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El Gobierno deberá “redoblar esfuerzos” en materia fiscal y de ejecución del presupuesto tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República. Así lo expresó este viernes, 13 de diciembre, la Contraloría General que alertó sobre el estado de las finanzas públicas.
A través de un comunicado, el ente de control fiscal expresó su preocupación por los bajos niveles de recaudo tributario y la baja ejecución del presupuesto de 2024.
Recaudo tributario, lejos de la meta
Cifras provistas por la entidad indican que, a noviembre de 2024, el recaudo total neto alcanzó $369,74 billones, de los cuales $227,41 billones corresponden a impuestos. La Contraloría señaló que esto representa “solo el 72 % de la meta fijada en $315,86 billones para este año”.
Frente al mismo periodo de 2023, la entidad indicó que los ingresos tributarios presentaron una caída nominal del 9,3 %, como resultado de una reducción del 18 % en el impuesto de renta y una disminución de $2,29 billones en los impuestos externos.
Baja ejecución presupuestal
La ejecución del presupuesto 2024, con corte a noviembre, se ubica en el 71,1 %. De acuerdo con la Contraloría, se trata de la cifra más baja de los últimos cinco años. Aunque se han cumplido compromisos como el servicio de la deuda ($79,7 billones) y los gastos de funcionamiento ($233,67 billones), “solo se han ejecutado $44,83 billones en inversión, lo que representa menos de la mitad de los $100,06 billones asignados a este rubro clave”, indicó el ente de control fiscal.
De acuerdo con la entidad, esta baja ejecución podría llevar a que al cierre del año queden sin utilizarse hasta $96,87 billones en apropiaciones, lo que limita la capacidad de materializar los programas y proyectos previstos por el Gobierno. Adicional a lo anterior, la Contraloría llamó la atención por las reservas presupuestales no ejecutadas, que podrían alcanzar los $33,61 billones, reflejando la necesidad de optimizar el uso de los recursos públicos.
La Contraloría General hizo un llamado para que, al cierre de la vigencia 2024, el Gobierno Nacional ejecute el presupuesto “basado en la capacidad de las unidades ejecutoras para adquirir bienes y servicios, evitando un uso excesivo de mecanismos como los convenios interadministrativos, la generación de reservas presupuestales y las fiducias”.
Entre otras recomendaciones, la entidad aconseja fortalecer las estrategias de recaudo tributario para enfrentar las presiones de liquidez y reducir la dependencia de recursos de crédito.
El organismo destacó que, hasta la fecha, se han realizado órdenes de pago por $24 billones a través de fiducias y patrimonios autónomos, lo que requiere garantizar su alineación con los objetivos presupuestales y su impacto en la ciudadanía.
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