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“Pues yo vivo un poco de lo que pasa, ¿si me entiende? Yo me paro acá y la gente pasa y compra algo, mientras espera el bus. Allí de la obra también vienen por papas y cositas. Y si no hay nadie en la calle, ¿cómo le hacemos? Yo me voy para la casa por miedo, porque me toca. Pero pues miedo después uno guardado y sin saber qué va a pasar, ¿cómo vamos a comer? A uno lo pone a pensar, ¿si me entiende? Eso es como decía mi abuela: parados sobre gelatina”.
Wilson Arteaga es un vendedor ambulante que se ubica diariamente en las inmediaciones del Bulevar Niza, en el norte de Bogotá. Con algo de seguridad, su preocupación es la misma que comparten cientos de miles de trabajadores informales en Colombia, un país en el que este tipo de labores ronda el 50 %, según el DANE. Sus palabras, o las de su abuela, resuenan: estamos parados sobre gelatina.
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En este punto nadie parece tener una certeza absoluta acerca de cuáles serán las consecuencias de la pandemia por el Covid-19: el número de contagiados, de muertos, las decenas, cientos, miles, millones de trabajos que dejarán de existir. Es una conversación plagada de incertidumbre, por la cantidad de ceros al lado de cada número. La Organización Internacional del Trabajo habla de 25 millones de empleos que serán borrados.
Por debajo de la mirada macro, del impacto de los números, está la gente como Arteaga, el resto de quienes laboran en la informalidad y, en general, todos los trabajadores del país, cuya vida está siendo alterada drásticamente. Estas alteraciones continuarán en la medida en la que el virus nos expone a preguntas que no tienen respuesta inmediata y a retos a los que, probablemente, jamás nos habíamos enfrentado como país.
Esta es una radiografía de algunas de estas inquietudes y problemas, en medio de una pandemia que apunta a redefinir la experiencia humana.
Los cambios en el trabajo y los más vulnerables
A raíz de la emergencia por el coronavirus y su impacto en la economía y, por ende, en las empresas, muchos trabajadores se han enfrentado o temen a cambios en sus condiciones laborales. El miércoles, el Ministerio de Trabajo fue finalmente enfático al decir que “no permitirá” que los empleadores recurran a despidos masivos de forma indiscriminada, en referencia a que “habrá casos excepcionales muy puntuales, que hay que revisar”.A eso agregó que la pandemia no es una causa de “fuerza mayor” para hacer despidos. En cambio, recordó las alternativas que el Gobierno ha dado a los empleadores para poder enfrentar la crisis: desde la posibilidad de autorizar el trabajo en casa o adoptar jornadas flexibles, hasta adelantar vacaciones remuneradas, tanto individuales como colectivas. Además, resaltó que “la emergencia económica que se acaba de declarar lo que busca es ayudarle al empresario para que no tenga que despedir a ningún trabajador".
Sin embargo, como señaló Iván Daniel Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, hay que tener presente que las medidas que a través de circulares ha establecido el Ministerio de Trabajo aplican principalmente para quienes tienen una relación laboral con su empleador; es decir, apenas el 35 % de los trabajadores, según cálculos del Observatorio. Así, la emergencia sanitaria ha puesto a prueba las debilidades estructurales que tiene el país, como la informalidad laboral.
Muchos se han preguntado cómo será posible que, en caso de aislamiento obligatorio, los más pobres y vulnerables se queden en casa cuando eso implica no poder generar el ingreso diario para comer. En ese sentido, Cecilia López, exministra y actual presidenta del Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico (Cisoe), expresó a este diario su preocupación por la ausencia de estrategias que atiendan a la población vulnerable (denominada por otros como “clase media vulnerable”); es decir, quienes superaron la pobreza, pero que, al no estar consolidados en la clase, están en riesgo de recaer fácilmente en la pobreza.
“Al Gobierno se le está olvidando que tenemos un 39 % de población vulnerable, que no recibe transferencias condicionadas (Familias en Acción) o que si reciben es muy poco, porque están por encima de la línea de pobreza. No hay mecanismos para ellos, ni siquiera los mencionan”, señaló López luego de que se conociera que entre las medidas del Gobierno para apoyar a la población en medio de la crisis estará un aumento en las transferencias de Familias y Jóvenes en Acción.
Los dilemas del comercio
Germán Parada y Marisol Arévalo pierden entre $2 y $3 millones por cada noche en que los bares Disco Jaguar y La Negra, en Bogotá, dejan de funcionar. Pese a ello, hoy hacen parte de los miles de microempresarios que cerraron las puertas de sus establecimientos en todo el país para evitar el contagio del Covid-19. “Sabemos que esto no va a ser de pocos días, sino de meses. Estamos organizando nuestros ahorros, pero dependemos de llegar a un acuerdo con las personas que nos alquilan los locales”, cuenta Arévalo.Aunque ambos bares llevan varios años operando en la localidad de Chapinero, sus dueños estiman que no podrían sostenerse más de un mes sin funcionar, pues las cuentas y cargas tributarias que deben pagar son bastante altas. A ello se suma que ambos sitios son el lugar de trabajo de cerca de veinte personas que laboran por horas, muchas de las cuales no tienen otra fuente de ingreso. “Estamos en cuarentena porque sabemos que si la situación se pone más caótica no podremos seguir trabajando. Esperamos que con nuestros ahorros podamos cubrir los gastos básicos y ayudar a las personas que trabajan con nosotros”, afirma Arévalo.
Un dilema similar enfrenta Víctor Lanz, uno de los dueños del restaurante Sauvage. Su local, inaugurado en agosto pasado, recibe hasta 150 comensales en un buen día y en él trabajan quince personas. “Decidimos cerrar por el bien de los empleados, que todavía toman Transmilenio, viven con sus familias y responden por sus papás. Si ellos se contaminan por culpa de nosotros, no lo podríamos soportar”, cuenta Lanz.
El chef dice que hará lo posible por pagar a sus empleados durante la crisis, pero opina que debería haber un decreto que les permita tener más flexibilidad a la hora de pagar los arriendos durante este periodo, por ejemplo, mediante nuevos plazos. “Si puedo negociar el arriendo y ninguno de los socios recibimos salario, podríamos aguantar unos dos meses”, afirma. “Yo en la vida no tengo nada más que esto, entonces haría todo lo posible por aguantar”.
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Según Acopi, el gremio que reúne a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, los pequeños empresarios son los más susceptibles a perderlo todo ante el cese de actividades que acarrea esta pandemia. “Nuestro capital de trabajo es completamente distinto al de grandes empresas. Tenemos una estructura financiera basada en el día a día, no es fácil para nosotros proyectar temas a largo plazo, ni tenemos la misma capacidad de adquisición de materias primas”, explica Rosmery Quintero, presidenta de Acopi.
Para enfrentar esta situación, el Gobierno anunció esta semana la posibilidad de que personas y empresas con créditos suspendan el pago de dos cuotas (de dos meses), con la posibilidad de refinanciar sus préstamos sin afectar su historial crediticio. También dijo que se abrirá una línea de crédito para que las empresas puedan garantizar el pago de su nómina. Así mismo, algunas entidades financieras, instadas por la Superfinanciera, han flexibilizado sus condiciones para favorecer a empresarios y usuarios en esta coyuntura.
Pese a las ayudas, los efectos del virus también son un dolor de cabeza para las grandes empresas. Casalimpia, que brinda personal capacitado para realizar servicios de aseo y mantenimiento, reportó que algunos de sus clientes, incluyendo salas de cine, iglesias y universidades, ya les han cancelado 500 puestos de trabajo, pues prescinden de sus servicios en tiempos en que el Gobierno urge a los ciudadanos a quedarse en casa y evitar el contacto social. Camilo Giraldo, presidente de la compañía, asegura que esta cifra podría llegar a 7.000 puestos en un lapso de quince días, cifra preocupante para una firma que emplea a 17.000 personas en Colombia.
“Esto tiene un costo alto. Tenemos que pagar lo proporcional a prima, pensión y salud. Y una persona que gana el mínimo nos cuesta $214.000 aproximadamente”, afirma. Algunas de las medidas que han tomado incluyen adelantar las vacaciones de trabajadores que tengan días pendientes y suspender provisionalmente ciertos contratos, garantizando seguridad social.
Por su parte, los centros comerciales han recurrido a organizar el tráfico de visitantes en sus instalaciones y discutir medidas de flexibilización con las marcas que operan en sus locales. Así lo aseguró Acecolombia, que agrupa a más de 170 complejos comerciales en todo el país.
Yansen Estupiñán, gerente del centro comercial Gran San, en San Victorino, asegura que un 30 % de los locales dejaron de abrir todos los días o solo tienen media jornada. Además, dejarán de hacer el famoso madrugón durante quince días, inicialmente, para evitar la aglomeración de gente. Sin embargo, asegura que quienes más pierden son los trabajadores de a pie: “Detrás están personas que cargan bultos o venden aromáticas en el madrugón, los vendedores de insumos, los que confeccionan prendas; es una cadena grandísima que va a salir perjudicada”.
La construcción no teletrabaja
Uno de los sectores quizá más alérgicos al teletrabajo es el de vivienda, pues, como dice uno de los trabajadores de este renglón: “¿Cuénteme usted cómo va a teletrabajar un edificio?”.Esta pregunta simple desnuda una debilidad de esta actividad en medio de la emergencia desatada por la expansión del coronavirus. “Nuestra industria, a diferencia de la de otros países, es muy basada en mano de obra. La sensibilidad en esta contingencia es durísima”, opina Diego Velandia, director del Observatorio de Vivienda de la Universidad de los Andes.
Aparte de la concentración de mano de obra, la construcción también abre otro frente de preocupación en esta pandemia y es su alta correlación con el trabajo informal: alrededor de las obras se agolpan vendedores de tintos, jugos, frutas, pequeños negocios de almuerzos e incluso los vendedores de productos varios, como Arteaga, con quien abrimos esta historia.
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Velandia afirma que “la única medida que veo acá es un rescate. Las autoridades tendrán que entrar con paquetes importantes de recursos para darles sostenimiento a las personas del sector que pueden quedar paradas. La crisis que esto puede generar en la construcción es brutal. Y aquí hay que contemplar los empleos directos, los indirectos y muchos informales, que están al lado de las obras. Nadie ha mapeado esto, pero esto es un tema muy sensible”, afirma Velandia.
Y agrega: “Hacia adelante, creo que todo esto nos lleva a pensar cómo replanteamos el sector, pero también cómo entendemos la construcción de vivienda: estos bloques de edificios rodeados de más edificios residenciales en una emergencia como esta generan que cuando alguien se enferma tenga que desplazarse por kilómetros y eso es más posibilidad de contagio. Creo que nos lleva a pensar en nuestros modelos de ciudad y, bueno, de sociedad”.
La infraestructura no para
A pesar de la solicitud de varios contratistas de que se les permita suspender las obras sin que se vean afectados sus plazos de cumplimiento, el Gobierno rechazó la propuesta y ordenó que se mantengan las labores de mantenimiento y obra para garantizar la operación de los proyectos concesionados y pensando en no detener un sector clave para el desempeño de la economía como es el de la construcción de obras civiles.La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reportó que todas las concesiones aeroportuarias, portuarias, férreas y de proyectos carreteros vienen adoptando los protocolos de seguridad para prevenir la propagación y eventual contagio del Covid-19 (reforzar la higiene, reducir el contacto, evitar los viajes y autorizar el teletrabajo).
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El Instituto Nacional de Vías (Invías) también tomó medidas relacionadas con la continuidad en la ejecución de los proyectos y decidió que no se suspenderá ningún proceso de contratación ni de construcción, lo que significa que se mantienen las metas y cronogramas, al tiempo que prohibió las visitas a los proyectos, incluso las de interventoría.
Las aseguradoras
Dado que el coronavirus se considera un hecho de fuerza mayor, muchas personas y empresas cuentan con pólizas de salud o vida, tanto voluntarias como obligatorias, que cubren los gastos por esta enfermedad. Sin embargo, un sondeo inicial da cuenta de que hasta el momento no se ha hecho efectivo ningún seguro por esta razón. Por ahora la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) está verificando con las firmas presentes en el país cómo se está gestionando el riesgo y qué tanto se ha visto perjudicado el sector.Sura, una de las compañías más grandes del sector, aseguró que está revisando las pólizas de cumplimiento y las especificidades de cada contrato para tomar decisiones y determinar si hay o no daño material; también manifestó que viene acompañando a sus clientes desde diversos frentes a fin de mitigar los impactos derivados del Covid-19 sobre sus negocios.
* “Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus".