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Después de cuatro aplazamientos, de acalorados debates, de críticas de los gremios y de protestas de los trabajadores de la industria licorera, se aprobó este martes el proyecto de ley que le subirá los impuestos a las bebidas alcohólicas. El Gobierno tiene varios objetivos con esta iniciativa parlamentaria, los más importantes es el de aumentar el recaudo por concepto de tributos en más de $300.000 millones y de nivelar las cargas impositivas entre los productos nacionales y los importados, el cual es uno de los compromisos internacionales que el país adquirió con sus Tratados de Libre Comercio (TLC).
El proyecto de ley propone modificar el estatuto actual, el de la Ley 1393 de 2010, que dice que los licores de menos de 35° pagarán $256 por cada grado de alcohol que tenga la bebida, y los más fuertes pagarán $420 por grado. Además, el marco regulatorio actual fija impuestos ad valorem diferenciados entre cada tipo de licor: el vino paga 20 % y el aguardiente 34 %. La reforma propone una tarifa única de $200 por grado de alcohol y un impuesto general de 25 % sobre el valor comercial.
De esta manera el ron nacional pasaría de pagar un impuesto agregado de 29,5 % a 34 % de su valor comercial, por lo que el recaudo por botella pasaría de $10.324 a $12.918. En cambio el mismo licor, pero importado, vería su gravamen bajar de 30,3 a 30 % y su impuesto por unidad bajaría de $19.487 a $18.993.
Asimismo, gran parte de la polémica que desató este proyecto de ley ese debía a que en el documento original el vino se gravaba igual que las demás licores. Una situación que llevó a Nelson Izaciga, presidente de la Asociación Colombiana de Vinos (Asovinos), a advertir que los productores nacionales iban a mandar solicitudes para despidos masivos del orden de 970 empleos. Sin embargo, en las discusiones en el Congreso resolvieron que este producto solo pague 20% de impuesto Ad Valorem, y $150 por cada grado de alcohol. Es decir, recibió trato especial.
Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores de las Licoreras del País (Sintrabecolicas) manifestó que este proyecto de ley pone en peligro el futuro de las seis industrias licoreras estatales: Antioquia, Caldas, Cauca, Tolima, Valle del Cauca y Caquetá). Al igual que 1.500 empleos directos y miles indirectos en el sector licorero. Una de las principales críticas está enfocada en que los mayores impuestos aumentan los precios de las bebidas, lo cual podría estimular el contrabando. Además, critica que la iniciativa del Gobierno solo le da el monopolio a las regiones en cuanto a la producción y distribución de licores, y les da a particulares la comercialización.