transportador”, y agregó que hay apertura al diálogo, “algo que nunca habíamos experimentado antes. Estamos comprometidos a seguir construyendo juntos un camino para el progreso del país”.
La negociación del paro camionero
El debate sobre el precio del diésel, uno de los temas más álgidos durante el paro de transportadores de la semana pasada, quedó aplazado hasta 2025 tras las conversaciones entre el Gobierno y los gremios. Aunque estas negociaciones permitieron restablecer la movilidad en las carreteras del país y reactivar el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas, el ajuste al precio del diésel solo se materializará en dos incrementos de $400: uno el 7 de septiembre y otro el próximo 1 de diciembre.
El Gobierno había contemplado un aumento de $1.904 por galón, como parte de su estrategia para eliminar los subsidios al diésel y reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Sin embargo, tras el acuerdo con los transportadores, se pactó una subida menor, lo que deja la pregunta de si estos incrementos de $800 serán suficientes para aliviar la presión sobre el fondo y mejorar la situación fiscal del país.
Según un informe del Grupo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, aunque la conclusión del paro tuvo un efecto positivo sobre la inflación y la actividad productiva, los aumentos acordados no serán suficientes para corregir el déficit del FEPC. “El ajuste gradual acentuará los problemas fiscales, ya que el fondo asumirá una mayor deuda”, advierte el análisis.
Con el ajuste de $800 programado para este año, el precio del diésel seguirá siendo subsidiado, y aún quedaría un aumento pendiente de $5.200 para equilibrar los costos. Según el Banco de Bogotá, la eliminación del incremento único de $1.904 y su reemplazo por un aumento gradual en dos etapas generará un gasto adicional de $1,1 billones para el Gobierno, prolongando el impacto sobre las finanzas públicas.
De esta forma, el aplazamiento de los ajustes al diésel podría aliviar momentáneamente la tensión con los gremios transportadores, pero no resuelve el desafío de fondo que enfrenta el país en materia de sostenibilidad fiscal y ajuste de los precios de los combustibles.
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El Gobierno avanzó en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los gremios del transporte de carga y pasajeros el pasado 6 de septiembre, llevando a cabo mesas técnicas con diversos actores del sector. Estas jornadas buscan mejorar las condiciones de los transportadores a través del diálogo y la colaboración entre el Gobierno y los representantes de diferentes modalidades de transporte.
Carlos Eduardo Enríquez, viceministro de Transporte, quien preside estos encuentros, resaltó la importancia de este espacio para lograr transformaciones estructurales en el sector.
“Este diálogo está permitiendo entender y abordar necesidades y desafíos de cada grupo, facilitando el desarrollo de propuestas para optimizar los procedimientos operativos y mejorar las iniciativas de capacitación y seguridad”, afirmó.
Hasta la fecha, se han realizado cuatro jornadas con la participación de transportadores de maquinaria amarilla, volquetas, grúas, cama baja, transporte de carga liviana y refrigerada, así como transporte especial y niñeras. En una de estas reuniones, los representantes de maquinaria amarilla plantearon preocupaciones relacionadas con la regularización de licencias para los equipos y operadores, la chatarrización, y la movilización de equipos incautados.
Por su parte, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, confirmó que se incluirá un artículo en favor de los derechos de los transportadores en la reforma laboral del Gobierno, cuyo debate se retomará el lunes 16 de septiembre en la plenaria de la Cámara de Representantes.
En total, 130 personas han participado presencialmente en las mesas técnicas, mientras que 789 se han conectado de manera virtual. Durante las jornadas se registraron 156 intervenciones por parte de los transportadores, lo que evidencia el compromiso de las bases del sector en la búsqueda de soluciones.
Miguel Villamizar, representante de uno de los gremios, dijo: “lo que se está ejecutando en el Ministerio es un avance sin precedentes para el gremio transportador”, y agregó que hay apertura al diálogo, “algo que nunca habíamos experimentado antes. Estamos comprometidos a seguir construyendo juntos un camino para el progreso del país”.
La negociación del paro camionero
El debate sobre el precio del diésel, uno de los temas más álgidos durante el paro de transportadores de la semana pasada, quedó aplazado hasta 2025 tras las conversaciones entre el Gobierno y los gremios. Aunque estas negociaciones permitieron restablecer la movilidad en las carreteras del país y reactivar el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas, el ajuste al precio del diésel solo se materializará en dos incrementos de $400: uno el 7 de septiembre y otro el próximo 1 de diciembre.
El Gobierno había contemplado un aumento de $1.904 por galón, como parte de su estrategia para eliminar los subsidios al diésel y reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Sin embargo, tras el acuerdo con los transportadores, se pactó una subida menor, lo que deja la pregunta de si estos incrementos de $800 serán suficientes para aliviar la presión sobre el fondo y mejorar la situación fiscal del país.
Según un informe del Grupo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, aunque la conclusión del paro tuvo un efecto positivo sobre la inflación y la actividad productiva, los aumentos acordados no serán suficientes para corregir el déficit del FEPC. “El ajuste gradual acentuará los problemas fiscales, ya que el fondo asumirá una mayor deuda”, advierte el análisis.
Con el ajuste de $800 programado para este año, el precio del diésel seguirá siendo subsidiado, y aún quedaría un aumento pendiente de $5.200 para equilibrar los costos. Según el Banco de Bogotá, la eliminación del incremento único de $1.904 y su reemplazo por un aumento gradual en dos etapas generará un gasto adicional de $1,1 billones para el Gobierno, prolongando el impacto sobre las finanzas públicas.
De esta forma, el aplazamiento de los ajustes al diésel podría aliviar momentáneamente la tensión con los gremios transportadores, pero no resuelve el desafío de fondo que enfrenta el país en materia de sostenibilidad fiscal y ajuste de los precios de los combustibles.
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