Contraloría alertó sobre situación financiera de empresas de energía: “es grave”
El ente de control solicitó al Gobierno medidas urgentes para evitar un cese del servicio de energía en el país. Para el ente de control, otra intervención como la de Air-e, le costaría al país $4 billones.
Tras el anuncio de intervención a la empresa Air-e, que brinda el servicio de energía a unos cinco millones de habitantes en la costa Caribe, la Contraloría de la República alertó sobre la situación financiera de otras compañías del sector e instó al Gobierno a tomar medidas urgentes que eviten una “inminente cesación en la prestación del servicio de energía”.
El ente control reiteró su preocupación por la situación que se viene evidenciando entre los prestadores del servicio de energía eléctrica. La entidad indicó que distintas empresas han tenido dificultades para que se les gire lo correspondiente a la opción tarifaria por parte del Estado y demoras en el pago de facturas por parte de entidades públicas. Cabe destacar que, según lo indicó el equipo jurídico de Air-e esta semana, el sector público tiene una deuda de $1,8 billones con esta compañía que será intervenida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
“La situación es grave y no vemos medidas concretas, oportunas y efectivas”, indicó el entre control, que advirtió que lo ocurrido con Air-e puede repetirse en otras empresas como Afinia (que atiende a un número significativo de usuarios en la costa Atlántica) y perjudicar a Empresas Públicas de Medellín y las finanzas públicas de municipios y departamentos.
“La posible intervención de las compañías puede darse no solo en la región Caribe, sino a nivel nacional y comprende, además un riesgo para otros servicios como el de gas, que en el caso de la costa Caribe afectaría a más de 10 millones de habitantes, con el riesgo sistémico que esto comporta”, indicó la Contraloría a través de un comunicado.
Caso Air-e podría replicarse: Contraloría
La Contraloría enfatizó en que una intervención (como la que tendrá Air-e) significa usar recursos del presupuesto nacional. “Una nueva intervención a otra empresa le podría costar al Gobierno $4 billones al año, que corresponde al déficit de operación, por ejemplo, de las compañías Air-e y Afinia”. Estos dineros públicos, indicó el ente de control fiscal, tendrían que usarse para solventar los problemas de operación, para continuar con las inversiones y para mantener el servicio a los usuarios.
De acuerdo con la entidad, la situación es grave porque el país no cuenta con los recursos necesarios para atender más intervenciones. “Prueba de ello es el atraso en el giro de los subsidios (a prestadores) y el no cumplimiento (del Gobierno) al compromiso de asumir la deuda de los usuarios de energía eléctrica a través de la opción tarifaria”, indica un comunicado de la Contraloría publicado este jueves 12 de septiembre.
Cabe resaltar que, hace unos días, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó para comentarios la resolución que permitirá reducciones en las tarifas de energía eléctrica, permitiéndole al Gobierno asumir la deuda de la opción tarifaria (unos $2 billones) para los usuarios de estratos 1, 2 y 3.
La Contraloría, así mismo, envió un duro mensaje a los ministerios de Hacienda y Minas y Energía, así como la CREG y la Superservicios, indicándoles que, si no toman medidas urgentes, “la situación financiera de los prestadores puede generar una inminente cesación del servicio de energía”.
Según el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, aunque se han tomado medidas en la generación y comercialización de energía, la intervención es ahora necesaria. “La situación es insostenible”, y que “no ha sido posible” solucionar las altas tarifas de la energía en el Caribe con la normativa vigente.
“Hemos intentado hacer acuerdos con las empresas a través de la regulación, romper esa telaraña de normatividad que se ha creado durante 30 años para mantener unos intereses”, insistió.
El ministro subrayó que nunca antes se habían dado pasos tan cercanos a una respuesta estructural para transformar el mercado energético. “La forma monopólica que han ejercido en contra de la población, incluso en contra de otras empresas, no se puede permitir”, dijo. Y agregó que se harán intervenciones en la generación, comercialización “y en los demás segmentos de la cadena para garantizar que los derechos de todos los usuarios se alcancen y se garantice la justicia tarifaria”.
El porqué de la crisis eléctrica
Además de los problemas financieros en las empresas del sector, durante gran parte del año, el fenómeno de El Niño afectó significativamente el sistema eléctrico colombiano, llevando los embalses a niveles históricamente bajos, apenas por encima del 28% de su capacidad útil. Aunque los embalses se han recuperado parcialmente, su llenado se detuvo antes de alcanzar 60% y actualmente están en 53%, según datos de XM, operador del sistema eléctrico nacional.
La CREG ha publicado una resolución para comentarios que permitirá reducciones en las tarifas de energía eléctrica, permitiendo al Gobierno asumir la deuda de la opción tarifaria, estimada en unos $2 billones, para los usuarios de estratos 1, 2 y 3.
Una investigación del Grupo Bancolombia halló que en la primera mitad del año el costo de la energía en Colombia subió un 4,3 %. El motivo principal sería el fenómeno de El Niño y sus periodos de sequía, que exigieron de más a las hidroeléctricas, llevando a que el país tuviera que echar mano de las plantas térmicas a su máxima capacidad. El peso que ha adquirido la electricidad en el bolsillo de los colombianos ha sido especialmente fuerte en la costa Caribe.
El valor que pagan los usuarios en la factura de energía depende del costo del kilovatio hora (que se calcula a partir de los costos de generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones) del consumo y del estrato social.
De acuerdo con datos de la Superintendencia de Servicios Públicos, la factura promedio en diciembre de 2023 para un usuario de estrato 1 de Enel Colombia (que presta el servicio en Bogotá y Cundinamarca) fue de $106.085 y de EPM (Antioquia) de $85.275. En contraste, para uno de Afinia (Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre) fue de $215.490 y para Air-e (La Guajira, Atlántico y Magdalena), de $351.471.
Actualmente, aunque los embalses se han recuperado desde ese punto, su llenado se detuvo antes de legar a 60 % y han bajado a 53 %, según datos de XM, operador del sistema eléctrico nacional.
Cuando se analizan los datos en sus variaciones anuales y para el año corrido, la electricidad muestra crecimientos, de 15,16 % y 4,23 %, respectivamente, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor de agosto de 2024.
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Tras el anuncio de intervención a la empresa Air-e, que brinda el servicio de energía a unos cinco millones de habitantes en la costa Caribe, la Contraloría de la República alertó sobre la situación financiera de otras compañías del sector e instó al Gobierno a tomar medidas urgentes que eviten una “inminente cesación en la prestación del servicio de energía”.
El ente control reiteró su preocupación por la situación que se viene evidenciando entre los prestadores del servicio de energía eléctrica. La entidad indicó que distintas empresas han tenido dificultades para que se les gire lo correspondiente a la opción tarifaria por parte del Estado y demoras en el pago de facturas por parte de entidades públicas. Cabe destacar que, según lo indicó el equipo jurídico de Air-e esta semana, el sector público tiene una deuda de $1,8 billones con esta compañía que será intervenida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
“La situación es grave y no vemos medidas concretas, oportunas y efectivas”, indicó el entre control, que advirtió que lo ocurrido con Air-e puede repetirse en otras empresas como Afinia (que atiende a un número significativo de usuarios en la costa Atlántica) y perjudicar a Empresas Públicas de Medellín y las finanzas públicas de municipios y departamentos.
“La posible intervención de las compañías puede darse no solo en la región Caribe, sino a nivel nacional y comprende, además un riesgo para otros servicios como el de gas, que en el caso de la costa Caribe afectaría a más de 10 millones de habitantes, con el riesgo sistémico que esto comporta”, indicó la Contraloría a través de un comunicado.
Caso Air-e podría replicarse: Contraloría
La Contraloría enfatizó en que una intervención (como la que tendrá Air-e) significa usar recursos del presupuesto nacional. “Una nueva intervención a otra empresa le podría costar al Gobierno $4 billones al año, que corresponde al déficit de operación, por ejemplo, de las compañías Air-e y Afinia”. Estos dineros públicos, indicó el ente de control fiscal, tendrían que usarse para solventar los problemas de operación, para continuar con las inversiones y para mantener el servicio a los usuarios.
De acuerdo con la entidad, la situación es grave porque el país no cuenta con los recursos necesarios para atender más intervenciones. “Prueba de ello es el atraso en el giro de los subsidios (a prestadores) y el no cumplimiento (del Gobierno) al compromiso de asumir la deuda de los usuarios de energía eléctrica a través de la opción tarifaria”, indica un comunicado de la Contraloría publicado este jueves 12 de septiembre.
Cabe resaltar que, hace unos días, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó para comentarios la resolución que permitirá reducciones en las tarifas de energía eléctrica, permitiéndole al Gobierno asumir la deuda de la opción tarifaria (unos $2 billones) para los usuarios de estratos 1, 2 y 3.
La Contraloría, así mismo, envió un duro mensaje a los ministerios de Hacienda y Minas y Energía, así como la CREG y la Superservicios, indicándoles que, si no toman medidas urgentes, “la situación financiera de los prestadores puede generar una inminente cesación del servicio de energía”.
Según el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, aunque se han tomado medidas en la generación y comercialización de energía, la intervención es ahora necesaria. “La situación es insostenible”, y que “no ha sido posible” solucionar las altas tarifas de la energía en el Caribe con la normativa vigente.
“Hemos intentado hacer acuerdos con las empresas a través de la regulación, romper esa telaraña de normatividad que se ha creado durante 30 años para mantener unos intereses”, insistió.
El ministro subrayó que nunca antes se habían dado pasos tan cercanos a una respuesta estructural para transformar el mercado energético. “La forma monopólica que han ejercido en contra de la población, incluso en contra de otras empresas, no se puede permitir”, dijo. Y agregó que se harán intervenciones en la generación, comercialización “y en los demás segmentos de la cadena para garantizar que los derechos de todos los usuarios se alcancen y se garantice la justicia tarifaria”.
El porqué de la crisis eléctrica
Además de los problemas financieros en las empresas del sector, durante gran parte del año, el fenómeno de El Niño afectó significativamente el sistema eléctrico colombiano, llevando los embalses a niveles históricamente bajos, apenas por encima del 28% de su capacidad útil. Aunque los embalses se han recuperado parcialmente, su llenado se detuvo antes de alcanzar 60% y actualmente están en 53%, según datos de XM, operador del sistema eléctrico nacional.
La CREG ha publicado una resolución para comentarios que permitirá reducciones en las tarifas de energía eléctrica, permitiendo al Gobierno asumir la deuda de la opción tarifaria, estimada en unos $2 billones, para los usuarios de estratos 1, 2 y 3.
Una investigación del Grupo Bancolombia halló que en la primera mitad del año el costo de la energía en Colombia subió un 4,3 %. El motivo principal sería el fenómeno de El Niño y sus periodos de sequía, que exigieron de más a las hidroeléctricas, llevando a que el país tuviera que echar mano de las plantas térmicas a su máxima capacidad. El peso que ha adquirido la electricidad en el bolsillo de los colombianos ha sido especialmente fuerte en la costa Caribe.
El valor que pagan los usuarios en la factura de energía depende del costo del kilovatio hora (que se calcula a partir de los costos de generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones) del consumo y del estrato social.
De acuerdo con datos de la Superintendencia de Servicios Públicos, la factura promedio en diciembre de 2023 para un usuario de estrato 1 de Enel Colombia (que presta el servicio en Bogotá y Cundinamarca) fue de $106.085 y de EPM (Antioquia) de $85.275. En contraste, para uno de Afinia (Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre) fue de $215.490 y para Air-e (La Guajira, Atlántico y Magdalena), de $351.471.
Actualmente, aunque los embalses se han recuperado desde ese punto, su llenado se detuvo antes de legar a 60 % y han bajado a 53 %, según datos de XM, operador del sistema eléctrico nacional.
Cuando se analizan los datos en sus variaciones anuales y para el año corrido, la electricidad muestra crecimientos, de 15,16 % y 4,23 %, respectivamente, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor de agosto de 2024.
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