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El panorama energético de Colombia se encuentra bajo alerta. Así lo detalló una investigación del centro de investigación económica de Corficolombiana. Durante 2024, las alarmas se han encendido frente a posibles escenarios de racionamiento de energía eléctrica y el uso inminente de gas natural importado para cubrir la creciente demanda no térmica del país.
Estos desafíos, según proyecciones oficiales, podrían impactar tanto el costo de vida como el desempeño económico de sectores clave en los próximos años.
Pero vamos por partes: las reservas probadas de gas natural han caído de manera constante durante la última década. Según el Ministerio de Minas y Energía, la relación reservas/producción disminuyó de 13,9 años en 2011 a solo 6,1 años en 2023.
Este declive, combinado con la negativa del gobierno a firmar nuevos contratos de exploración, ha limitado el potencial de descubrimientos adicionales de gas en el país.
En septiembre de 2024, la producción de gas cumplió 11 meses consecutivos de caídas anuales, con una reducción promedio de 7,5 % mensual. Mientras tanto, la demanda total proyectada por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) crecerá a una tasa anual promedio de 2,4 % hasta 2029.
A partir de noviembre de 2024, esta disparidad entre oferta y demanda afectará principalmente a la generación de energía térmica, aunque el impacto podría extenderse a otros sectores si no se toman medidas urgentes.
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La apuesta por el gas importado
Desde 2016, Colombia cuenta con la planta regasificadora SPEC, ubicada en Cartagena, con capacidad para convertir gas natural licuado en 450 millones de pies cúbicos diarios, equivalente a 30 % de la producción nacional en 2024. Este mecanismo ha sido clave para respaldar la generación térmica en periodos críticos, como el actual fenómeno de El Niño.
Sin embargo, los analistas de Corficolombiana subrayan que importar gas tiene costos más altos. El precio del gas importado es entre 65 % y 132 % por encima que el producido localmente, lo que impactaría las tarifas para los hogares y sectores industriales. Por cada 10 % de participación del gas importado en el suministro esencial, las tarifas aumentarían 4,2 %, lo que añadiría 0,04 % a la inflación.
Además, aún no existe la regulación necesaria para permitir la comercialización de gas importado en sectores no térmicos, lo que limita su uso para suplir la demanda esencial.
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¿Habría un apagón en el horizonte?
El sector eléctrico enfrenta una situación igualmente crítica, señaló el grupo de analistas. La dependencia de fuentes hidroeléctricas, vulnerables a fenómenos climáticos extremos, y los retrasos en proyectos de generación y transmisión han reducido la capacidad del sistema para garantizar la cobertura de la demanda en escenarios de baja hidrología.
La UPME proyecta que, a partir de julio de 2025, la demanda eléctrica superará la Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad (ENFICC), que mide la capacidad del sistema para suplir demanda incluso en condiciones adversas. Esto no implica necesariamente apagones inmediatos, pero sí un alto riesgo de racionamientos programados.
Los efectos económicos de un apagón serían significativos. Durante el racionamiento de 1992, el crecimiento del PIB fue 1 punto porcentual menor al esperado, con un costo estimado de $5.200 millones por cada hora de racionamiento en pesos de 2024.
“Cabe resaltar que este costo representa una cota inferior de lo que podría representar un racionamiento similar en los próximos años, dado el mayor uso y dependencia de la energía eléctrica en la actividad productiva”, apunta el informe.
La entidad aclaró que la necesidad de un racionamiento de este tipo sería “baja, incluso bajo un escenario de generación de energía eléctrica limitada”, sea por factores climáticos, técnicos u operativos o de gestión inadecuada.
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¿Cuáles son las soluciones?
Ante este panorama, el gobierno y el sector energético deben implementar medidas inmediatas para evitar una crisis. Entre las acciones prioritarias se encuentran:
- Reactivación de contratos de exploración de gas para garantizar el descubrimiento de nuevas reservas.
- Regulación del mercado de gas importado para atender la demanda esencial e industrial.
- Agilización de licencias y consultas previas en proyectos de transmisión de energía.
- Ampliación de la capacidad térmica como respaldo frente a escenarios de baja hidrología.
- Prioridad al proyecto Sirius, programado para iniciar producción en 2029, clave para fortalecer la oferta de gas nacional.
El país enfrenta un desafío crucial para garantizar su seguridad energética en el mediano plazo. La combinación de caídas en la producción de gas, precios altos de importación y vulnerabilidades en el sector eléctrico obliga a un replanteamiento estratégico que asegure tanto el acceso como la asequibilidad de la energía para todos los colombianos.
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