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El Ministerio Público citó a una mesa de seguimiento al Invías, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Transporte para que den explicaciones sobre el impacto negativo del congelamiento en las tarifas de peajes. Para el Ministerio Público, la medida traería una “lluvia de demandas”.
Cabe recordar que el Gobierno tomó esta medida con miras a frenar el alza de la inflación en general, especialmente de los alimentos (que son transportados en su mayoría por vía terrestre). No obstante, nunca se demostró su contribución a dicho fin, pero ya el ministro de Transporte, William Camargo, anunció que el congelamiento llegará a su fin en los próximos meses.
A través de un comunicado, la Procuraduría expresó su preocupación “ante los muchos proyectos de infraestructura de transporte que podrían ponerse en riesgo, generando una inseguridad en el mercado financiero que permite la sostenibilidad de los proyectos viales de 4G y 5G”, indicó la entidad a través de un comunicado.
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Los riesgos detectados
Para la Procuraduría, el congelamiento de peajes generó un déficit de aproximadamente $900.000 millones que el recaudo de peajes dejó de percibir durante el 2023.
Lo anterior, según el Ministerio Público, “puede desencadenar una inminente lluvia de demandas en contra del Estado por el incumplimiento en los compromisos contractuales y la ausencia de confianza en el mercado de la infraestructura”.
Por ello, la Procuraduría citó al Invías, la ANI y el Mintransporte para que expliquen el plan para mitigar dichos riesgos, que podrían “derivar en el colapso de los proyectos de infraestructura vial del país”.
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