Contraloría advierte deficiencias en la gestión de recursos del Acuerdo de Paz

"Nuestro compromiso desde la Contraloría General de la República es velar por la transparencia y la eficacia en la utilización de los recursos destinados en su implementación", dijo el contralor Rodríguez.

Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

A ocho años de la firma del Acuerdo Final de Paz, la Contraloría General de la República advierte que los avances en su implementación han sido limitados.

Aunque se han ejecutado $88,5 billones entre 2017 y marzo de 2024, esto representa solo 45 % de los recursos proyectados para 15 años, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo. El contralor Carlos Hernán Rodríguez, durante el Foro “Así Va la Paz”, señaló que el Estado no ha logrado cambios estructurales, especialmente en los municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

La falta de articulación en la gestión de recursos y problemas en la calidad del gasto figuran como los principales desafíos.

Por ejemplo, el Fondo Colombia en Paz, creado como el principal instrumento financiero para implementar el Acuerdo, opera como un patrimonio autónomo con 95 % de sus recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, no ha integrado otras fuentes públicas ni ha logrado cumplir con la agilidad que se planteó inicialmente. Entre 2019 y 2023, la Contraloría identificó en este fondo 37 hallazgos administrativos, 14 con incidencia fiscal por $20.315 millones, 2 con presunto carácter penal y 29 con posible connotación disciplinaria

Por otro lado, Rodríguez cuestionó que, aunque se ha incrementado el ritmo de asignaciones desde 2021, persisten deficiencias en la ejecución, afectando especialmente al Punto 1 del Acuerdo, que busca una Reforma Rural Integral. De los tres millones de hectáreas prometidas a campesinos, apenas se han entregado 18.201, lo que equivale a 2,1 %.

El jefe de la entidad de control destacó la necesidad de mejorar la calidad del gasto y garantizar un acceso equitativo a los recursos, especialmente en territorios históricamente rezagados. Subrayó que programas como el OCAD Paz y el Mecanismo de Obras por Impuestos deben fortalecerse para evitar favoritismos y asegurar un impacto real en las comunidades.

Balance y hallazgos de control fiscal

Entre 2018 y 2024, la Contraloría ha auditado más de 600 proyectos asociados al Acuerdo, detectando hallazgos fiscales por $522.268 millones y posibles detrimentos patrimoniales. Estos son algunos de los programas vinculados a la reincorporación, sustitución de cultivos ilícitos y reparación a víctimas que presentan rezagos evidentes:

• Reincorporación: De los 128 proyectos productivos colectivos aprobados, la mayoría dejó de operar debido a problemas de seguridad y financiación.
• Sustitución de cultivos ilícitos: Pese a destinar $7,1 billones, el aumento de cultivos ilícitos evidencia que los recursos han sido insuficientes.
• Reparación a víctimas: La implementación del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición ha avanzado, pero se requieren $303,9 billones hasta 2031 para cumplir con las medidas restantes.

En datos desgranados, este fue el resultado de las auditorías financieras, de cumplimiento, de desempeño y actuaciones especiales de fiscalización:

Acuerdo de Paz:

• Se detectaron 511 hallazgos administrativos.
• 102 hallazgos tienen incidencia fiscal, con un detrimento de $141.000 millones.
• 262 hallazgos presentan connotación disciplinaria.
• 10 hallazgos tienen presunta incidencia penal.
• 16 casos fueron remitidos para indagaciones preliminares.

Política de Víctimas (2023-2024):

• Se identificaron 183 hallazgos administrativos.
• 37 hallazgos tienen incidencia fiscal, con un posible detrimento patrimonial de $27.767 millones.
• 133 hallazgos son de connotación disciplinaria.
• 4 hallazgos tienen presunta incidencia penal.

Adicionalmente, hay 57 procesos de responsabilidad fiscal en curso relacionados con entidades del Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), que involucran un valor total de $43.681 millones.

¿Cuál es el punto crítico?

Según la Contraloría, el Presupuesto General de la Nación ha sido la principal fuente de financiación, representando el 60 % de los recursos asignados al Acuerdo. Sin embargo, problemas de planificación y baja coherencia con los objetivos del pacto han limitado su impacto.

Adicionalmente, mecanismos como Obras por Impuestos y el Fondo Colombia en Paz enfrentan críticas por su escasa articulación y concentración de recursos en pocos proyectos.

Presupuesto pendiente con las víctimas

El informe de la Contraloría al Congreso revela que, entre 2012 y 2023, se ejecutaron $218,5 billones a precios constantes de 2024 para atender a las víctimas del conflicto armado. Para 2024, se asignaron $21 billones adicionales, pero el cálculo para cumplir las medidas pendientes hasta 2031 asciende a $303,9 billones constantes de 2024.

En cuanto al Mecanismo de Obras por Impuestos, una herramienta clave para el desarrollo de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), se aprobaron 361 proyectos por $2,5 billones hasta junio de 2024. Sin embargo, el 85 % de estos recursos se concentran en solo 12 proyectos, lo que significa que casi $9 de cada $10 se destinan a menos de 4 % de los proyectos, limitando su impacto en la distribución equitativa.

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