Cuatro estrategias para la agenda rural: un Estado para producir y conservar

La agenda rural para los próximos años exige reinventar el Estado rural. El costo de desmontar la institucionalidad de desarrollo rural en los 90, al tiempo que nos especializábamos como Estado antisubversivo, nos impidió tener un Estado rural capaz institucionalmente, claro en materia de tierras, articulado con los territorios abandonados y dinámico en sus vínculos urbano-rurales.

A nivel institucional urge un subgabinete ministerial rural de carácter permanente liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), donde tengan asiento permanente las carteras de Salud, Vivienda, Educación y Vías. Este subgabinete sirve para dar estructura de mando a la Presidencia sobre la oferta sectorial. Los grandes asuntos rurales se pensarían de manera regular, se invitaría a otros ministerios cuando se trate de materias concretas de su competencia, y la Unidad de Ejecución de Presidencia, junto a la Agencia de Renovación del Territorio (ART), podría hacer seguimiento directo con el respaldo mensual del presidente. Frente al virus de la zonificación del país para forzar la coordinación “en terreno”, tendríamos un primer paso hacia un modelo de gobierno a largo plazo para construir Estado rural. Adicionalmente, enfrentaríamos una verdad fundamental: el desarrollo rural no es únicamente responsabilidad del MADR.

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En materia de tierras urge tanto la producción de normas con alcance territorial específico como la integración de las agendas en materia de acceso a tierras y lucha contra la deforestación. No podemos legislar del mismo modo para Boyacá y Nariño, en donde predomina el minifundio informal sobre tierras privadas y donde se necesitan normas de procedimiento ágiles y más presencia territorial de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que para Guaviare y Vichada, en donde predomina la mediana y gran propiedad informal sobre baldíos. En estas últimas se puede aprovechar la convergencia de la implementación del proceso de paz y la urgencia de luchar contra la deforestación como propósitos constitucionales para promover mecanismos más flexibles y progresivos de acceso a las tierras baldías, que protejan a los campesinos al tiempo que reconocen el abandono histórico del Estado. Allí se deben condicionar las adjudicaciones, tanto a topes de extensión con pago progresivo como al cuidado del bosque en porcentajes específicos. Además, por áreas adicionales de conservación se puede pagar con bienes territoriales mediante esquemas colectivos de servicios ecosistémicos usando los fondos de cooperación para la lucha contra el cambio climático. Impulsar una agenda de tierras tan ambiciosa exige un diálogo sincero entre quienes defienden los intereses de los campesinos, las comunidades étnicas, los agroindustriales y la gran propiedad, con la decidida participación de los gobiernos territoriales.

Las excelentes noticias sobre la aprobación de recursos de vigencias futuras de regalías para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) deben concretarse ahora con un proceso fuerte de coordinación y apoyo técnico entre la oficina para la estabilización, la ART, los ministerios y los gobiernos territoriales (sería una primera agenda para el subgabinete rural). La liberación de estos recursos debería coincidir con la publicación de las hojas de ruta que lidera la oficina para la estabilización y con los planes de desarrollo de los alcaldes PDET que incorporen los acuerdos de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) de las comunidades. El liderazgo departamental debe convocar los esfuerzos de mandatarios locales vecinos para hacer realidad los acuerdos de nivel regional. Finalmente, si la ART desarrolla los instrumentos para esta coordinación y la Presidencia les hace seguimiento mensualmente, podremos empezar seriamente a cerrar brechas históricas producto del conflicto más largo del hemisferio.

La política de sustitución se debe reinventar de la mano con las comunidades como punto de partida, y de llegada. Desde el Gobierno anterior se falló en la implementación cuando se abandonó la perspectiva de respuesta rápida, enfoque participativo y bienes territoriales, y se asumió la más fácil de acuerdos individuales con transferencia de dinero. Ahora la solución debe incluir la posibilidad de sustituir coca por marihuana medicinal, volver al enfoque de bienes públicos territoriales y articular la oferta estatal para que la presencia del Estado supere la lógica de los proyectos y se vuelva estable y confiable. En zonas PDET, el programa de sustitución debe integrarse a la estrategia de desarrollo participativo y seguridad ciudadana.

Los nuevos mandatarios en ciudades capitales deben enfrentar su rol crucial en la nueva apuesta por un Estado rural. Hoy más que nunca es verdad que el futuro de la ruralidad se juega en las ciudades. No solamente por la urgencia de tecnificar el campo y hacer alianzas urbano-rurales en materia de cadenas de comercialización para proteger la agricultura familiar, sino también por el potencial de contribución que tienen los jóvenes en las ciudades para promover políticas contra el cambio climático, vincularse en prácticas universitarias con el agro y hacer empresa rural. Las alcaldías pueden hacer suya la política de reconectar el campo con la ciudad para facilitar el cambio de mentalidad que todos necesitamos para mantener la vida humana en el planeta.

En nuestra ruralidad hoy convergen nuestras más temibles amenazas y nuestras mayores ilusiones. Sin la defensa de la vida como condición para avanzar fallaremos siempre en nuestros propósitos. Como miembros de grupos políticos podemos divergir, como compatriotas debemos exigirnos al máximo para construir acuerdos nacionales que nos permitan avanzar conservando.

* Escuela de Gobierno, Universidad de los Andes.

La agenda rural para los próximos años exige reinventar el Estado rural. El costo de desmontar la institucionalidad de desarrollo rural en los 90, al tiempo que nos especializábamos como Estado antisubversivo, nos impidió tener un Estado rural capaz institucionalmente, claro en materia de tierras, articulado con los territorios abandonados y dinámico en sus vínculos urbano-rurales.

A nivel institucional urge un subgabinete ministerial rural de carácter permanente liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), donde tengan asiento permanente las carteras de Salud, Vivienda, Educación y Vías. Este subgabinete sirve para dar estructura de mando a la Presidencia sobre la oferta sectorial. Los grandes asuntos rurales se pensarían de manera regular, se invitaría a otros ministerios cuando se trate de materias concretas de su competencia, y la Unidad de Ejecución de Presidencia, junto a la Agencia de Renovación del Territorio (ART), podría hacer seguimiento directo con el respaldo mensual del presidente. Frente al virus de la zonificación del país para forzar la coordinación “en terreno”, tendríamos un primer paso hacia un modelo de gobierno a largo plazo para construir Estado rural. Adicionalmente, enfrentaríamos una verdad fundamental: el desarrollo rural no es únicamente responsabilidad del MADR.

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En materia de tierras urge tanto la producción de normas con alcance territorial específico como la integración de las agendas en materia de acceso a tierras y lucha contra la deforestación. No podemos legislar del mismo modo para Boyacá y Nariño, en donde predomina el minifundio informal sobre tierras privadas y donde se necesitan normas de procedimiento ágiles y más presencia territorial de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que para Guaviare y Vichada, en donde predomina la mediana y gran propiedad informal sobre baldíos. En estas últimas se puede aprovechar la convergencia de la implementación del proceso de paz y la urgencia de luchar contra la deforestación como propósitos constitucionales para promover mecanismos más flexibles y progresivos de acceso a las tierras baldías, que protejan a los campesinos al tiempo que reconocen el abandono histórico del Estado. Allí se deben condicionar las adjudicaciones, tanto a topes de extensión con pago progresivo como al cuidado del bosque en porcentajes específicos. Además, por áreas adicionales de conservación se puede pagar con bienes territoriales mediante esquemas colectivos de servicios ecosistémicos usando los fondos de cooperación para la lucha contra el cambio climático. Impulsar una agenda de tierras tan ambiciosa exige un diálogo sincero entre quienes defienden los intereses de los campesinos, las comunidades étnicas, los agroindustriales y la gran propiedad, con la decidida participación de los gobiernos territoriales.

Las excelentes noticias sobre la aprobación de recursos de vigencias futuras de regalías para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) deben concretarse ahora con un proceso fuerte de coordinación y apoyo técnico entre la oficina para la estabilización, la ART, los ministerios y los gobiernos territoriales (sería una primera agenda para el subgabinete rural). La liberación de estos recursos debería coincidir con la publicación de las hojas de ruta que lidera la oficina para la estabilización y con los planes de desarrollo de los alcaldes PDET que incorporen los acuerdos de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) de las comunidades. El liderazgo departamental debe convocar los esfuerzos de mandatarios locales vecinos para hacer realidad los acuerdos de nivel regional. Finalmente, si la ART desarrolla los instrumentos para esta coordinación y la Presidencia les hace seguimiento mensualmente, podremos empezar seriamente a cerrar brechas históricas producto del conflicto más largo del hemisferio.

La política de sustitución se debe reinventar de la mano con las comunidades como punto de partida, y de llegada. Desde el Gobierno anterior se falló en la implementación cuando se abandonó la perspectiva de respuesta rápida, enfoque participativo y bienes territoriales, y se asumió la más fácil de acuerdos individuales con transferencia de dinero. Ahora la solución debe incluir la posibilidad de sustituir coca por marihuana medicinal, volver al enfoque de bienes públicos territoriales y articular la oferta estatal para que la presencia del Estado supere la lógica de los proyectos y se vuelva estable y confiable. En zonas PDET, el programa de sustitución debe integrarse a la estrategia de desarrollo participativo y seguridad ciudadana.

Los nuevos mandatarios en ciudades capitales deben enfrentar su rol crucial en la nueva apuesta por un Estado rural. Hoy más que nunca es verdad que el futuro de la ruralidad se juega en las ciudades. No solamente por la urgencia de tecnificar el campo y hacer alianzas urbano-rurales en materia de cadenas de comercialización para proteger la agricultura familiar, sino también por el potencial de contribución que tienen los jóvenes en las ciudades para promover políticas contra el cambio climático, vincularse en prácticas universitarias con el agro y hacer empresa rural. Las alcaldías pueden hacer suya la política de reconectar el campo con la ciudad para facilitar el cambio de mentalidad que todos necesitamos para mantener la vida humana en el planeta.

En nuestra ruralidad hoy convergen nuestras más temibles amenazas y nuestras mayores ilusiones. Sin la defensa de la vida como condición para avanzar fallaremos siempre en nuestros propósitos. Como miembros de grupos políticos podemos divergir, como compatriotas debemos exigirnos al máximo para construir acuerdos nacionales que nos permitan avanzar conservando.

* Escuela de Gobierno, Universidad de los Andes.