Congreso aprobó reforma al control fiscal

Este miércoles, 11 de septiembre, la plenaria del Senado aprobó el proyecto de acto legislativo radicado por el contralor Carlos Felipe Córdoba. El objetivo es hacer cambios estructurales a los procesos con los que funciona la Contraloría General de la República, organismo encargado de hacer el control fiscal en el país, para detectar hechos de corrupción en el manejo de los recursos públicos.

Así las cosas, al proyecto de acto legislativo solo le resta pasar por la conciliación entre Cámara y Senado, para, posteriormente, ser promulgado como reforma constitucional.

El proyecto creará un modelo “preventivo y concomitante”, lo que le dará facultad a la Contraloría para realizar acciones en tiempo real y aplicar la llamada “función de advertencia” para "garantizar la defensa y protección del patrimonio público". 

"Hoy hemos hecho realidad el abrir la puerta a lo que se prometió en la campaña a la Contraloría, el poder hacer un control preventivo, no queremos coadministrar, pero sí poder llegar a tiempo para que los colombianos puedan tener certeza de que se hará un control de los recursos públicos en el país", dijo Carlos Felipe Córdoba, tras la aprobación del proyecto.

Le puede interesar: El proyecto que busca darle un remezón al control fiscal en el país

"El control preventivo y concomitante no implicará coadministración y se realizará en tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación activa del control social y con la articulación del control interno", explicó la Contraloría a través de un comunicado.

Según aclaró la entidad, el control preventivo y concomitante no afectará las decisiones que tomen los administradores públicos.

"Ahora nos queda una reglamentación a este proceso. Vamos a seguir viniendo al Congreso para pasar otras leyes. También tendremos que llamar a concurso a varios notables para que nos ayuden en esa reglamentación", dijo Córdoba.

Otro de los puntos gruesos que lleva el proyecto es la asignación de funciones jurisdiccionales a las contralorías “para el trámite y decisión del proceso de responsabilidad fiscal, otorgándoles a los funcionarios investigadores las mismas facultades de un juez”.

"El Gobierno presentará una ley en la que, por cada anualidad, durante los próximos tres años, sería de $250.000 millones, otra de $250.000 millones y la última de $136.000 millones para poder tener nivelación salarial de nuestro equipo de funcionarios, que son de carrera administrativa y para nuestra planta técnica de personal", agregó el contralor. 

Por su parte, el senador Roy Barreras, ponente de la iniciativa, hizo un balance de la aprobación en el último debate en plenaria del Senado y afirmó que, “este proyecto surge de la urgente necesidad de endurecer el control fiscal en Colombia y fortalecer las instituciones para combatir la corrupción”.

Otra de las propuestas de la iniciativa era la creación de la “función de intervención” frente a las contralorías territoriales cuando haya evidencia de falta de objetividad e imparcialidad o la ausencia de capacidad técnica para el ejercicio de las funciones.

La aprobación le permitirá al contralor intervenir en los casos excepcionales previstos por la ley en las funciones de vigilancia y control de competencia de las contralorías territoriales. "La intervención podrá ser solicitada por el gobernante local, la corporación de elección popular del respectivo ente territorial, una comisión permanente del Congreso de la República, la ciudadanía mediante cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana, la propia contraloría territorial o las demás que defina la ley", explicó la Contraloría.

Respecto a las contralores departamentales, distritales y municipales, el proyecto determinó que seguirán siendo elegidos por las asambleas departamentales y concejos municipales, luego de una terna seleccionada en una convocatoria pública. 

El Congreso le dio facultades extraordinarias a Iván Duque, presidente de la República, para que en los próximos seis meses expida los decretos que permitan el desarrollo del acto legislativo aprobado este miércoles.

Nota del editor: este artículo fue modificado tras la aprobación de la reforma constitucional de control fiscal en la noche de este miércoles en el Congreso. El título original era "Congreso aprobó control fiscal para detectar corrupción". 

Este miércoles, 11 de septiembre, la plenaria del Senado aprobó el proyecto de acto legislativo radicado por el contralor Carlos Felipe Córdoba. El objetivo es hacer cambios estructurales a los procesos con los que funciona la Contraloría General de la República, organismo encargado de hacer el control fiscal en el país, para detectar hechos de corrupción en el manejo de los recursos públicos.

Así las cosas, al proyecto de acto legislativo solo le resta pasar por la conciliación entre Cámara y Senado, para, posteriormente, ser promulgado como reforma constitucional.

El proyecto creará un modelo “preventivo y concomitante”, lo que le dará facultad a la Contraloría para realizar acciones en tiempo real y aplicar la llamada “función de advertencia” para "garantizar la defensa y protección del patrimonio público". 

"Hoy hemos hecho realidad el abrir la puerta a lo que se prometió en la campaña a la Contraloría, el poder hacer un control preventivo, no queremos coadministrar, pero sí poder llegar a tiempo para que los colombianos puedan tener certeza de que se hará un control de los recursos públicos en el país", dijo Carlos Felipe Córdoba, tras la aprobación del proyecto.

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"El control preventivo y concomitante no implicará coadministración y se realizará en tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación activa del control social y con la articulación del control interno", explicó la Contraloría a través de un comunicado.

Según aclaró la entidad, el control preventivo y concomitante no afectará las decisiones que tomen los administradores públicos.

"Ahora nos queda una reglamentación a este proceso. Vamos a seguir viniendo al Congreso para pasar otras leyes. También tendremos que llamar a concurso a varios notables para que nos ayuden en esa reglamentación", dijo Córdoba.

Otro de los puntos gruesos que lleva el proyecto es la asignación de funciones jurisdiccionales a las contralorías “para el trámite y decisión del proceso de responsabilidad fiscal, otorgándoles a los funcionarios investigadores las mismas facultades de un juez”.

"El Gobierno presentará una ley en la que, por cada anualidad, durante los próximos tres años, sería de $250.000 millones, otra de $250.000 millones y la última de $136.000 millones para poder tener nivelación salarial de nuestro equipo de funcionarios, que son de carrera administrativa y para nuestra planta técnica de personal", agregó el contralor. 

Por su parte, el senador Roy Barreras, ponente de la iniciativa, hizo un balance de la aprobación en el último debate en plenaria del Senado y afirmó que, “este proyecto surge de la urgente necesidad de endurecer el control fiscal en Colombia y fortalecer las instituciones para combatir la corrupción”.

Otra de las propuestas de la iniciativa era la creación de la “función de intervención” frente a las contralorías territoriales cuando haya evidencia de falta de objetividad e imparcialidad o la ausencia de capacidad técnica para el ejercicio de las funciones.

La aprobación le permitirá al contralor intervenir en los casos excepcionales previstos por la ley en las funciones de vigilancia y control de competencia de las contralorías territoriales. "La intervención podrá ser solicitada por el gobernante local, la corporación de elección popular del respectivo ente territorial, una comisión permanente del Congreso de la República, la ciudadanía mediante cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana, la propia contraloría territorial o las demás que defina la ley", explicó la Contraloría.

Respecto a las contralores departamentales, distritales y municipales, el proyecto determinó que seguirán siendo elegidos por las asambleas departamentales y concejos municipales, luego de una terna seleccionada en una convocatoria pública. 

El Congreso le dio facultades extraordinarias a Iván Duque, presidente de la República, para que en los próximos seis meses expida los decretos que permitan el desarrollo del acto legislativo aprobado este miércoles.

Nota del editor: este artículo fue modificado tras la aprobación de la reforma constitucional de control fiscal en la noche de este miércoles en el Congreso. El título original era "Congreso aprobó control fiscal para detectar corrupción".