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La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un detrimento estimado en $619.680.857.421 contra cuatro exvicepresidentes de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la empresa concesionaria de la explotación minera.
Según explicó la entidad, la decisión se tomó al cerrar una indagación preliminar en la que se estableció un detrimento fiscal por regalías no pagadas correctamente por la explotación de níquel y hierro entre 1982 y 2012, en la mina conocida como Cerro Matoso, en la jurisdicción del municipio de Montelíbano, Córdoba.
"La indagación preliminar se adelantó el año pasado luego que el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, mediante Auto número 0002 del 18 de enero de 2019, declaró de impacto nacional los hechos relacionados con la liquidación y pago de regalías, en virtud de los contratos de concesión minera 866 de 1963 y 1727 de 1971, enfatizando que se analizara si se dedujeron costos no pertinentes en la liquidación de regalías de níquel y se determinara si se pagaron regalías por la explotación del hierro contenido en el ferroníquel", se lee en el documento que publicó este martes la entidad.
De los $619.000 millones establecidos como detrimento patrimonial, aproximadamente $231.000 millones corresponderían a regalías dejadas de pagar por haber deducido a gastos no pertinentes, como vestieres, cafetería, hotel y clubes
Otros $386.000 millones corresponderían a regalías dejadas de pagar por costos de procesamiento y transporte de níquel deducidos que no se encuentran claramente demostrados
Y un estimado de $2.400 millones corresponderían a regalías no pagadas por la explotación del hierro contenido en el ferroníquel producido y comercializado.
La Contraloría pudo determinar que los ingresos brutos del concesionario por la explotación del níquel entre 1982 y 2012 ascendieron a $23,6 billones y que sus costos y gastos totales en ese mismo período fueron de $9,7 billones incluyendo los no pertinentes aplicados a la liquidación de regalías.
"El proceso de responsabilidad fiscal permitirá determinar quiénes deberán resarcir el daño patrimonial provocado, tomando la versión de funcionarios públicos y el concesionario vinculados, para determinar qué sucedió y el monto definitivo del detrimento", dijo Carlos Felipe Córdoba, contralor general.