Créditos a entes territoriales, entre los planes de Finagro para este 2017

Carlos Ramiro Chávarro, de origen huilense y quien se ha desempeñado como congresista y candidato a la Gobernación de su departamento por el Partido Conservador, lleva casi seis meses en la presidencia del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro). En entrevista con El Espectador aseguró que uno de sus principales retos es seguir direccionando recursos a los primeros eslabones de la producción y aumentar la cobertura en los pequeños productores, quienes en 2016 recibieron cerca de $2 billiones en créditos, de un total de $10,4 billones en desembolsos por parte de la entidad.

¿Cómo cerró el 2016 para Finagro?

Fue un año histórico porque el plan indicativo de crédito que se propuso la Comisión de Crédito en 2015 fue de $8 billones, y los resultados de colocación sobrepasaron 22 % el valor y 37 % las operaciones, para un total de $10,4 billones. Nunca antes Finagro había tenido ese crecimiento. En penetración a pequeños productores, el crecimiento fue de casi 20 %, frente a 17,3 % en 2015, y mientras el año anterior teníamos una relación 65-35 en cartera sustitutiva frente a redescuento, hemos logrado que estén a la par.

¿Cuál ha sido el rol de la banca privada?

En 2016 promovió el acceso al crédito. No puedo dejar de lado al Banco Agrario, que ha colocado el mayor número de operaciones en 2016, pero tampoco puedo dejar de resaltar la disposición en cuanto a valor de colocación de la banca privada. En 2017, el reto está atado a elementos que podrían justificar el crecimiento de 2016 que deben permanecer. El año pasado las altas tasas de interés favorecieron el redescuento, y como banca de desarrollo logramos que a través de nuestros títulos de desarrollo agropecuario se colocaran mayores recursos de financiamiento. En 2017, la idea es fomentar una articulación de esfuerzos con la banca privada para que se mantenga ese crecimiento de inversión y que se dirija a los primeros ciclos de producción.

¿Y en cuanto a aseguramiento?

El reto es muy grande. Hoy tenemos $5.000 millones apropiados para aseguramiento en 2017. El Ministerio de Agricultura tiene el compromiso de apropiar mayores recursos. En 2016 aseguramos 200.000 hectáreas, pero es un valor pequeño frente al reto del país. Hay que buscar que ese porcentaje crezca.

¿De cuánto es el presupuesto para la entidad este año?

No lo tenemos aforado aún porque la Comisión de Crédito es la que nos determinará, en cuanto a los incentivos, y en la junta del 31 de enero se aprobará el presupuesto para 2017.

¿Cómo fue el comportamiento en 2016, de cara a los pequeños productores?

En ICR (Incentivo a la Capitalización Rural) se destinaron en total $189.000 millones para 26.000 proyectos. De esas operaciones, 60 % fueron para pequeños productores, 28 % para medianos y 12 % para grandes.

Ha habido una preocupación en el sector y es la gran porción de recursos que se va para financiar actividades no agropecuarias.

Uno de los retos de 2017 es buscar que se haga mayor inversión en los primeros eslabones de la cadena. El crecimiento de 19,3 % en penetración de pequeños productores es una victoria, pero todavía hay retos. La idea es ver cómo logramos en la Comisión presentar algunas opciones, por ejemplo una línea de crédito para entes territoriales, que nos podrán ayudar mucho en la tarea de mejorar la competitividad del campo, porque los productores no mejoran las vías, y los departamentos o la Nación, que tienen mayores recursos, no invierten en vías terciarias, porque eso es competencia de los municipios. Se trataría de una línea para algunos puntos, como mejoramiento y mantenimiento de red de vías terciarias, maquinaria y equipos para fortalecer asociatividad, construcción de distritos de riego, centros de acopio, vivienda rural, entre otros.

¿Por qué meterse en actividades para las que fueron creadas entidades como la Financiera de Desarrollo Nacional?

Debemos velar por el fomento del financiamiento al sector rural y actuar en donde veamos un espacio sin cubrir en materia de financiamiento al sector. Es muy difícil que en Colombia haya adecuado mantenimiento de red de vías terciarias, y eso impacta el desarrollo y la competitividad. Afecta a todos los productores.

Su antecesor (Luis Enrique Dussán, hoy presidente del Banco Agrario), defendió en 2015 el fondo de capital de riesgo creado en la misma ley de Agro Ingreso Seguro (AIS). ¿En qué va eso?

Lo que hicieron (cuando desviaron recursos de AIS) fueron inversiones directas, por ejemplo en palma, y no hubo una estricta diligencia. Debió ser como es ahora: un ancla para que el privado se motive a invertir. Una entidad de buena reputación como Finagro, al estar metida en un proyecto, llama a que otras entren a invertir y crean que el proyecto es confiable. Nuestra inversión no es directa, no es del 100 %, sino hasta 25 %, y tenemos una muy estricta diligencia que la junta estableció. Hoy hay en curso un fondo con Seaf, que está terminando de gestionar un mejoramiento de la intermediación para traer a la junta directiva una inversión de $4.000 millones para varios proyectos. El mecanismo consiste en que un fondo trae a que analicemos su portafolio de inversiones, se lo entregamos a un comité que contrató Finagro, ellos evalúan y entregan un concepto que luego la junta autoriza. Después, la administración contrata, aparte del comité, a unos expertos que validen todo lo que ratificó el comité, la junta y la firma que se presenta en Finagro, y ese concepto se trae de nuevo a la junta. Es el camino más seguro y confiable que encontró la junta directiva.

Pero ¿tiene que ser un fondo de inversión o lo puede traer cualquier persona jurídica o natural?

Puede ser un proyecto agroindustrial en cabeza de una empresa, una firma, un fondo de inversión, y nosotros no designamos el gestor, sino que lo designa el fondo de inversión.

¿Qué tienen en mente en caso de que las zidres sean aprobadas en la Corte?

No tengo una posición oficial, prefiero esperar a que eso esté resuelto.

Volviendo a la financiación no agropecuaria, ¿es posible que recursos que ustedes entregan a los bancos terminen en manos como las de Odebrecht?

Nosotros no hacemos valoración del riesgo del cliente, ni relación directa con el usuario, no aprobamos ni desembolsamos créditos, ni pedimos garantías. Eso lo hace el banco de primer piso. Si tuviéramos algún tipo de relación directa con el crédito, dejaríamos de ser banca de segundo piso. Administramos a través de convenios, incentivos o subsidios que otorga el Gobierno, a través del Ministerio, el CIF, ICR, las líneas especiales de crédito y promovemos el financiamiento del sector a través de los títulos de desarrollo agropecuario. El banco de primer piso, por su parte, le aprueba un crédito a un pequeño productor, por ejemplo, para ordeño mecánico, y eso tiene ICR de 40 %. Si el crédito es por $10 millones, $4 millones se los paga el Gobierno a través de los recursos que administra Finagro y que son girados al banco para que los descuente de los $10 millones del crédito.

Carlos Ramiro Chávarro, de origen huilense y quien se ha desempeñado como congresista y candidato a la Gobernación de su departamento por el Partido Conservador, lleva casi seis meses en la presidencia del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro). En entrevista con El Espectador aseguró que uno de sus principales retos es seguir direccionando recursos a los primeros eslabones de la producción y aumentar la cobertura en los pequeños productores, quienes en 2016 recibieron cerca de $2 billiones en créditos, de un total de $10,4 billones en desembolsos por parte de la entidad.

¿Cómo cerró el 2016 para Finagro?

Fue un año histórico porque el plan indicativo de crédito que se propuso la Comisión de Crédito en 2015 fue de $8 billones, y los resultados de colocación sobrepasaron 22 % el valor y 37 % las operaciones, para un total de $10,4 billones. Nunca antes Finagro había tenido ese crecimiento. En penetración a pequeños productores, el crecimiento fue de casi 20 %, frente a 17,3 % en 2015, y mientras el año anterior teníamos una relación 65-35 en cartera sustitutiva frente a redescuento, hemos logrado que estén a la par.

¿Cuál ha sido el rol de la banca privada?

En 2016 promovió el acceso al crédito. No puedo dejar de lado al Banco Agrario, que ha colocado el mayor número de operaciones en 2016, pero tampoco puedo dejar de resaltar la disposición en cuanto a valor de colocación de la banca privada. En 2017, el reto está atado a elementos que podrían justificar el crecimiento de 2016 que deben permanecer. El año pasado las altas tasas de interés favorecieron el redescuento, y como banca de desarrollo logramos que a través de nuestros títulos de desarrollo agropecuario se colocaran mayores recursos de financiamiento. En 2017, la idea es fomentar una articulación de esfuerzos con la banca privada para que se mantenga ese crecimiento de inversión y que se dirija a los primeros ciclos de producción.

¿Y en cuanto a aseguramiento?

El reto es muy grande. Hoy tenemos $5.000 millones apropiados para aseguramiento en 2017. El Ministerio de Agricultura tiene el compromiso de apropiar mayores recursos. En 2016 aseguramos 200.000 hectáreas, pero es un valor pequeño frente al reto del país. Hay que buscar que ese porcentaje crezca.

¿De cuánto es el presupuesto para la entidad este año?

No lo tenemos aforado aún porque la Comisión de Crédito es la que nos determinará, en cuanto a los incentivos, y en la junta del 31 de enero se aprobará el presupuesto para 2017.

¿Cómo fue el comportamiento en 2016, de cara a los pequeños productores?

En ICR (Incentivo a la Capitalización Rural) se destinaron en total $189.000 millones para 26.000 proyectos. De esas operaciones, 60 % fueron para pequeños productores, 28 % para medianos y 12 % para grandes.

Ha habido una preocupación en el sector y es la gran porción de recursos que se va para financiar actividades no agropecuarias.

Uno de los retos de 2017 es buscar que se haga mayor inversión en los primeros eslabones de la cadena. El crecimiento de 19,3 % en penetración de pequeños productores es una victoria, pero todavía hay retos. La idea es ver cómo logramos en la Comisión presentar algunas opciones, por ejemplo una línea de crédito para entes territoriales, que nos podrán ayudar mucho en la tarea de mejorar la competitividad del campo, porque los productores no mejoran las vías, y los departamentos o la Nación, que tienen mayores recursos, no invierten en vías terciarias, porque eso es competencia de los municipios. Se trataría de una línea para algunos puntos, como mejoramiento y mantenimiento de red de vías terciarias, maquinaria y equipos para fortalecer asociatividad, construcción de distritos de riego, centros de acopio, vivienda rural, entre otros.

¿Por qué meterse en actividades para las que fueron creadas entidades como la Financiera de Desarrollo Nacional?

Debemos velar por el fomento del financiamiento al sector rural y actuar en donde veamos un espacio sin cubrir en materia de financiamiento al sector. Es muy difícil que en Colombia haya adecuado mantenimiento de red de vías terciarias, y eso impacta el desarrollo y la competitividad. Afecta a todos los productores.

Su antecesor (Luis Enrique Dussán, hoy presidente del Banco Agrario), defendió en 2015 el fondo de capital de riesgo creado en la misma ley de Agro Ingreso Seguro (AIS). ¿En qué va eso?

Lo que hicieron (cuando desviaron recursos de AIS) fueron inversiones directas, por ejemplo en palma, y no hubo una estricta diligencia. Debió ser como es ahora: un ancla para que el privado se motive a invertir. Una entidad de buena reputación como Finagro, al estar metida en un proyecto, llama a que otras entren a invertir y crean que el proyecto es confiable. Nuestra inversión no es directa, no es del 100 %, sino hasta 25 %, y tenemos una muy estricta diligencia que la junta estableció. Hoy hay en curso un fondo con Seaf, que está terminando de gestionar un mejoramiento de la intermediación para traer a la junta directiva una inversión de $4.000 millones para varios proyectos. El mecanismo consiste en que un fondo trae a que analicemos su portafolio de inversiones, se lo entregamos a un comité que contrató Finagro, ellos evalúan y entregan un concepto que luego la junta autoriza. Después, la administración contrata, aparte del comité, a unos expertos que validen todo lo que ratificó el comité, la junta y la firma que se presenta en Finagro, y ese concepto se trae de nuevo a la junta. Es el camino más seguro y confiable que encontró la junta directiva.

Pero ¿tiene que ser un fondo de inversión o lo puede traer cualquier persona jurídica o natural?

Puede ser un proyecto agroindustrial en cabeza de una empresa, una firma, un fondo de inversión, y nosotros no designamos el gestor, sino que lo designa el fondo de inversión.

¿Qué tienen en mente en caso de que las zidres sean aprobadas en la Corte?

No tengo una posición oficial, prefiero esperar a que eso esté resuelto.

Volviendo a la financiación no agropecuaria, ¿es posible que recursos que ustedes entregan a los bancos terminen en manos como las de Odebrecht?

Nosotros no hacemos valoración del riesgo del cliente, ni relación directa con el usuario, no aprobamos ni desembolsamos créditos, ni pedimos garantías. Eso lo hace el banco de primer piso. Si tuviéramos algún tipo de relación directa con el crédito, dejaríamos de ser banca de segundo piso. Administramos a través de convenios, incentivos o subsidios que otorga el Gobierno, a través del Ministerio, el CIF, ICR, las líneas especiales de crédito y promovemos el financiamiento del sector a través de los títulos de desarrollo agropecuario. El banco de primer piso, por su parte, le aprueba un crédito a un pequeño productor, por ejemplo, para ordeño mecánico, y eso tiene ICR de 40 %. Si el crédito es por $10 millones, $4 millones se los paga el Gobierno a través de los recursos que administra Finagro y que son girados al banco para que los descuente de los $10 millones del crédito.