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Como estaba previsto, el Senado se sometió al texto del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo que minutos antes había avalado la Cámara de Representantes rechazando varias de las propuestas presentadas por el gobierno del presidente Duque.
En la Cámara de Representantes la aprobación de la iniciativa se cerró con un acalorado enfrentamiento entre el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, y el congresista Carlos Cuenca, por un mal entendido sobre la responsabilidad del manejo de la vivienda rural que se disputaban los ministerios de Agricultura y de Vivienda.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se mostró satisfecho con lo aprobado en la Cámara de Representantes, destacando a cada uno de los ponentes y coordinadores de la iniciativa. “Yo creo que ha salido un texto para el final, inmensamente mejor de lo que entró gracias al aporte de ustedes. Mis agradecimientos muy sinceros y los de todo el Gobierno. Me siento muy orgullo de haber sido una pequeña parte de esta discusión que se ha dado aquí”. (Le puede interesar: Cámara de Representantes "ata" las manos al Gobierno para achicar tamaño del Estado).
Minutos antes de la aprobación del proyecto, se presentó en el recinto de la Cámara el senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, a tratar de presionar para que los representantes agilizaran el debate, permitiendo al Senado estudiar más a fondo la propuesta, situación que fue rechazada por la totalidad de congresistas de la Cámara Baja, incluso de su mismo partido.
El presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, respondió a la petición del senador que “nosotros esperamos que ustedes (Senado) agilicen. Nosotros llevamos una labor muy grande”.
A “nosotros nos toca ser borregos de lo que defina la Cámara de Representantes por qué no quieren dejar al Senado hacer el debate con profundidad y tienen temor a que se haga la conciliación”, sentenció Aguilar. La Cámara fue citada para el martes lo cual hacía imposible una conciliación entre el texto aprobado por esta corporación y el del Senado. (De contexto: Plan Nacional de Desarrollo: a punto de salir de Cámara y entrar en Senado).
La directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, dijo que el Plan Nacional de Desarrollo va a dejar una huella en la transformación del país y “ustedes lo lograron con el Gobierno Nacional. Todo lo que está en las bases del Plan lo vamos a sacar adelante”.
Óscar Darío Pérez, coordinador de ponentes del Plan Nacional de Desarrollo, que al gobierno no se le aprobaron varios artículos como el que le permitía al gobierno nacional diseñar una nueva arquitectura de control con relación a Sistema General de Participaciones. Los municipios y departamentos reciben $38 billones, recursos con una orientación definida: salud, educación, saneamiento básico, agua potable y libre disposición. “Entonces el Gobierno pretendía imponer un nuevo modelo de control para garantizar que estos recursos cumplan con el cometido social para lo que están destinados”. Ese artículo no se le aprobó al Gobierno, los congresistas prefirieron dejarlo para una ley autónoma.
En pensiones quedaron cuatro artículos: el primero va a permitir a los docentes que les paguen todas esas sentencias por mora que están pendientes y litigiosas y se contempla unos procedimientos más ágiles para liquidarles sus prestaciones sociales; un segundo tema es el del Fonpet, es decir, que con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, las entidades territoriales podrán pagar las obligaciones vigentes, como por ejemplo la deuda con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) por concepto del pasivo pensional corriente del sector educación.
El que tiene que ver con los saldos que puedan reclamar las personas que no alcanzando pensión, los reclaman para algún proyecto productivo o un gasto o los dejan en BEP, el gobierno les aporta un 20% más de lo que haya ahorrado y apenas cumplan la edad de pensión empiezan a recibir una renta vitalicia que durará por toda la vida; para tomar esa decisión si los reciben o los dejan en los BEP, los cotizantes en esas circunstancias tendrán seis meses para tomar esa decisión. Otro tema es el piso mínimo de protección social al que tendrán derecho muchos trabajadores en Colombia que hoy no cotizan y donde se les impone una contribución integral para seguridad social que deberá estar a cargo del patrón.
Sobre la disputa entre los ministerios de Agricultura y Vivienda por los recursos de vivienda rural que venía siendo manejado por el primero de los ministerios, Pérez explicó que “todo lo que tenga que con la vivienda rural va a quedar a cargo del Ministerio de Vivienda que va a manejar la política habitacional en Colombia”.
Atar las manos
Varios artículos de las facultades extraordinarias pedidas por el Gobierno para fusionar o liquidar algunas entidades fueron descartados por los congresistas.
Por ejemplo, el artículo 330, que pedía facultades extraordinarias para la modificación de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones. Este planteaba: "Revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley" para modificar la norma.
Sin embargo, se mantuvieron normas que le permiten fusionar entidades del sector financiero, como aseguradoras y fiducias. Se trata de normas que permitirían al Gobierno aplicar los recortes que le ayuden a estabilizar las finanzas públicas.
Uno de los momentos más calientes se vivió cuando se propuso sacar el artículo 54, que permite las vigencias futuras para el último año del gobierno de los mandatarios regionales. La propuesta se defendía con el argumento de que garantizaría el cumplimiento de las metas de cobertura previstas en el presente Plan, con el propósito de financiar proyectos de inversión que conlleven cofinanciación nacional, o de asegurar la prestación de servicios públicos domiciliarios.