Con anticipo Centros Poblados habría instalado 840 sitios, dice interventor

El interventor del contrato entre el Mintic y la unión temporal Centros Poblados (UT) rompió su silencio y, al igual que el banco y la agencia de seguros mencionada por la UT, dio su versión de lo sucedido en este escándalo.

Se trata del Consorcio PE2020 C Digitales, quien también funge como interventor en el contrato de Claro, operador que ganó la denominada región A en el proceso para conectar más de 14.000 escuelas públicas rural a internet y operar el servicio durante 11,5 años. Hay que recordar que Centros Poblados, el contratista ahora investigado, ganó la región B.

En entrevista con este diario, Ernesto Matallana, apoderado de la interventoría, y Eliécer Mora, representante legal del consorcio, contaron que tienen evidencia aportada por Centros Poblados que indicaría que 840 centros digitales han sido instalados (aunque la UT afirma que son 1.002).

Le recomendamos: Centros Poblados no descarta demanda contra el Estado

Es decir, son puntos en los que se encontraría parte de los equipos que la UT dice haber comprado con los $70.000 millones del cuestionado anticipo.

Sin embargo, como el mismo interventor recuerda, la diligencia en contra de Centros Poblados en la que se reveló el asunto de la garantía tachada de falsa surgió de un incumplimiento por parte del contratista: el 30 de abril tendría que haber reportado, con fotos, videos y documentación, 773 puntos instalados, pero no reportó ninguno, sino que pidió un nuevo plazo para cumplir la meta argumentando una situación de fuerza mayor, que, según el análisis del interventor, no era procedente.

Entonces, ¿por qué ahora se reportan más de 800 puntos supuestamente instalados?

Según el interventor, fue en la audiencia por el incumplimiento que Centros Poblados reportó los primeros 400 puntos instalados y siguió aportando información hasta julio, mes en el que se declaró la caducidad del contrato.

El consorcio interventor, sin embargo, no hizo inspección presencial de esos puntos, pues, dice, no estaba previsto aún. “En el contrato no hay presupuesto adjudicado desde el inicio del proyecto para tener personal en campo, solo vamos a la parte final, cuando ya reportaron, cuando ya hicimos pruebas remotas”, explica Eliécer Mora. “El contratista solo llegó al primer paso: reportar los sitios instalados. Falta hacer pruebas remotas, revisar sistemas de gestión y luego ordenar una ruta de trabajo para ir a campo”, agrega.

No obstante, dice que por iniciativa de la interventoría hicieron cinco visitas aleatorias en Boyacá en julio para constatar si lo reportado era cierto. “Efectivamente miramos que allí existían equipos y nos acompañaron rectores y profesores; comprobamos que hay equipos, hay una antena satelital y equipos que permiten conectar a internet, y uno conecta el celular y se puede navegar”, agrega, aclarando, sin embargo, que no fue una recepción oficial, sino una visita aleatoria.

Si el contratista hubiera cumplido la meta del 30 de abril, agrega la interventoría, había dos meses de plazo para revisar todo y recorrer los 773 centros para emitir reporte favorable o no el 30 de junio.

La interventoría, desde julio, se enfrenta a una audiencia por incumplimiento. El consorcio se defiende diciendo que empezó a procesar la información tarde porque el contratista reportó tarde. Mora y Matallana explican que, en medio de esa audiencia, solicitaron al Mintic hacer la prueba presencial de que los puntos reportados por Centros Poblados efectivamente existen. El martes, cuando se reanude la diligencia, se sabrá si se acepta o no dicho procedimiento.

El interventor del contrato entre el Mintic y la unión temporal Centros Poblados (UT) rompió su silencio y, al igual que el banco y la agencia de seguros mencionada por la UT, dio su versión de lo sucedido en este escándalo.

Se trata del Consorcio PE2020 C Digitales, quien también funge como interventor en el contrato de Claro, operador que ganó la denominada región A en el proceso para conectar más de 14.000 escuelas públicas rural a internet y operar el servicio durante 11,5 años. Hay que recordar que Centros Poblados, el contratista ahora investigado, ganó la región B.

En entrevista con este diario, Ernesto Matallana, apoderado de la interventoría, y Eliécer Mora, representante legal del consorcio, contaron que tienen evidencia aportada por Centros Poblados que indicaría que 840 centros digitales han sido instalados (aunque la UT afirma que son 1.002).

Le recomendamos: Centros Poblados no descarta demanda contra el Estado

Es decir, son puntos en los que se encontraría parte de los equipos que la UT dice haber comprado con los $70.000 millones del cuestionado anticipo.

Sin embargo, como el mismo interventor recuerda, la diligencia en contra de Centros Poblados en la que se reveló el asunto de la garantía tachada de falsa surgió de un incumplimiento por parte del contratista: el 30 de abril tendría que haber reportado, con fotos, videos y documentación, 773 puntos instalados, pero no reportó ninguno, sino que pidió un nuevo plazo para cumplir la meta argumentando una situación de fuerza mayor, que, según el análisis del interventor, no era procedente.

Entonces, ¿por qué ahora se reportan más de 800 puntos supuestamente instalados?

Según el interventor, fue en la audiencia por el incumplimiento que Centros Poblados reportó los primeros 400 puntos instalados y siguió aportando información hasta julio, mes en el que se declaró la caducidad del contrato.

El consorcio interventor, sin embargo, no hizo inspección presencial de esos puntos, pues, dice, no estaba previsto aún. “En el contrato no hay presupuesto adjudicado desde el inicio del proyecto para tener personal en campo, solo vamos a la parte final, cuando ya reportaron, cuando ya hicimos pruebas remotas”, explica Eliécer Mora. “El contratista solo llegó al primer paso: reportar los sitios instalados. Falta hacer pruebas remotas, revisar sistemas de gestión y luego ordenar una ruta de trabajo para ir a campo”, agrega.

No obstante, dice que por iniciativa de la interventoría hicieron cinco visitas aleatorias en Boyacá en julio para constatar si lo reportado era cierto. “Efectivamente miramos que allí existían equipos y nos acompañaron rectores y profesores; comprobamos que hay equipos, hay una antena satelital y equipos que permiten conectar a internet, y uno conecta el celular y se puede navegar”, agrega, aclarando, sin embargo, que no fue una recepción oficial, sino una visita aleatoria.

Si el contratista hubiera cumplido la meta del 30 de abril, agrega la interventoría, había dos meses de plazo para revisar todo y recorrer los 773 centros para emitir reporte favorable o no el 30 de junio.

La interventoría, desde julio, se enfrenta a una audiencia por incumplimiento. El consorcio se defiende diciendo que empezó a procesar la información tarde porque el contratista reportó tarde. Mora y Matallana explican que, en medio de esa audiencia, solicitaron al Mintic hacer la prueba presencial de que los puntos reportados por Centros Poblados efectivamente existen. El martes, cuando se reanude la diligencia, se sabrá si se acepta o no dicho procedimiento.