Actualmente cursan en el Congreso de la República tres proyectos de ley que buscan protección social para unos 200.000 trabajadores de plataformas tecnológicas, específicamente acceso a salud, pensión y cobertura de riesgos. Para agilizar la discusión, un grupo de representantes y senadores convocó una audiencia pública para discutir la posibilidad de unificar las propuestas que pretenden regular el trabajo en aplicaciones.
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Se trata de los proyectos 85 de 2020 (del Centro Democrático y respaldado por el Gobierno), 221 de 2020 (de un grupo de congresistas de Mira) y 246 de 2020 (de los representantes Mauricio Toro y Jenifer Arias).
El primero (PL 85) traslada el modelo del contrato de prestación de servicios de cotizar a seguridad social sobre el 40 % de los ingresos totales a los colaboradores de las plataformas, pero plantea que la mitad del aporte lo haga el socio y la otra mitad el empresario. El segundo (PL 221), por el contrario, plantea que los aportes se hagan sobre el ingreso de todo el mes, pero reduce los porcentajes de cotización para salud de 12,5 % a 11,4 % y para pensión de 16 % a 5 %; respecto a quien pondría este dinero propone que el 50 % sea del socio, el 25 % del empresario y el otro 25 % de quien haga de intermediario. Finalmente, el tercer proyecto (PL 246) se acoge a la idea de que la cotización se haga sobre el 40 % del ingreso y que venga netamente del colaborador. Además, los dos últimos proponen establecer un piso de protección social para quienes no alcanzan a completar un salario mínimo en ingresos.
El centro de la discusión tiene que ver con la relación contractual entre la plataforma y el colaborador, pues en las propuestas se parte de la idea de que la persona vinculada es un prestador de servicios y no está sujeto a un contrato laboral. Una vez concretado esto se puede determinar quién paga la seguridad social y cuáles son las obligaciones de cada parte. En resumen, se pueden entregar garantías mínimas en derechos laborales.
Al respecto, Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, criticó que las iniciativas que cursan en el Legislativo creen categoría de colaborador autónomo cuando la tendencia mundial es a reconocer que estas personas son, en realidad, trabajadores subordinados. En ello coincidió el fiscal general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias: “No es un trabajador independiente, como dice el gobierno para quitarle a los trabajadores los derechos que están consagrados en la ley. Se inventaron todo un discurso de nuevas tecnologías para decir que no es una relación contractual a pesar de que hay una inconsistencia total. Es un problema de desigualdad porque los empresarios desconocen las prestaciones para quedarse a toda costa quedarse con el producido de mayor valor de una actividad productiva”.
Los proyectos en curso le apuntan a que sea el colaborador quien asuma el pago de la seguridad social, como en todos los contratos de prestación de servicios, pero durante el debate hubo gran oposición a esta propuesta por los bajos ingresos que reciben quienes trabajar para las plataformas en comparación con la valorización de estas grandes empresas en el mundo. Sin embargo, al gobierno le preocupa desestimular la inversión, reducir la oferta laboral, generar brechas competitivas o restringir el acceso de nuevos actores al mercado con estas medidas impositivas, de acuerdo con José David Quintero, asesor del Ministerio de Comercio.
Según una encuesta presentada por la senadora del Centro Democrático Milla Romero, los ingresos mensuales promedio de repartidores y conductores afiliados a plataformas tecnológicas es de $780.000, 49 % viven en estratos 1 y 2, 52 % son jefes de hogar y el 17 % son migrantes extranjeros. Además, 39 % manifestaron que si no existieran las apps estarían desempleados (principalmente repartidores) y 26 % que tendrían un trabajo independiente.
La posición del gobierno es que se brinde seguridad social a colaboradores de plataformas, tal como se estipuló en el Plan Nacional de Desarrollo, pero sobre las reglas que ya existen, “no consideramos que deban acceder a derechos diferentes, queremos igualar la cancha para los trabajadores independientes de todos los sectores; el objetivo es darle protección a quien no la tiene por escasez de reglamentación”, dijo Andrés Uribe, viceministro de Empleo y Pensiones. También para no generar un desbalance financiero del sistema de seguridad por bajar la cotización.
Las empresas en el centro de la discusión y los gremios, por su parte, defendieron el aporte de la economía colaborativa al país no solo en la generación de empleo sino por su contribución al desarrollo, la innovación, la apropiación tecnológica y el desarrollo de nuevos modelos de negocio.
En el debate participaron representantes del gobierno, gremios, voceros de las aplicaciones de transporte y domicilios, líderes de los trabajadores, universidades, empresas consultoras y organismos internacionales. Todos reconocieron la dificultad que significa reglamentar la relación entre plataformas y colaboradores dadas las enormes diferencias entre cada actividad y sus condiciones diversas.
Mauricio Toro, representante a la Cámara del partido Alianza Verde, explicó que en Colombia hay unas 375 plataformas en Colombia de diferentes servicios y diversidad de modelos de negocio, por lo que insistió en la necesidad de hacer una caracterización de este tipo de emprendimientos para identificar cómo operan y de qué manera hacen sus vinculaciones de personal, “tenemos que ‘desrappizar’ el discurso y reconocer que hay proyectos asociativos buenos porque se está generando una satanización de la tecnología por malas experiencias y no para todos significa precarización”, dijo Toro.
También reconoció que un solo proyecto de ley no puede resolver todo, pero esto no resta importancia a la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores y establecer un piso jurídico, “no podemos entrar a detallar la relación que tiene cada una de las plataformas, pero hay que evitar el abuso de estas a los colabores, que estén protegidos ante una desvinculación o tengan una instancia ante la cual puedan apelar. Es necesario reglamentar, no hacer nada sería gravísimo”, concluyó.
Esta semana una discusión similar tendrá lugar en la Cámara de Representantes, donde hay seis proyectos de ley para regular las plataformas de transporte. El turno ahora será para la Comisión Sexta, donde se llevará a cabo una audiencia pública con voceros de Uber, Didi, Cabify, etc. para legalizar su funcionamiento este viernes.