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El Comité Nacional del Paro convocó a una nueva movilización nacional pacífica en todo el país el próximo 26 de agosto. El paro responde, entre otras cosas, al proyecto de ley de reforma tributaria que presentó el Gobierno. Además, buscarán impulsar los 10 proyectos de ley que presentaron en el Congreso.
Fabio Arias, fiscal de la CUT Colombia y vocero del Comité de Paro anunció la fecha de las manifestaciones en su cuenta de Twitter. “Seminario de la CUT en Bucaramanga presencial y virtual para socializar los 10 proyectos de ley del CNP y el plan de acción para apoyarlos y rechazar la reforma tributaria del gobierno que congela salarios y nóminas en el estado. Próxima movilización nacional 26 de agosto”.
Seminario de @cutcolombia en Bucaramanga presencial y virtual para socializar los 10 proyectos de ley del CNP y el plan de acción para apoyarlos y rechazar la reforma tributaria del gobierno que congela salarios y nóminas en el estado. Próxima movilización nacional 26 de agosto. pic.twitter.com/2GfLx0e692
— Fabio Arias CUT (@fabioariascut) August 18, 2021
Francisco Maltés Tello, presidente de la CUT, confirmó este jueves la fecha de las protestas. “El 26 de agosto volveremos a las calles. El Comité Nacional del Paro convoca a movilizaciones pacíficas en las principales capitales del país para exigirle al Congreso que le dé trámite a los 10 proyectos de ley que radicamos el 27 de julio”.
De acuerdo con la CUT, en Bogotá la jornada de manifestaciones comenzará a las 9:00 a.m. en el Parque Nacional e irá hasta la Plaza de Bolívar.
Las protestas, según Maltés, responde a los 10 proyectos de ley sobre salud, gratuidad en la educación, renta básica, apoyo a la nómina de las mypimes y generación de empleo, producción nacional, programa de juventud, garantías al derecho a la protesta, reforma a la Policía, acción contra las violencias basadas en género y derogatoria del decreto 1174.
La jornada de manifestaciones también será en contra el proyecto de reforma tributaria que presentó el Gobierno y que, según Maltés, “congela los salarios de los servidores públicos por 10 años y le impone un impuesto a la renta a los microempresarios, no a la reforma del Estado que faculta al gobierno para realizar una masacre laboral, no a la privatización de las empresas del Estado”.