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La primera reunión de la Comisión Interinstitucional de lucha contra el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal, del actual gobierno, se reunió esta semana con el claro objetivo de desarticular organizaciones y medir su impacto en la disminución en las cifras de contrabando, lavado de activos y evasión.
José Andrés Romero Tarazona, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN9 y presidente de la Comisión, destacó los logros obtenidos en los cuatro meses del gobierno del Presidente Duque en cuanto a control de esta accionar de la delincuencia.
Romero recordó que en lo que va de la administración del presidente Duque se ha creado la Dirección Especializada Contra los Delitos Fiscales adscrito a la Delegada de Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación, dependencia especializada conformada por fiscales y Policía Judicial, con conocimientos técnicos en los delitos de contrabando y evasión fiscal.
Se acanza en el acercamiento con agencias de inteligencia de otros países para el intercambio de información e implementación de mejores prácticas.
Se han conseguido adelantos en la infraestructura y equipos del laboratorio de aduanas y se ha creado el Centro de Monitoreo.
Señaló que se plasmaron en un documento las iniciativas de esta comisión para los próximos cuatro años, estableciendo además la directriz de crear unas subcomisiones de trabajo permanente, que permitan tener una comisión más operativa y con acciones concretas en la lucha interinstitucional de lucha contra el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal
Un informe de la DIAN destacó los 13 integrantes que conforman la Comisión: DIAN, Policía Nacional, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fiscalía General de la Nación, UIAF, ICA, Aeronáutica Civil, DIMAR, INVIMA, Superintendencia de Puertos y Transporte, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Relaciones Exteriores y Superintendencia de Industria y Comercio. Estas entidades formularon iniciativas basadas en la prevención, control, investigación y judicialización, para ser desarrolladas durante estos cuatro años de gobierno,