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Un día después de que el Gobierno declaró la disolución de la sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. y asumió una deuda por $1,2 billones, el contralor general Carlos Felipe Córdoba aseguró que se encuentran analizando los pormenores de la decisión y no descarta oponerse a ella.
“Debemos evaluar si las acciones de la Superintendencia (de Transporte) van de acuerdo con resguardar el recurso público de los colombianos. Si esto es oneroso, tendremos que ir en contra”, aseguró Córdoba durante una rueda de prensa este martes.
La Superintendencia de Transporte explicó ayer que la decisión de disolver Ruta del Sol S.A.S., a cargo de los Solarte, Episol (propiedad de Corficolombiana) y Odebrecht, se fundamentó en su imposibilidad para continuar desarrollando su empresa social, además de una serie de presupuestos financieros, jurídicos y administrativos que reportan una situación crítica de la compañía.
El contrato con la concesionaria contemplaba la rehabilitación y expansión de la vía principal entre el interior del país y la Costa Caribe. Incluye actividades sobre 993 kilómetros de carretera existente y un nuevo tramo a ser construido de aproximadamente 78 kilómetros.
Córdoba aseguró que el tema está siendo evaluado por su dirección jurídica y de responsabilidad fiscal, e insistió en que necesitan conocer los sobrecostos de la obra para “actuar con contundencia”.
La multinacional brasileña Odebrecht, que pagó millonarios sobornos en varios países a cambio de contratos de infraestructura, tenía una participación de 65 % en la Concesionaria Ruta del Sol y continúa operando en Colombia.
En 2017 el Gobierno retomó el control del proyecto Ruta del Sol II, cuyos tramos faltantes fueron adjudicados a cinco consorcios diferentes en sepiembre de 2018. (Lea el contexto: Adjudican los cinco tramos faltantes de la Ruta del Sol II)