Contraloría imputó por responsabilidad fiscal a Bioenergy Zona Franca
Los retrasos en el inicio de operaciones de la planta de etanol “El Alcaraván”, en el Meta, de acuerdo con la entidad, afectaron el componente agrícola de este proyecto, porque no se pudo recibir la caña de azúcar contratada con Riopaila Castilla S.A. Los imputados por la entidad ejercían cargos directivos para el momento de los hecho.
La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por $31.261 millones contra ocho directivos, para el momento de los hechos, de Bionergy Zona Franca S.A.S., firma filial de Ecopetrol que se encuentra en trámite de liquidación.
El contralor delegado intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría imputó el pasado 13 de enero de 2021 de “culpa grave” a Aleck Remberto Santamaria de la Cruz, gerente general de Bioenergy Zona Franca, y a su junta directiva: Juan Carlos Roa Márquez, María Elena Vásquez Restrepo, Juan Felipe Munera Yepes, Alexander Cadena Motezuma, Henry Echeverri Campuzano, María Cristina Gloria Inés Cortes Arango y Claudia Castellanos Rodríguez, por la “pérdida de los recursos públicos al no hacer efectivas las cláusulas de fuerza mayor y caso fortuito, así como la de revisión por circunstancias imprevistas, pactadas en el contrato de suministro de caña de azúcar, acciones que debió tomar ante la demora en la entrada en funcionamiento de la planta industrial para el procesamiento de la caña”.
Vale la pena recordar que la responsabilidad fiscal se debe a un contrato con la empresa Riopaila Castilla S.A. el 10 de noviembre de 2010 para el suministro de 300.000 toneladas de caña al año, por el término de 22 años, “el cual iniciaría tres meses después de la puesta en marcha de la planta industrial para la producción de etanol ‘El Alcaraván’, situada en Puerto López (Meta)”.
Además, el 10 de junio de 2010 se realizó un contrato con la empresa española Isolux Ingeniería S.A., para la construcción de esta planta industrial, con un plazo de 22 meses, es decir, empezaría a funcionar entre abril y mayo de 2012.
El 8 de abril de 2014, Bioenergy terminó el contrato con Isolux y para continuar con la ejecución del proyecto suscribió el 18 de julio de ese mismo año un contrato con el Consorcio Menegua, con un plazo de 14 meses, que tampoco cumplió.
Finalmente, la planta industrial comenzó sus operaciones el 14 de julio de 2017, “lo que afectó el componente agrícola, porque no se pudo recibir la caña de azúcar contratada con Riopaila Castilla S.A.”, indicó la Contraloría mediante un comunicado.
La entidad explicó que la situación generó un “daño patrimonial al Estado por la pérdida de los recursos públicos entregados al proveedor”, por reconocimientos e indemnizaciones que se concedieron a través de la celebración de los otrosíes por “$24.223.527.390, y la disposición de 114,498 toneladas de caña al suelo, recibidas entre el 15 de agosto de 2016 y el 31 de enero de 2017, las cuales no fueron usadas en la producción de etanol, sino tiradas al suelo para utilizarlas como capa vegetal, y cuyo valor alcanzaba los $9.121.202.800,25″.
Además, los directivos de la empresa “suscribieron otrosíes que aumentaron el suministro de la caña de 300.000 a 500.000 toneladas”, lo que benefició al proveedor por un producto que no entregó o “no se utilizó para el fin contratado”, conociendo, la demora en la entrada en operación de la planta.
La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por $31.261 millones contra ocho directivos, para el momento de los hechos, de Bionergy Zona Franca S.A.S., firma filial de Ecopetrol que se encuentra en trámite de liquidación.
El contralor delegado intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría imputó el pasado 13 de enero de 2021 de “culpa grave” a Aleck Remberto Santamaria de la Cruz, gerente general de Bioenergy Zona Franca, y a su junta directiva: Juan Carlos Roa Márquez, María Elena Vásquez Restrepo, Juan Felipe Munera Yepes, Alexander Cadena Motezuma, Henry Echeverri Campuzano, María Cristina Gloria Inés Cortes Arango y Claudia Castellanos Rodríguez, por la “pérdida de los recursos públicos al no hacer efectivas las cláusulas de fuerza mayor y caso fortuito, así como la de revisión por circunstancias imprevistas, pactadas en el contrato de suministro de caña de azúcar, acciones que debió tomar ante la demora en la entrada en funcionamiento de la planta industrial para el procesamiento de la caña”.
Vale la pena recordar que la responsabilidad fiscal se debe a un contrato con la empresa Riopaila Castilla S.A. el 10 de noviembre de 2010 para el suministro de 300.000 toneladas de caña al año, por el término de 22 años, “el cual iniciaría tres meses después de la puesta en marcha de la planta industrial para la producción de etanol ‘El Alcaraván’, situada en Puerto López (Meta)”.
Además, el 10 de junio de 2010 se realizó un contrato con la empresa española Isolux Ingeniería S.A., para la construcción de esta planta industrial, con un plazo de 22 meses, es decir, empezaría a funcionar entre abril y mayo de 2012.
El 8 de abril de 2014, Bioenergy terminó el contrato con Isolux y para continuar con la ejecución del proyecto suscribió el 18 de julio de ese mismo año un contrato con el Consorcio Menegua, con un plazo de 14 meses, que tampoco cumplió.
Finalmente, la planta industrial comenzó sus operaciones el 14 de julio de 2017, “lo que afectó el componente agrícola, porque no se pudo recibir la caña de azúcar contratada con Riopaila Castilla S.A.”, indicó la Contraloría mediante un comunicado.
La entidad explicó que la situación generó un “daño patrimonial al Estado por la pérdida de los recursos públicos entregados al proveedor”, por reconocimientos e indemnizaciones que se concedieron a través de la celebración de los otrosíes por “$24.223.527.390, y la disposición de 114,498 toneladas de caña al suelo, recibidas entre el 15 de agosto de 2016 y el 31 de enero de 2017, las cuales no fueron usadas en la producción de etanol, sino tiradas al suelo para utilizarlas como capa vegetal, y cuyo valor alcanzaba los $9.121.202.800,25″.
Además, los directivos de la empresa “suscribieron otrosíes que aumentaron el suministro de la caña de 300.000 a 500.000 toneladas”, lo que benefició al proveedor por un producto que no entregó o “no se utilizó para el fin contratado”, conociendo, la demora en la entrada en operación de la planta.